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Asistimos a un indispensable choque de realidad fiscal. La radicación del Presupuesto 2027 por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, no es un trámite rutinario; es el acta de defunción de espejismos populistas que pretendieron que la riqueza estatal se crea por decreto y que el gasto carece de límites. El desborde burocrático, la asfixia al aparato productivo y la corrupción terminan cobrando factura.
La cuenta que hoy presenta el Ministro muestra un panorama dantesco. El diagnóstico oficial es una vergüenza macroeconómica. El déficit fiscal heredado es insostenible. Para 2026, el déficit primario esperado se elevó del 2,1% al 3,3% del PIB. Peor aún, el deterioro para 2027 salta a un pavoroso 4,5% del PIB. Como señala Luis Fernando Mejía, el primer paso ante una tragedia es reconocer la realidad: un Estado que gasta más de lo que recibe y duplicó su desbalance estructural sin soporte real de ingresos.
Ante el abismo, la propuesta de fijar un monto de 634,9 billones de pesos para 2027 debe mirarse con lupa. El monto nominal se eleva en casi 60 billones respecto al inviable borrador de presupuesto heredado, porque la administración saliente maquilló las cuentas y escondió la basura bajo la alfombra. No es derroche nuevo, son obligaciones subpresupuestadas ocultas. Si fueron deliberadamente escondidas, debería darse paso a denuncias penales.
El Ministro optó por un “presupuesto de la verdad”, revelando los pasivos que pretendían ignorarse: un faltante de 8 billones para pensiones, 4 billones para salud, 5,8 billones para subsidios eléctricos, 3,6 billones para contribuciones de nómina, elecciones regionales y el hueco de 9,6 billones del FEPC. La desidia llegó al punto de reportar falsamente 99.001 cargos públicos cuando la nómina real asciende a 107.927.
Sincerar la contabilidad no disminuye la gravedad de la cifra ni las alarmas de financiación. Pasar a 634,9 billones implica un aumento sustancial y asfixiante de deuda. La propuesta contempla 238,6 billones en deuda (150,9 interna y 87,7 externa), muy por encima de los 125,6 billones originales. El servicio de la deuda para 2027 morderá la cifra de 155,4 billones de pesos, un crecimiento del 54,7% frente a 2026. Esta prioridad financiera sacrifica el motor productivo, reduciendo la inversión a escasos 86,9 billones de pesos. Menos obras y desarrollo para pagar los platos rotos del clientelismo y la corrupción del régimen anterior.
Aquí cobra vigencia la austeridad radical: la salvación pasa por una amputación agresiva del gasto estatal no productivo. Celebramos que Hacienda anuncie un recorte de 21,9 billones mediante una Ley de Ajuste Fiscal y descarte otra reforma tributaria. Arrebatar más dinero a los contribuyentes daría un tiro de gracia al maltrecho tejido empresarial.
Ante la pérdida de grado en las calificadoras internacionales, el camino apunta a buscar un paquete con organismos multilaterales (Banco Mundial, BID, CAF y FMI) mediante garantías parciales para movilizar créditos sindicados favorables. El Congreso tiene la responsabilidad histórica de no claudicar ante las presiones del gasto expansivo. La devolución del proyecto inicial fue un acto de dignidad técnica; ahora corresponde vigilar que el nuevo articulado actúe como un torniquete contra el desangre. El país no resiste más experimentos. La austeridad, la seguridad jurídica, el achicamiento de un Estado hipertrofiado y la lucha contra la corrupción son las únicas herramientas para rescatar a Colombia de una bomba fiscal inminente. El ministro Gómez dio el primer paso al revelar la tragedia; a la sociedad le corresponde exigir que la reconstrucción económica se haga recortando la grasa del Estado y jamás asfixiando el bolsillo de quienes producen.
