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En los últimos meses se ha instalado una discusión que merece ser tomada en serio: la posibilidad de una Asamblea Constituyente en Colombia. No tanto por su viabilidad jurídica —que existe— ni por su probabilidad política —que algunos consideran baja—, sino por lo que revela del momento que vive el país.
Hay una tesis que empieza a repetirse: la Constituyente es altamente improbable. El argumento es técnico: requiere firmas, paso por el Congreso, revisión de la Corte Constitucional, una votación con umbral exigente y, luego, la elección de constituyentes. Un proceso largo, complejo y lleno de filtros institucionales. En teoría, casi imposible.
Pero ahí está el error: en política, lo improbable no es irrelevante. Y muchas veces tampoco es imposible. Reducir el debate a un cálculo procedimental es ignorar una variable central: el poder.
Colombia tiene instituciones formales sólidas, pero también un presidencialismo con alta capacidad de incidencia. El Ejecutivo puede influir en el Congreso —a través de coaliciones, incentivos y prácticas políticas conocidas—, pero también en la opinión pública. Un presidente con narrativa, recursos y una agenda de crisis puede moldear el clima político del país.
Y hoy Colombia vive varias crisis simultáneas: fiscal, de seguridad, de salud, de confianza institucional. Ese contexto no es neutro. Es el terreno donde se justifican transformaciones profundas.
La diferencia hoy no está solo en el mecanismo, sino en su alcance. No es lo mismo una reforma puntual que un rediseño completo del sistema. Una Constituyente tiene el potencial de reescribir las reglas del juego. No es un ajuste institucional, es una redefinición del poder.
Por eso, la discusión no puede quedarse en si el mecanismo es válido —lo es— o si es improbable —puede serlo—. La pregunta de fondo es otra: ¿para qué se quiere? Aquí el debate deja de ser técnico y se vuelve político.
No se trata de calificar la Constituyente como “impura” o “dictatorial” en su origen. Se trata de evaluar su propósito y sus posibles efectos. Y hay razones para la preocupación. El propio Gustavo Petro ha planteado la necesidad de transformar profundamente el modelo institucional del país, incluyendo la relación entre poderes.
La historia latinoamericana muestra que muchas concentraciones de poder no nacen de rupturas abruptas, sino de procesos graduales, legales y legitimados electoralmente.
El riesgo, entonces, no está en el mecanismo. Está en el resultado. Subestimar ese riesgo bajo el argumento de que “es muy difícil que ocurra” es, en sí mismo, una forma de ingenuidad política. Porque los cambios estructurales no se anuncian como inevitables; se construyen paso a paso, aprovechando coyunturas, narrativas y correlaciones de fuerza.
Además, hay una señal que no se puede ignorar: el crecimiento electoral del Pacto Histórico en los últimos ciclos. No es una conclusión definitiva, pero sí una tendencia.
Advertir sobre un riesgo no es hacer política del miedo. Es hacer política con responsabilidad. Porque las democracias rara vez se pierden por lo evidente, sino por lo que muchos decidieron no tomar en serio a tiempo.
