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Los analistas han calificado los estados de excepción que consagra la constitución política, como una especie de dictadura constitucional. En efecto, en el sistema orgánico que planteó la constitución de 1886, el estado se identificó funcionalmente a partir de dos conceptos: La división del poder y la posibilidad de que a partir de esa separación de poderes, se desarrolle un esquema de pesos y contrapesos, pues cada poder debe actuar como un factor de control, para evitar el ejercicio abusivo de los demás poderes.
Esa valiosa ecuación constitucional, se quiebra con la institución de los estados de excepción, pues a través de estos se desarrolla una marcada tendencia a concentrar el ejercicio de los distintos poderes, en la persona del presidente de la república, quien por esta circunstancia asume una indiscutible superioridad. Esta posibilidad es aún más contundente, cuando se está en un sistema presidencialista, pues el presidente, además de ser titular de la triple jefatura del estado, del gobierno y de la administración, asume facultades especiales para ejercer funciones que normalmente corresponden a otros órganos, especialmente el congreso.
Además de los peligros naturales que representa la institución de los estados de excepción, existe el riesgo adicional de que el presidente de la república quiera utilizarla para adoptar, a su capricho, medidas que, en tiempos de no excepción, deben ser tomadas por otros órganos, fundamentalmente por el legislativo.
La tradición colombiana, de considerar que la solución a los problemas depende de las decisiones del presidente, hizo que bajo la vigencia de la anterior constitución, tuviésemos aproximadamente 40 años en estado de excepción, es decir, lo excepcional se volvió crónico. Siguiendo esta peligrosa costumbre, el presidente Gustavo Petro quiere utilizar las facultades propias del estado de emergencia económica, para adoptar una serie de medidas relacionadas con proyectos de reforma, que, por problemas políticos, no han contado con buen norte en el congreso de la república. Con cierta habilidad política, aprovechando un estado de cosas inconstitucional determinado por la Corte Constitucional para el territorio de la Guajira, el gobierno nacional ha declarado el estado de emergencia en ese territorio, para tomar medidas en materia de salud, saneamiento ambiental y otros temas, que normalmente deben ser regulados por el legislador, cuyo apoyo a las iniciativas del presidente se debilitó, en medio del remezón político originado por el discutible manejo del gobierno a su coalición en el legislativo.
Convertir a la Guajira en un laboratorio piloto, para adoptar medidas sin intervención del congreso, quizás como paso inicial para extender esa práctica a todo el país, constituye una estrategia que puede significar el paso inicial hacia una dictadura. El gobierno está obligado a cumplir los requisitos de fondo que se consagran en el artículo 215 de la Carta, pues las medidas de excepción sólo se pueden expedir para conjurar situaciones sobrevinientes, no crónicas, que afecten de manera grave e inminente el orden económico, social y ecológico o constituyan grave calamidad pública. La Corte tiene la última palabra.
