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Por estos días no hay hiperinflación, ni corralito financiero, ni suspensión de pagos. El dólar no se dispara fuera de control y los supermercados siguen abastecidos. Sin embargo, sería un error concluir que todo marcha bien. Las economías no colapsan de un día para otro. Antes de la crisis visible se deterioran las condiciones que permiten el funcionamiento normal del sistema productivo.
Atmósfera económica es ese conjunto de condiciones: propiedad privada protegida, precios libres que permitan cálculo racional, moneda estable, división del trabajo funcional e intercambio voluntario. Cuando esa atmósfera es limpia, nadie la nota. Cuando comienza a contaminarse, la inversión se vuelve cautelosa, los proyectos se aplazan y el crecimiento pierde complejidad.
Colombia no enfrenta hoy un colapso abierto. Pero sí muestra signos de erosión. La inversión privada ha perdido dinamismo, la productividad está estancada y el crecimiento potencial se ha reducido.
Sin precios formados en el mercado libre el cálculo económico racional pierde fundamento. Cuando las señales se distorsionan por intervenciones discrecionales, inseguridad jurídica o incertidumbre regulatoria, el cálculo se vuelve opaco, la inversión se retrae.
A esto se suma un riesgo institucional más sofisticado que un golpe militar: la captura progresiva de contrapesos sin ruptura formal del orden constitucional. Colonización de órganos de control, presión sobre entidades autónomas, uso selectivo del aparato sancionatorio y deslegitimación discursiva de la independencia institucional. No se necesita abolir la Constitución para alterar su funcionamiento real; basta con modificar los equilibrios internos. El impacto económico no es inmediato en las cifras, pero sí en las expectativas: aumenta la prima de riesgo y se acortan los horizontes de inversión.
Existe además el riesgo territorial. Cuando el Estado pierde control efectivo en regiones productivas mientras incrementa la presión regulatoria sobre la economía formal, surge una asimetría peligrosa: más intervención donde hay legalidad, más impunidad donde hay ilegalidad. El resultado suele ser desplazamiento hacia la informalidad o hacia economías ilícitas.
Estos procesos no producen titulares dramáticos. Siguen una secuencia: polarización, intervenciones selectivas, caída sostenida de la inversión, desanclaje de expectativas monetarias y, finalmente, estancamiento estructural. El punto de no retorno no es una explosión, sino la consolidación de una trampa de bajo crecimiento.
La elección presidencial de 2026 puede convertirse en punto de no retorno. No solo por quién gane, sino por el estado en que llegue el sistema institucional. Si la erosión es limitada, un giro claro hacia el restablecimiento del estado de derecho, la seguridad jurídica y recuperación del control territorial podría restaurar la confianza con relativa rapidez.
El riesgo real no es un desastre espectacular. Es perder décadas en crecimiento bajo, fuga de talento y expansión de la informalidad. La atmósfera económica no se destruye de golpe; se contamina gradualmente.
2026 puede ser una elección más. O puede ser el momento en que Colombia decida si preserva las condiciones que hacen posible el desarrollo o se resigna a un estancamiento silencioso. Las consecuencias no se verán al día siguiente. Se medirán en la próxima década.
