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Este gobierno en tres años y medio ha decretado cuatro estados de excepción. Uno de conmoción interior para Catatumbo y tres emergencias económicas (Guajira, la de la caída en ley de financiamiento y la de la ola invernal en Córdoba). Sin embargo, contando los estados de excepción decretados y los anunciados no efectuados, serían 8 veces. Dicho de otro modo, este es un gobierno que en promedio ha querido decretar dos veces por año un estado de excepción y al final en promedio una por año. Es como si todos los años hubiese tenido facultades constitucionales para emitir decretos legislativos (en la práctica leyes) sin pasar por el congreso.
Un gobierno en la práctica con menos pesos y contrapesos. Podría uno entender ahora la molestia que le genera la autonomía del banco central, los regaños del CARF, las negativas del congreso a sus proyectos de ley por inconvenientes, las decisiones de la rama judicial para contener los abusos en decretos y leyes, el actuar de los medios de comunicación para denunciar o criticar políticas o los frenos que ejercen algunas veces la registraduría, contraloría, el consejo electoral o la procuraduría.
Entiende uno también porqué en dos ocasiones ha presentado presupuestos desfinanciados buscando leyes de financiamiento que solucionen su propia incapacidad de gestión presupuestal, para al final expedir la ley de presupuesto por decreto, buscando con ello hacer “lo que se le dé la gana” con los recursos del estado. Y cuando no funciona la estrategia, pues simple, decrete un estado de emergencia económica como sucedió en 2025. Caso similar es suspender sin argumento técnico la regla fiscal, también por decreto, para poderse endeudar y aumentar el déficit fiscal sin límite.
Lo más preocupante es que parecemos como sapos puestos en una olla que gradualmente va aumentando de temperatura hasta cocinarnos en ella. Y como cada noticia del día, o cada escándalo o cada hecho violento va tapando lo anterior, nadie se da cuenta de lo peligroso de esta historia y nadie dice absolutamente nada.
Pero la democracia y la economía sí reciben heridas y profundas de esta dosis de “autoritarismo legislativo y del ejecutivo”. Colombia es hoy el segundo país de la OCDE con el mayor déficit del mundo, perdimos la histórica macro prudencia que reconocían inversionistas y calificadoras, el costo de riesgo país ha crecido entre un 35 y un 60% de más, la inversión privada en relación al PIB tiene el peor dato en más de tres décadas, la confianza en las instituciones, en la democracia y en la economía se ha deteriorado, los problemas en salud y energía son estructurales y se cuentan en vidas humanas y la inseguridad e ilegalidad crecen a tasas de dos dígitos e impiden el acceso a territorios de la nación.
Ante estos hechos, la decisión más importante en marzo, mayo y junio de 2026 es elegir pensando en nuestra institucionalidad y democracia, que ha sido la más antigua y solida de Latinoamérica y respetar, así no nos gusten, esos pesos y contrapesos, y mejorar esta institucionalidad para que nunca más alguien abuse de ella o termine proponiendo constituyentes amañadas, para gobernar a su antojo.
*Rector Universidad EIA
