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Una democracia reconoce al gobierno elegido la facultad de desarrollar el programa respaldado por las urnas. Gustavo Petro tenía derecho a proponer una transformación profunda del sistema de salud. Lo que resulta difícil de aceptar es que esa legitimidad electoral pudiera convertirse en autorización para persistir en este enfoque cuando sus riesgos habían sido suficientemente advertidos.
Allí está la diferencia entre gobernar y empecinarse. Buena parte de su administración, el Gobierno sostuvo que las EPS eran responsables de los problemas del sistema y defendió un modelo que reducía su papel. Esa posición podía discutirse. Lo cuestionable aparece cuando, mientras se intentaba transformar el modelo, comenzaron a acumularse advertencias sobre deficiencias en financiación, flujo de recursos, medicamentos y capacidad de garantizar los servicios.
No fueron solo advertencias de gremios, opositores o actores interesados. Intervino la Corte Constitucional. En el Auto 875 de 2024 señaló que el Ministerio demostró suficiencia de la UPC y advirtió que destinar recursos de esta prima a financiar equipos básicos de salud afectaba la capacidad financiera de las EPS y ponía en riesgo el derecho a la salud. Ordenó inaplicar disposiciones que destinaban esos recursos a equipos básicos, que, no obstante, utilizó en esta estrategia más de $8 billones. En enero de 2025, mediante el Auto 007, la Corte declaró un incumplimiento en el componente de suficiencia de la UPC y ordenó medidas para corregirlo. El Ministerio respondió solicitando aclaraciones y cuestionando la competencia de este ente. La situación llegó lejos. En diciembre de 2025, la Corte abrió incidente de desacato contra el ministro de Salud por incumplimiento de órdenes relacionadas con suficiencia de la UPC advirtiendo traslados a Procuraduría y Fiscalía.
Ante semejante secuencia resulta insuficiente explicar todo apelando al derecho del Gobierno a ejecutar sus políticas. Una cosa es equivocarse frente a un problema complejo y otra muy distinta persistir cuando los riesgos han sido advertidos, materializados y existen decisiones judiciales que ordenan correctivos. Cuando una política pública afecta una carretera, una obra puede retrasarse. Cuando compromete la financiación sanitaria, detrás pueden estar pacientes cuya vida depende de atención oportuna. Establecer que una muerte fue consecuencia jurídicamente imputable a una decisión del alto gobierno exige probar causalidad, culpabilidad y elementos de responsabilidad. Tampoco resultaría razonable que cualquier investigación sobre muertes asociadas a falta de atención, termine en funcionarios operativos sin examinar decisiones estructurales que pudieron contribuir a producir esas circunstancias.
Algo similar ocurre con la prioridad concedida a equipos territoriales de prevención. Fortalecer la atención primaria puede ser excelente política. Pero una política correcta aplicada en el momento equivocado puede producir resultados incorrectos. Si existen pacientes que necesitan medicamentos y tratamientos hoy, no puede sacrificarse su atención para financiar intervenciones cuyos beneficios eventualmente aparecerán mañana. Los gobiernos tienen derecho a equivocarse, rectificar y aprender. Lo que no deberían tener es licencia para desconocer advertencias técnicas, persistir en decisiones cuestionadas y menos incumplir órdenes judiciales destinadas a proteger derechos fundamentales. La legitimidad que entregan las urnas concede el derecho a gobernar, no el derecho a perseverar en el error cuando las consecuencias recaen sobre la vida de los ciudadanos.
