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Hablemos de la democracia y hagámoslo para entender el manoseo que le ha dado el gobierno de Colombia, dejándola “apestada” de tanto sobarla, como dirían el campo. Partamos, entonces, del entendimiento general sobre su importancia para la humanidad. Desde la Grecia antigua hasta los tiempos de hoy, la democracia ha sido una de las grandes creaciones intelectuales del hombre, un pacto civilizatorio para garantizar la relación entre el pueblo y sus gobernantes. Por eso, no es un accidente histórico ni una concesión generosa del poder para unos pocos. Es el límite al poder. Con sus imperfecciones, ha sido el sistema político por excelencia, capaz de garantizar la libertad de los ciudadanos frente al riesgo que atañen los gobernantes de boca llena.
Los problemas surgen cuando gobiernos ambiciosos y personajes insaciables alteran los principios democráticos para mantenerse en el poder. Esa es la línea que cruzó el gobierno de Gustavo Petro y se ve claramente en un presidente radicalizado, capaz de ajustar el relato histórico a su amaño.
Siguiendo los axiomas populistas, la promesa de la potencia mundial de la vida lo único que ha hecho es alterar la realidad colombiana. Cosa muy peligrosa, porque un relato histórico amañado como justificación del presente es el camino para controlar el futuro desde el caudillismo.
Bien lo advirtió el abogado constitucionalista Mauricio Gaona: el populismo exacerbado es el preludio del autoritarismo, la relativización de las libertades y el paso previo a estados dictatoriales. Detrás de eso hay un libreto ya usado en otros países latinoamericanos. La transición del populismo al autoritarismo se vivió en Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Chile, entre otros. Allí se crearon regímenes personalistas que subordinaron las instituciones a los antojos de poder del líder. Cuba... sin comentarios; en Nicaragua, Daniel Ortega lo hace desde 2007 y ni hablemos de Venezuela, todos somos testigos de la dolorosa historia del vecino. El común denominador ha sido la tergiversación de los hechos históricos y el control autoritario de las instituciones que dieron pie a argucias que alteraron el orden jurídico a favor de los hechos de facto. Cuando un presidente quiere cambiar el orden constitucional como acto populista, el problema no es la Carta Magna, es el mandatario. Ahí es cuando los frenos y el balance constitucional deben aparecer como protectores de la institucionalidad, la libertad de expresión y del fomento de la consciencia pública.
Atención a lo último: consciencia pública. Si usted se considera demócrata, dese a la tarea de entender el daño que en los últimos tres años se le ha causado a la democracia y, por ende, a su libertad. Haga un ejercicio: tome un papel y escriba lo que hoy le causa angustia por culpa de la forma cómo se está manejando el país. Esa es una buena tarea para abrir los ojos. No olvide que el periodo electoral está a la vuelta de la esquina y la consciencia pública es la única con el poder de llevar a los ciudadanos a encontrar líderes valorados por lo que proponen y no por el poder que imponen.
La ciudadanía debe ser lo suficientemente consciente para no dejarse llevar por la emocionalidad a la hora de decantar su voto. Debe darle paso a la razón, al análisis mesurado, al sufragio informado, porque la democracia se defiende todos los días y esa defensa es la única que frena la agonía que el país está viviendo. Agonía que compromete su libertad, la mía y la de todos.
