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En los países que nos aventajan en cuestiones de seguridad, libertad y orden, el respeto a la fuerza pública es presupuesto ineludible que tiene que ser respetado por todos los ciudadanos. La formación profesional de los organismos encargados de hacer cumplir las leyes en esas materias esenciales es muy rigurosa y no puede aceptarse que el garantismo sea tan desmedido que la defensa de la vida, honra y bienes de los asociados implique pérdida de la eficacia de los cuerpos competentes ni una realización débil del principio de autoridad. Los abusos y excesos son excepcionales y se sancionan con rudeza.
Al tiempo, insultar o desobedecer a un uniformado es causal de infracción que no puede quedarse impune, por razones obvias. En este país nuestro, una orden o una disposición del organismo o el agente facultados para hacer cumplir las normas pueden ser objeto de burlas y factores frecuentísimos de quebrantamiento de disposiciones que sustentan la convivencia y el desenvolvimiento pacífico de la vida en sociedad.
Pero es tal el desconocimiento del principio de autoridad, ha llegado a desacreditarse de tal modo, se ha vuelto así de impracticable, por fuerza del exceso de garantismo y de trámites cuando se busca proteger los derechos de los ciudadanos, que los agentes del orden, para blindarse contra sanciones por eventuales extralimitaciones, no pocas veces prefieren hacerse los desentendidos y abstenerse de actuar. Por ejemplo, un sujeto agresivo, amenazante, que insulta a un agente del orden, sabe que puede causar con astucia y grosería un cambio de papeles, de modo que el denunciante pasa a ser infractor o transgresor y escapar a la acción preventiva o punitiva que debería aplicársele, mientras al ciudadano ofendido, amenazado, intimidado, le toca, para lograr protección y hacer valer sus derechos, someterse a trámites fatigantes que pueden resultar inútiles, además de riesgosos por exponerse a las posteriores acciones vindicativas de los agresores, capaces de ejecutar amenazas y de salir airosos frente a una fuerza pública más capaz de protegerlos que de sancionarlos.
Así, al que pretenda ponerse a salvo de un energúmeno armado e irrespetuoso y desafiante le toca abstenerse de la protección de las leyes, de los códigos penal y de policía, ser prudente para evitar venganzas del agresor y mejor dejar las cosas de ese tamaño. Día y noche abundan las situaciones que pueden mencionarse como ejemplos de la debilidad institucional y normativa como consecuencia de un garantismo cándido, ingenuo, buenista, que sacrifica la eficacia y la eficiencia del Estado de Derecho y del régimen sancionatorio de las acciones ilícitas que destruyen la convivencia ciudadana y el respeto a la ley.
El descaecimiento de las sociedades comienza por la ridiculización y la pérdida de vigencia del principio de autoridad. Por supuesto que deben evitarse y sancionarse los excesos. La autoridad debe ganar confianza, respetabilidad, para que ningún infractor o transgresor se sienta protegido y hasta digno de alabanza. Esa candidez garantista es una tremenda equivocación y fuente de males y perversiones incontables.
