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Hidroituango nos acostumbró a los antioqueños a hablar con cifras, potencia y caudales, no con intenciones. Por eso sorprende que, en plena emergencia invernal, se lea una central hidroeléctrica como si tuviera agenda propia, como si decidiera por codicia o capricho. Aquí manda la hidráulica, bajo protocolos de seguridad y reglas vigiladas por el Estado, que obligan a tomar decisiones para contener riesgos. Cuando desde la Presidencia se acusa a las represas de “botar agua gratuitamente” o de estar “súper llenas” de forma irregular, el debate técnico se desplaza hacia la sospecha y se convierte en ideología.
Petro ha señalado a operadores de hidroeléctricas, atribuyéndoles una motivación casi caricaturesca —“codicia”, maximización de utilidades— y llegando a calificar los vertimientos como “la continuación de un crimen ambiental”, como si evacuar agua cuando el embalse alcanza niveles máximos fuera un gesto de desprecio contra las comunidades, y no la forma concreta de evitar que el riesgo se desborde. El efecto es inmediato: una operación necesaria queda descrita como arbitrariedad dañina, y el país termina oyendo que cumplir un protocolo se parece, sospechosamente, a delinquir.
Muy simple: si los embalses botan agua, implica dejar de generar energía y perder ingresos. Ese hecho básico vuelve cuesta arriba cualquier teoría de lucro. Además, las hidroeléctricas operan dentro de reglas estrictas, con restricciones ambientales y exigencias de seguridad que no admiten la fantasía de una compuerta “libre”. Un embalse destinado a generación regula caudales y reduce el riesgo de inundación; esa tarea se concreta en decisiones que, en momentos de creciente, pueden amortiguar el pico o permitir que el río descargue con toda su capacidad hidráulica aguas abajo.
En Hidroituango hay un dato que debilita todavía más la acusación de improvisación. El proyecto cuenta con más de 3.600 instrumentos de monitoreo, capaces de anticipar el comportamiento del río Cauca con más de treinta horas de antelación, lo que permite seguir el caudal desde aguas arriba, preparar el embalse antes de la llegada de una creciente y definir, con tiempo suficiente, cómo deben operar las compuertas para mantener regulado el flujo aguas abajo. El manejo del riesgo, en estas condiciones, no depende del reflejo tardío, sino de vigilancia sostenida y anticipación, en coordinación con las autoridades de gestión del riesgo.
Lo inquietante es sostener el error como si fuera convicción, porque ese error tiene valor político. Le permite señalar culpables rápidos, ordenar la conversación pública alrededor de una sospecha y convertir el sistema eléctrico en escenario de batalla.
Hay límites que el debate ignora con facilidad: no toda el agua disponible se convierte en energía. Forzar la generación por encima de esos parámetros debilita confiabilidad y compromete escenarios futuros. La prudencia operativa es una forma concreta de responsabilidad. Esa racionalidad técnica incomoda a un Gobierno que, frente a una emergencia climática que lo desborda, prefiere un antagonista visible a una conversación más exigente, la que demanda coordinación real, inversión sostenida y una respuesta estatal que no se improvisa.
