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La decisión del nuevo gobierno de crear un Banco Nacional de Talentos para que los colombianos puedan postularse a cargos públicos según sus capacidades y no por recomendaciones merece ser reconocida. Abrir las puertas del Estado al talento es una buena noticia. Durante décadas hemos denunciado el clientelismo como una de las principales causas de la baja confianza en las instituciones, y cualquier esfuerzo por fortalecer la meritocracia va en la dirección correcta.
Pero esta discusión ofrece una oportunidad para plantear una pregunta profunda: ¿basta con garantizar que el ingreso al Estado sea por mérito? La respuesta es no.
Hace más de veinte años, Colombia dio un paso trascendental con la Ley 909 de 2004. Esa reforma fortaleció la carrera administrativa, profesionalizó parte del empleo público y redujo significativamente la influencia de la política en la selección de muchos servidores. Fue un avance institucional que vale la pena preservar y defender.
Sin embargo, el país de 2026 ya no es el de 2004.
Hoy el conocimiento se renueva a una velocidad sin precedentes. La inteligencia artificial, la analítica de datos, la transformación digital y nuevas formas de liderazgo redefinen las capacidades que exige el servicio público. Mientras tanto, nuestro sistema sigue descansando sobre una premisa que resulta cada vez más difícil de defender: que haber demostrado mérito una sola vez basta para toda una vida laboral.
En la práctica, un funcionario puede superar un concurso de méritos, ingresar a la carrera administrativa y permanecer décadas en el mismo cargo. Aunque existen evaluaciones de desempeño, los incentivos para aprender, innovar y desarrollar nuevas competencias siguen siendo débiles. El sistema distingue poco entre quien simplemente cumple y quien aporta un valor excepcional; dificulta la movilidad del talento y hace muy complejo gestionar el bajo desempeño. El resultado es una paradoja. Exigimos al Estado que resuelva los problemas del siglo XXI con un modelo de gestión del talento diseñado para responder a los desafíos del siglo pasado.
Modernizar el empleo público no significa desmontar la carrera administrativa ni abrir nuevamente la puerta al clientelismo. Todo lo contrario. Significa fortalecer el mérito. Pero entenderlo como proceso continuo y no como un examen presentado hace veinte años. Significa incentivar el aprendizaje permanente, reconocer a quienes desarrollan nuevas capacidades, facilitar la movilidad de los mejores servidores y construir evaluaciones de desempeño que realmente impulsen la excelencia. La estabilidad laboral es un valor que debe protegerse. La inmovilidad institucional, no.
Por eso, el Banco Nacional de Talentos puede convertirse en el primer paso de una reforma mucho más ambiciosa. Colombia necesita un Estado que seleccione por mérito, pero también que gestione, promueva y evalúe por mérito. Porque el verdadero mérito no consiste en haber ganado un concurso hace dos décadas. Consiste en seguir mereciendo, todos los días, la confianza de los ciudadanos.
