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“Nadie sabe para quién trabaja” es un refrán que normalmente se considera que opera en la dirección de los efectos, supuesta pero no exclusivamente positivos, que la acción de una persona provoca en otros, incluso desconocidos y hasta enemigos. Si eso se entendiera plenamente y de verdad nos interesa el bien común, que se construye de forma sostenible gracias a la libre y legal interacción colectiva de muchas acciones guiadas por el interés propio, los individuos intentarían no hacer nada inconveniente o perjudicial por el potencial impacto en otros, desconocidos y lejanos no solo en el espacio sino también en el tiempo.
Un ejemplo. Los profesores no somos empleados de los alumnos, que no son “clientes” sino “estudiantes”, que pagan para aprender y “demostrar” que podrían ejercer una profesión de manera que la sociedad se beneficie por su trabajo. Incluso tampoco somos “empleados” de los padres, quienes pagan la matrícula de sus hijos. Trabajamos para la sociedad que delegó en nosotros la responsabilidad de formar profesionalmente ciudadanos para que por ejemplo, hagan bien su trabajo en la mesa de un quirófano o diseñen una estructura. Saber de verdad para quién trabajamos es una obligatoria claridad que ayuda a no perder el rumbo y definir con menos error, qué y cómo hacer las cosas.
Pero como dije al inicio, “nadie sabe para quién trabaja” se suele pensar solo en la dirección de quien actúa y sus efectos en otros, y resulta que la relación entre ellos, el que hace y el afectado, en una sociedad libre y democrática no es unidireccional porque son los demás también los que determinan: qué, cuándo, cómo y dónde quieren que lo hagamos, y cuánto están dispuestos a pagar por ello. Por eso es tan o más sabio el refrán que dice que “las cosas valen por lo que los demás estén dispuestos a pagar por ellas”, incluido el salario.
El “salario mínimo” es una supuesta buena intención con pésimas consecuencias, como muchas cosas que son adoptadas y juzgadas por las promesas y no por los resultados. Como es electoralmente atractivo a primera vista provocar “justicia”, es que los politiqueros engañan a los ciudadanos con propuestas que parecen ofrecerla, aunque resultan venenosas, destructivas y terminan haciendo daño, en especial a los menos afortunados. Por eso los nefastos marxistas, como los que nos gobiernan y desean perpetuarse, consiguen votos de ingenuos o tontos y terminan siempre provocando más perjuicios y eliminando las posibilidades de progreso de los más necesitados.
Fijar “artificialmente” el salario, que es en esencia una señal de la productividad, la disponibilidad de que alguien efectúe un trabajo y lo que él agregue, es un instrumento usado por los enemigos de la sociedad que se aprovechan de la gente necesitada, pero que en vez de ayudarles los empobrecen; y lo peor, aseguran que los más desafortunados que aspiran a una remuneración mejor y beneficios que la informalidad no ofrece, NUNCA podrán tenerla.
Pero subir “irracional e incoherentemente” el salario mínimo por orden del gobierno, diciendo que eso acaba la pobreza, es una canallada politiquera preelectoral. Es como creer que habrá más profesionales si el gobierno regala diplomas universitarios.
