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Hace 30 años el sector eléctrico empezaba una transformación profunda, la cual se consolidó relativamente rápido en un modelo de mercado altamente regulado y con responsabilidad social, que le ha permitido al país contar con un suministro de energía confiable, competitivo y capaz de enfrentar exitosamente múltiples desafíos, incluidos varios Fenómenos del Niño, todo tipo de contingencias técnicas y financieras, y numerosos atentados terroristas a la infraestructura de transmisión eléctrica. Muchos documentos se han escrito en estas tres décadas sobre las reformas del sector, principalmente sobre las Leyes 142 y 143 de 1994 y la posterior evolución de la política pública y regulatoria. Sin embargo, es importante recordar las razones estructurales que propiciaron dichas reformas, para evitar repetir errores del pasado. Para esta breve lección de historia, la cual se vuelve más pertinente en estos tiempos de adanismo, me apoyo en el libro del experto antioqueño Jaime Millán, Entre el mercado y el Estado: Tres décadas en el sector eléctrico de América Latina, publicado en 2006 por el Banco Interamericano de Desarrollo.
En 1990, dos años antes del apagón que aquejó al país durante 14 meses y que sirvió como catalizador de las reformas, ya era claro que el sector eléctrico colombiano era financiera y fiscalmente insostenible. En gran parte, la insuficiencia financiera se derivaba de que la tarifa media nacional se situaba en cerca del 79 por ciento del costo, pues mientras las tarifas industriales y comerciales tenían sobretasas del 20 y 26 por ciento, respectivamente, las tarifas que pagaba el sector residencial solo cubrían el 47 por ciento del costo del suministro. Este sistema de subsidios cruzados era insuficiente para financiar el 53 por ciento del subsidio que recibía el sector residencial, el cual terminaba siendo cubierto por el Estado. Como resultado de esta estructura y de múltiples ineficiencias, corrupción y falta de gestión, en los primeros años de la década de los 90, el sector eléctrico era responsable de la tercera parte de la deuda pública del país y en algunos años había llegado a representar hasta el 35 por ciento de la inversión pública. En conclusión, el pobre desempeño comercial y financiero hicieron que el sector generara déficits de hasta 1,3 puntos porcentuales del producto interno bruto.
Más allá de los números, la principal falencia del sistema eléctrico que existía antes de las reformas de los 90s era su dependencia —con contadas excepciones— en ineficientes monopolios estatales integrados verticalmente. La ausencia del sector privado, sumado a que las tarifas no reflejaban el costo del servicio, derivó en una acumulación recurrente de pérdidas y una gran carga fiscal. Adicionalmente, el modelo estatal se presta para que políticos inescrupulosos asuman el control de las empresas y el sector sea corruptamente utilizado como una agencia de empleos y de contratación. Claramente, fue el modelo estatal y no “el modelo neoliberal” el que generó el colapso del sector eléctrico colombiano a principios de los 90s. Y aunque seguramente hay muchas cosas por mejorar, gracias a las reformas promercado de hace 30 años, la oscuridad es un pasado al que Colombia no quisiera regresar.
*Miembro Distinguido Visitante del Centro de Política Energética Global de la Universidad
de Columbia en Nueva York.
