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En buena se han metido los pescadores del Reino Unido. O mejor dicho, los ha metido el gobierno británico que ha decidido aplicar una norma según la cual nadie que salga a faenar debe tener una masa muscular de más de 35 y tiene que mostrar un certificado de salud que lo compruebe.
La razón, según dicen, es que pueden representar un peligro para sí mismos y para las personas con las que trabajan, Y para justificarlo han publicado un informe cuyo origen no es muy claro en el que sostienen que las personas que tienen sobrepeso le cuestan a la sanidad pública el doble que aquellos que están en forma. Se supone que son más propensos a infartos, diabetes y un largo etcétera por tener unos kilos de más, y dado que la situación de la medicina estatal se encuentra al borde del colapso, el gobierno ha decidido aferrarse al argumento que sea con tal de bajar los costos y la han emprendido contra los gordos.
El famosísimo Servicio Nacional de Salud (NHS) del que tanto se preciaban los ingleses tiene en este momento 8 millones de ciudadanos en listas de espera y los fondos y recursos con los que antaño contaba se han evaporado. Esos son los problemas que genera el crecimiento de un monstruo estatal de proporciones gigantescas.
En este contexto hostil, la mayoría de pescadores ha comenzado a prepararse para pasar los exámenes que comenzarán a exigirles a partir de noviembre. De manera que a lo largo y ancho del país es fácil ver a estos corpulentos hombres corriendo como descosidos por las carreteras, inscribiéndose en gimnasios o dedicados a lo impensable: hacer dieta.
Aunque hay algunos que se han negado en redondo y han preferido contratar abogados que los defiendan porque se sienten discriminados. Quieren demostrar que no existe evidencia alguna de que el sobrepeso ponga en riesgo la seguridad. Y algunos inclusive juran que antes de comer lechuga y tomar solo agua prefieren jubilarse, con lo cual entrarían a engrosar las filas de los más de 700.000 trabajadores británicos que dejaron de trabajar desde la pandemia.
El promedio de edad en el gremio de los pescadores supera los 50 años, el sector está en franco declive y apenas emplea a 11.000 trabajadores, más otros 18.000 de manera indirecta, y su actividad equivale al 0,03% de la producción del país, que ya de por sí es una de las más bajas de Europa. La verdad es que el panorama ha ido empeorando desde el Brexit. Mientras eran miembros de la Unión Europea, el sector le echaba la culpa de todos sus males a las leyes emitidas desde Bruselas con respecto a las cantidades de peces que podían coger. Pero ahora que están fuera de la Unión y que pueden pescar más en sus aguas territoriales, se han empezado a dar cuenta de que las trabas comerciales son peores, hay un nuevo IVA, la gasolina está por las nubes y las exportaciones se han reducido. Según las estimaciones más recientes, la salida del Brexit le costó a la industria pesquera 90 millones de euros, solo el año pasado.
Muy pronto veremos si los puestos callejeros de fish&chips, epítome de la gastronomía inglesa, terminan por desaparecer.
