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“No me retracto.” Con esas dos palabras, el representante Agmeth Escaf respondió a la Procuraduría cuando lo suspendió por llamar a Abelardo de la Espriella “la perra de Estados Unidos”. No dijo que lo malinterpretaron. No ensayó ninguna disculpa a medias, de esas que piden perdón por el tono sin retirar el fondo. Dijo que lo volvería a repetir, y remató explicando que “más de medio Congreso estaríamos suspendidos con cada insulto que se emite diariamente en política”. No se defendió del cargo. Defendió el derecho a repetirlo.
Escaf solo hizo explícito lo que otros del Pacto Histórico prefieren envolver en sospechas, insinuaciones y eufemismos. El Pacto ha convertido este gesto en método. No consiste solamente en cuestionar las decisiones del Gobierno. Consiste en construir primero un personaje mafioso, fascista, ilegítimo, arrodillado ante Washington y acomodar después cada hecho dentro de él. Petro hizo su propia versión, apenas días antes de dejar la Presidencia: acusó a su sucesor de ganar con ayuda de “500.000 robots y personas pagas” contratados por empresas extranjeras, sin molestarse en presentar una sola prueba, como quien anuncia el clima del fin de semana.
Ninguno de los dos necesitaba que el cargo se sostuviera ante un juez o una autoridad electoral. Necesitaban que la frase les sobreviviera.
Ahí entran los pregoneros: dirigentes, congresistas, excandidatos y figuras con tribuna suficiente para convertir una ocurrencia en relato compartido. Uno la formula. Otro la repite en su propia cuenta. Un tercero la amplifica en una entrevista, y para entonces ya no importa quién la dijo primero. La frecuencia empieza a ocupar el lugar de la evidencia. Cuando la institucionalidad los corrige una suspensión, un desmentido, una sanción, ellos cobran el recibo como si fuera un diploma.
Convirtieron el filtro en publicidad. Cuanto más dura la sanción, más se parece a una medalla ganada en el Congreso.
Después hace el resto el lenguaje. Una operación militar se vuelve “bombardeo”. Una negociación diplomática, “sumisión”. Una victoria electoral, “fraude”. Una ceremonia religiosa, el regreso a otro siglo. Un nombramiento técnico, “entrega del país”. Cada etiqueta simplifica el hecho, y cada simplificación reduce el espacio disponible para discutirlo, hasta que ya no hay forma de distinguir un error de un delito, o una discrepancia de una amenaza.
La cizaña no necesita convencer a todo el mundo. Necesita solamente que, cuando llegue el momento de discutir los hechos, la etiqueta ya haya ocupado el lugar que les correspondía a ellos. Y necesita pregoneros dispuestos a repetirla las veces suficientes para que la sanción, en lugar de frenarla, la vuelva permanente.
Ese es el verdadero costo de este método: no es que el Pacto Histórico pierda una discusión puntual sobre Abelardo. Es que, discusión tras discusión, va vaciando de significado las palabras con las que el país debería juzgar a cualquier gobierno, incluido el que venga después de este. El día que alguien necesite de verdad esas palabras para nombrar un abuso real, no uno inventado puede encontrarlas gastadas, repetidas hasta perder filo por quienes las usaron primero para todo lo que simplemente les disgustaba.
