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La pregunta parece simple, pero no lo es: ¿quién decide sobre las mujeres? El Estado, la religión, la tradición, el mercado, los hombres, la familia, la multitud digital, o ellas mismas.
En España, por ejemplo, la discusión sobre la prohibición del burka y el niqab está en el orden del día. Ocho países europeos ya han impuesto prohibiciones bajo el argumento de la seguridad o la defensa de valores liberales. El debate no es menor. ¿Se protege la libertad o se la restringe? ¿Se libera a la mujer o se la sustituye en la decisión? La paradoja es inquietante: se invoca la emancipación femenina para justificar una nueva imposición estatal sobre lo que una mujer puede o no puede vestir.
Mientras Europa discute símbolos, en Irán las mujeres pagan con cárcel, golpes y muerte el acto de no cubrirse. La violencia contra quienes desafían el mandato del velo no es metáfora: es represión concreta. Allí no hay ambigüedad sobre quién decide. Decide el poder religioso y político. La autonomía femenina se convierte en delito. El silencio selectivo de ciertos sectores del activismo feminista arropados con la bandera de Palestina deja muchos interrogantes. ¿Defienden a las mujeres o defienden ideologías? La defensa de la dignidad no puede ser selectiva ni instrumental.
En otro escenario, aparentemente distinto, el caso de Epstein expuso un sistema de explotación sexual que involucraba dinero, poder y redes de silencio. Como ya lo anotó un editorial de El Colombiano, la periodista Julie K. Brown, después de una exhaustiva investigación, reveló que Epstein había podido seguir adelante con sus crímenes sistemáticos “porque casi todos los elementos de la sociedad le permitieron salirse con la suya”, lo cual implicó para las adolescentes el “consentimiento” fabricado bajo asimetrías brutales de poder.
Nadia Murad, en “Yo seré la última”, narra la esclavitud sexual impuesta por el Estado Islámico. Su testimonio no es solo memoria, es denuncia de una cosificación sistemática del cuerpo femenino como botín de guerra.
Y el cruento caso de Gisèle Pelicot en Francia mostró que la violencia puede habitar la vida doméstica más ordinaria: una mujer drogada por su esposo durante años para ser violada por decenas de hombres. No hubo imposición religiosa ni geopolítica; hubo una banalización del daño y una degradación abismal.
¿Qué une estos casos tan distintos? Lo que los une es simple: en todos, la dignidad y la autonomía femenina son lo primero que se negocia.
La tentación recurrente es resolver el dilema desde arriba: legislar más, prohibir más, moralizar más. Pero cada solución que no coloque en el centro la voluntad libre y consciente de la mujer corre el riesgo de repetir el patrón que dice combatir.
Javier Pradera, figura clave de la transición española, advertía que las democracias no se sostienen en consignas morales sino en la defensa de principios liberales que protegen al individuo frente al poder.
La pregunta no es si el burka es opresión o tradición, ni si Occidente es más avanzado que Oriente. La pregunta es si estamos dispuestos a defender que ningún poder tiene derecho a apropiarse de la dignidad de una mujer. Sin excepciones. Sin excusas.
