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Hace unos días, el Tribunal Superior de Bogotá en una decisión valiente y sujeta a derecho, resolvió el recurso de apelación presentado por la defensa del presidente Uribe, absolviéndolo de todos los cargos que se le imputaban.
Como era de esperarse, las huestes de izquierda, las alegadas víctimas y hasta varios de los miembros del gobierno -encabezados por el mismísimo Petro- empezaron a promover una campaña feroz de desprestigio, no sólo cuestionando la decisión, sino también a los dos magistrados -de una sala de tres- que la suscribieron. En paralelo, y haciendo honor a su consigna de combinar todas las formas de lucha, sin sustento jurídico aparente -porque como bien se sabe, la casación no es una instancia sino un recurso extraordinario que procede únicamente frente a una aplicación indebida del derecho-, expresaron su voluntad de interponer dicho recurso para que el caso regrese a la Corte Suprema y sea esta quien lo resuelva de forma definitiva.
También como era de esperarse y ante a la dificultad de sustentar una casación seria frente a una decisión que se tomó en riguroso derecho, la bancada de alegadas víctimas y la Fiscalía, elevaron al Tribunal, de forma sospechosamente coordinada, solicitud de prórroga del término para presentar la demanda de casación.
La solicitud que parece inofensiva toda vez que, dirán los contradictores del expresidente, Uribe también solicitó prórroga para la apelación y la juez Sandra Liliana le concedió 5 días, está cargada de veneno y es pieza clave de un entramado estratégico que están construyendo para nuevamente, en política, intentar vulnerar los derechos y garantías procesales que tiene cualquier colombiano y mantener sub iudice al jefe natural de la oposición, de cara a las elecciones de 2026.
Tres elementos fundamentales permiten construir la tesis que planteo: 1.Es desproporcionado-por decir lo menos- que Fiscalía y “víctimas”, que actúan en conjunto, presenten esa solicitud teniendo -el ente de control- una plataforma robusta de respaldo y unas capacidades instaladas que ningún otro equipo jurídico en el país puede equiparar. La Fiscal Marlen, tiene asignado el caso desde hace más de año y medio, estuvo presente en todas las audiencias de acusación, preparatorias y juicio, conoció todas las pruebas, participó en la apelación y se opuso a ella; lo que le da un conocimiento absoluto del proceso. Reclamar tiempo extra para una actuación que no es especulativa sino que supone la existencia de un motivo de interés casacional, es absurdo considerando que, de existir, 30 días hábiles -que es el término-, son suficientes para la exposición del interés. 2.La estrategia es ganar tiempo. 30 días más, se convertirían en casi dos meses y medio, por el término de vacancia judicial que va hasta el 5 de enero de 2026. Período suficiente para hacer campaña electoral a costa de la figura de Uribe y de la intimidación a los magistrados. 3. La apuesta no es solo electoral. Con este tiempo extra buscarán implementar una campaña de Lobby frente a la Corte para lo que, nombrar un ministro de Justicia exmagistrado de la Institución con influencia en ella -tal como lo intentaron con Cesar Julio Valencia-, se convierte en paso clave del entramado. Eso no supone que los Magistrados actuales, a quienes su seriedad e independencia los anteceden, vayan a ceder ante el lobby. No obstante, será la carta que se jugará la izquierda para lograr en política, lo que no ha podido lograr, ni en derecho ni en las urnas, que es eliminar la figura de Álvaro Uribe de la escena democrática.
Nota al pie: Reconociéndome, no una pesimista sino una optimista con sentido de realidad, me atrevería a decir que el Tribunal Superior, pensando en garantizar los derechos procesales, concederá el plazo de prórroga que solicitan Fiscalía y alegadas víctimas y en ese momento, activarán el plan. Hagan sus apuestas.
