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En las últimas semanas, el país ha sido testigo de una preocupante tendencia: el uso creciente del decreto como atajo frente a la deliberación democrática. No se trata de propuestas bloqueadas por un Congreso opositor, sino de iniciativas que no han logrado superar el debate por falta de solidez, viabilidad jurídica o respaldo ciudadano. En lugar de fortalecer sus argumentos y construir acuerdos, el Ejecutivo ha optado por imponer sus decisiones por la vía administrativa.
La expedición el Decreto 0572 del 28 de mayo por parte del Ministerio de Hacienda, para anticipar el cobro en 2025 de la retención en la fuente del impuesto de renta de las empresas del 2026; el Decreto 033, que limita la venta de tierras rurales a través de una verificación previa de interés por parte de la Agencia Nacional de Tierras; y la intención de convocar, por decreto, una consulta popular, son tres ejemplos de cómo gobernar a punta de este mecanismo, lejos de ser otro camino técnico o administrativo, es una forma de saltarse los controles que garantizan el equilibrio institucional.
No hay democracia posible sin debate, sin instituciones fuertes, sin la aceptación de que el disenso es parte del juego democrático. La historia de otros países de la región nos ha mostrado que cuando se debilitan los controles y el Ejecutivo se impone sobre los demás poderes, se abre la puerta al autoritarismo, a la arbitrariedad y al desgaste progresivo de la confianza ciudadana en el sistema de gobierno. El resultado suele ser el mismo: menos transparencia, más polarización y una erosión peligrosa de las garantías que sostienen la vida pública. Una democracia sana se construye sobre el respeto a los contrapesos, no sobre su destrucción.
Las recientes decisiones del Gobierno —que tienen efectos sobre la propiedad privada, la actividad empresarial, la política tributaria y la participación ciudadana, por nombrar algunos — han sido decretos expedidos de manera unilateral, en medio de un ambiente hostil hacia el sector privado y de señalamientos a quienes piensan distinto.
Colombia necesita reformas, sí. Reformas bien diseñadas, debatidas con rigor, resultado de acuerdos amplios, construidos con argumentos, datos, responsabilidad fiscal y vocación de país. Principalmente, que partan del respeto a las reglas del juego democrático. La urgencia no puede ser excusa para el atropello institucional. La construcción de legitimidad no se decreta: se gana con hechos y con respeto por las normas constitucionales.
Cuidar la democracia es cuidar los procedimientos y los principios. Es defender la independencia de poderes, la libertad de prensa, el pluralismo político, la rendición de cuentas en la toma de decisiones, la legitimidad electoral, la justicia imparcial. Es, en este momento de país, respaldar a quienes encarnan los contrapesos: es momento de rodear la labor del Congreso de la República y de las Cortes, su independencia no es un formalismo, es el núcleo que garantiza que las decisiones del gobierno estén sometidas al control, al análisis jurídico, a la voz de los ciudadanos representados. Cuidar la democracia también es cuidar a quienes tienen el deber de decirle no al poder cuando es necesario.
Los decretos no pueden ir en contravía del Estado de derecho. Que decretar no se convierta en la forma de anular el debate, sino en un paso más de una democracia viva, deliberante y profundamente respetuosa de las reglas que la sostienen.
*Vicepresidenta Ejecutiva Proantioquia
