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El gobierno Petro parece empecinado en destruir empresas y el recaudo y crecimiento potencial de Colombia. Ese camino de estatización que vemos en iniciativas en educación, servicios públicos, salud, energía, banca, telecomunicaciones, entre otras, sumado a la incapacidad para construir consensos, las declaraciones desafortunadas en la ONU, así como las decisiones tributarias, ya no dejan duda. Pero para coronar, pretende ahora una reforma tributaria que, bajo la bandera de financiar un presupuesto con bastante derroche, eleva la carga sobre las empresas. El proyecto no solo ataca sectores claves de la economía (como el financiero e hidrocarburos) incrementando la sobretasa en renta y llevando la tributación nominal por encima del 50%, sino que endurece el impuesto al patrimonio (y antitécnicamente lo deja permanente), eleva los gravámenes a dividendos de inversionistas extranjeros y añade un impuesto al carbono que encarece la operación empresarial. En conjunto, la tasa combinada socio-empresa, que con la reforma de 2022 ya había superado el 60% según cálculos de Uniandes, se dispara todavía más, dejando a Colombia entre las jurisdicciones más onerosas para la inversión en el mundo. ¿Para qué “patear la lonchera”?
La reforma de 2022 ya había aumentado 20 puntos porcentuales la tasa combinada de tributación, tanto que en su momento, el hoy director de ANIF, advirtió que semejante carga reduciría la relación inversión a PIB. Y el tiempo le dio la razón: la formación bruta de capital fijo con relación al PIB tiene el valor más bajo en la historia económica contemporánea.
Los efectos macroeconómicos fueron evidentes. El PIB, que en 2022 creció 7,3%, apenas avanzó 0,6% en 2023 y se ubicó por debajo del 1,8% en 2024. El recaudo, lejos de fortalecerse, resultó insuficiente, y el déficit fiscal y la deuda pública van hacia máximos históricos.
Por eso, más de 6.000 grandes contribuyentes cambiaron su residencia fiscal. Hoy el mundo compite por la inversión con tasas de tributación y escenarios de confianza. No sorprende, entonces, que la inversión extranjera directa haya caído de USD 17.400 millones en 2022 a menos de USD 14.500 millones en 2024, y esto sigue para abajo.
Y ahora la reforma tributaria es la estocada final. Con ella, Colombia tendría en ciertos sectores productivos tarifas nominales superiores al 50% (solo superada por ninguna otra economía relevante), un impuesto al patrimonio del 5% (el más alto del mundo), y una retención a dividendos de 30% para no residentes (superior a México, Chile o Brasil, países con quienes competimos). Si sumamos los tres elementos, Colombia pasaría a ser uno de los países más costosos del planeta para invertir. ¿De verdad el gobierno cree que el gobierno paga impuestos y que con la estatización reemplaza la inminente salida de más inversión privada?
Y para rebatir el discurso populista, el encarecimiento del capital afecta a emprendedores que no consiguen financiación, mipymes que enfrentan crédito más caro, exportadores que pierden competitividad y trabajadores que perderán su empleo.
Por eso, insistir en esta ruta no es una estrategia de justicia fiscal, sino un acto deliberado de “jodencia”. Y cuando esto sucede, el resultado es un país más pobre.
Dios y el Congreso nos protejan de seguir este irracional camino.
*Rector Universidad EIA
