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El fantasma de un apagón financiero y eléctrico ronda muy de cerca al Caribe colombiano. Han pasado ya cinco años desde que el Gobierno entregó la operación eléctrica a dos nuevos actores, con la promesa de una salvación definitiva a la histórica crisis en la prestación del servicio. Hoy, la realidad golpea de nuevo: la región con mayor potencial energético y de crecimiento económico del país sigue caminando sobre una cuerda floja.
De esa “solución empresarial” surgieron dos compañías. Air-e, intervenida y en proceso de liquidación, terminó hundida en la misma espiral de inviabilidad que debía resolver. Y Afinia, filial del Grupo EPM, que pese a haber invertido más de $3 billones en modernizar la red heredada de Electricaribe, carga ahora con una cartera superior a $5,3 billones. Solo las entidades públicas deben más de $373 mil millones. La paradoja es evidente: quienes deberían dar ejemplo de responsabilidad son los primeros en incumplir.
Pero el problema es aún más grave. Cada mes, Afinia debe destinar cerca de $400 mil millones en compras de energía, mientras recauda apenas el 80% de su facturación y sufre pérdidas cercanas al 28% por robo de energía. Aunque la calidad del servicio ha mejorado más de un 60%, el hueco financiero se profundiza. Es un callejón sin salida: invertir para mejorar, pero perder cada vez más.
La fragilidad de las empresas energéticas amenaza la competitividad y el futuro del Caribe. Sin energía no hay turismo, no hay puertos, no hay agroindustria, ni manufactura. La crisis no es técnica: es política, social y fiscal. Y está siendo agravada por un Gobierno que retiene los recursos de los subsidios (más de $413 mil millones en el caso de Afinia), y no presiona a las entidades oficiales para que paguen lo que deben.
El Caribe no puede ser condenado, otra vez, a la inestabilidad eléctrica por falta de liderazgo. Petro está jugando con fuego: si Afinia cae, el país perderá su mejor gestor de energía en la región. Sería como suspender un partido de fútbol en el entretiempo, cuando lo que se necesita es resistir y sostener la estrategia.
La única salida es un cambio profundo en la relación con el servicio: sistemas de prepago, disciplina de pago y corresponsabilidad de usuarios, gobiernos locales y nacionales. Sin eso, ninguna empresa sobrevivirá.
La pregunta es: ¿el Gobierno está dispuesto a actuar o seguirá dejando que la energía del Caribe se nos vaya de las manos?
