Pico y Placa Medellín
viernes
7 y 9
7 y 9
El 10 de agosto, Colombia sufrió un terremoto que ha dejado 304 muertos, 4.548 heridos y 292 mil personas afectadas. Es una tragedia de las que, como señalaba Luis Carlos Villegas, se repiten con cierta regularidad, casi década tras década, y ante las cuales el Estado colombiano por lo general no está suficientemente preparado. Lo que sigue son otras grietas: las que no aparecen en los noticieros, pero que definen la magnitud real del desastre y el drama humano profundo que lo acompaña.
Mis hijas han sido testigos de primera mano de lo que padecen las personas afectadas y coinciden en algo fundamental: las grietas no son solo las que deja el terremoto en los muros. Una de ellas es que la desigualdad deja de ser el dato del Gini y se expresa, implacablemente, en una realidad que no puede pasar desapercibida: a muchas comunidades no llegaron los cuerpos de rescate; fueron los propios vecinos del barrio, a mano limpia, los únicos que rescataron a personas atrapadas en edificaciones colapsadas. En el caso de los albergues, hay uno en Pereira localizado en un parque donde los damnificados quedaron a merced de la lluvia inclemente el fin de semana pasado. Todavía hay personas que perdieron casi todo y no tienen cómo resguardarse de la lluvia y el sol, ni un sitio seguro donde alojarse.
Otra grieta (notas del terremoto de Antonia Perfetti) que el terremoto dejó al descubierto es lo que el Estado no ha logrado resolver: viviendas que antes del sismo ya tenían riesgo estructural, construidas por las comunidades con lo poco que tenían, promovidas por urbanizadores corruptos y políticos cómplices. Perdieron lo único que tenían y surge la pregunta inevitable: ¿cómo reconstruir lo que el Estado no ha atendido debidamente? El exdirector de Planeación Nacional Armando Montenegro llama a los entes de control a investigar el cumplimiento de las normas sismorresistentes NSR-2010 en edificaciones que colapsaron o están en alto riesgo, y las interventorías sobre colegios y hospitales públicos. Una cifra que exige atención urgente: el 15,3% de las sedes educativas públicas de la educación básica georreferenciadas están ubicadas en zonas de amenaza sísmica.
Otra gran grieta, menos visible pero igualmente devastadora, son los efectos en la salud mental. Algunas personas que tuvieron que evacuar sus viviendas en Manizales y Pereira, además de su profunda tristeza dicen “uno queda aturdido, en cámara lenta y el piso movido”. A mis hijas les pregunté: ¿qué ha significado para ustedes el terremoto? Nada más revelador que sus testimonios y el de su entorno cercano: “Es una angustia constante”, “desde ese día no puedo pensar con claridad”, “lloro por momentos”, “duermo mal y me levanto pensando en la señora que quedó enterrada viva entre los escombros”.
Estas situaciones no se resuelven con milagros, ni repartiendo balones en plena catástrofe, y menos aún sin un gerente que dirija la emergencia y reconstrucción, y un ministro vacacionando mientras las víctimas claman atención. Esa es la insoportable indolencia que en muchas ocasiones asoma por parte del Estado. Se resuelve gobernando con decisión, empatía y cercanía, delegando y acompañando a las comunidades afectadas. La solidaridad del país e internacional ha sido inmensa. Que no la apague esa indolencia.
