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En agosto de 2025, el Ministerio de Educación Nacional trasladó a Angielly Paola Martínez como inspectora in situ (término ampuloso para una tarea mezquina), dizque para examinar la información financiera, acompañar reuniones directivas y analizar procesos administrativos en la Universidad de Antioquia. Su hoja de vida era ser especialista en Desarrollo territorial. Había trabajado en la Sociedad de Activos Especiales, SAE, para luego hacer parte del Ministerio de Educación siendo “la mano derecha” del ministro Juan Daniel Rojas. Su último puesto dentro de la SAE fue como gerente comercial. No había idoneidad sino pernicia.
Su cometido era repulsivo: “respirarle en la nuca” al rector John Jairo Arboleda C., fastidiarlo y llevarlo hasta el desespero. Su actuación de ventrílocua hacía que debía entregar un informe que, desde luego, tendría que ser aciago. Era el trabajo sucio del libreto. Habló de obstrucción, pero nunca probó nada y como emisaria generó un memorial de agravios para garantizar la salida de aquél. Fue, pues, autora material de un plan tramado por Gustavo Petro (autor intelectual) y Juan Daniel Rojas (como instigador). La tramoya se materializó en la Resolución 025421 del 29 de diciembre de 2025, la cual formalizó la suspensión temporal de la plaza rectoral, que no la destitución.
El 16 de enero de 2026, John Jairo Arboleda C. presentó su renuncia, investido de coraje, dignidad y valerosidad, para preservar la estabilidad institucional y la autonomía universitaria, eso sí, dejando expresa constancia de que la dimisión no constituía una aceptación de los cargos, amén de sostener que la decisión del Ministerio fue “ilegal, arbitraria e injusta”. Un final esperado para un plan macabro. Entre otras cosas, el ministro de Educación José Daniel Rojas, es el mismísimo de la tesis de maestría en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional, vergonzosamente reprobada. Y el que Sergio Fajardo motejó de “atarván” por ser insultador, ofensor, maltratador. O mejor aún, quien tiene que ser ejemplo para Colombia, pero que no tiene competencias básicas de civismo.
La escalada petrista por las universidades públicas en Colombia, pareciera no tener techo: la Industrial de Santander, la de Pamplona, la Distrital de Bogotá, la del Valle, la Popular del Cesar, la del Quindío, la Pedagógica, la Nacional, la del Cauca, la de Caldas y la de Antioquia. Baste decir que la célebre del título espurio, Juliana Guerrero, ha sido la delegada presidencial ante el CSU de la Universidad Popular del César. Y que el malhadado Wilmar de Jesús Mejía, alias Chulo, forma parte del CSU de la Universidad de Antioquia como representante del presidente, quien se resiste a salir de él y que no será removido por Petro. Una sinvergüenzada de marca mayor.
Pero la canallada era de antología: había que expedir la resolución en vacaciones del rector y al día siguiente girar $ 70.000 millones. Todo se juntó: extralimitación de funciones, grave vulneración de la autonomía universitaria, falsa motivación, violación del debido proceso, ausencia de formalidades, intromisión del ejecutivo y desviación de poder. Como abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, siento mi enérgica protesta por lo acaecido (pulverización de la autonomía universitaria) y le deseo al exrector Arboleda, al gobernador Rendón y al diputado Peláez, los mejores éxitos en las demandas de nulidad ante el Consejo de Estado. ¡Loor a la Universidad!
