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Colombia está atrapada en una “bipolaridad económica”. Por un lado celebramos indicadores coyunturales aparentemente positivos; mientras se cuajan problemas económicos estructurales serios. Esta dualidad plantea serios interrogantes sobre la sostenibilidad económica.
Las cifras oficiales reportan un crecimiento del PIB de apenas 2,1% (IIQ de 2025), sostenido por sectores puntuales como el comercio, actividades artísticas y gasto público. Sin embargo, motores claves como la construcción, industria, minería y petróleo se contraen o crecen poco. La economía crece sobre bases frágiles, mientras actividades esenciales agonizan.
El desempleo ha bajado a un dígito. A primera vista es alentador, pero la calidad del empleo prende las alarmas: la mayoría de nuevos ocupados están en empleos más precarios o en una nómina estatal inflada. Asimismo, la pobreza monetaria se ha reducido, en parte gracias a la menor inflación y al aumento del empleo. Pero las transferencias monetarias utilizadas para lograrlo, están mal focalizadas y no mejoran la equidad. Se reparten recursos sin garantizar que lleguen a quienes más los necesitan, diluyendo su efecto sobre la desigualdad.
La inflación también muestra señales de desaceleración. Sin embargo, sigue siendo mayor al promedio de América Latina, en buena medida fruto del descuadre fiscal que ha generado el actual modelo económico.
A todo esto se suma un problema aún más serio: el sesgo antiempresa privada y estatizante que ha permeado la política económica reciente. La desconfianza hacia el sector productivo se refleja en las malas cifras de de la formación bruta de capital fijo, donde la inversión privada apenas crece, y en el deterioro de la inversión extranjera directa, que encuentra hoy un entorno hostil, incierto y poco atractivo. Sin capital fresco y sin confianza empresarial, la capacidad de generar riqueza y empleo de calidad se erosiona.
Entre tanto, los problemas estructurales se agravan. El déficit fiscal se disparó al 6,8% del PIB, elevando la ya abultada deuda pública. Ya estamos viendo una deuda en máximos históricos y la inversión pública se ha recortado, comprometiendo proyectos esenciales y restando capacidad de desarrollo. A la vez, sectores críticos como la salud y la seguridad se deterioran, afectados por recortes, decisiones ideológicas y mala política pública.
Si no enfrentamos esta bipolaridad económica, corremos el riesgo de volvernos un país mediocre, conforme con modestos crecimientos y “parches” sociales en vez de forjar prosperidad sostenible. Prueba de lo anterior es que en las últimas cifras de crecimiento del PIB, Colombia sale peor en casi todos los subsectores económicos que México, Brasil, Perú o Argentina.
Colombia debe apostar por un plan de crecimiento basado en políticas sectoriales focalizadas y estratégicas, que permitan diversificar la economía y revitalizar sectores estratégicos como la construcción y la energía. Necesitamos además una gran reforma fiscal estructural que reduzca el tamaño del Estado, elimine el derroche y transforme el sistema tributario para apoyar al sector empresarial, motive la reducción de la informalidad e incentive inversión y empleo de calidad. Y finalmente, urge una estrategia nacional de simplificación regulatoria que elimine trámites innecesarios en licencias ambientales, consulta a comunidades, notarías, registros sanitarios o requisitos agropecuarios.
En últimas, el verdadero costo de esta mediocridad es hipotecar nuestro futuro. Y Colombia no puede darse ese lujo.
*Rector Universidad EIA
