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Cuando una familia gasta más de lo que gana y recurre a tarjetas de crédito con tasas elevadísimas para pagar hasta el mercado, en algún momento todo se revienta. Entonces toca vender hasta lo que no tiene para salir a flote.
En Colombia estamos viendo una situación parecida. El gasto público sigue creciendo de manera acelerada, frente a ingresos que no alcanzan para cubrir ni siquiera la mitad de esas obligaciones. Por eso el único camino que le queda es endeudarse, y cada vez con intereses más altos. Eso es lo que ha decidido hacer Gustavo Petro, que se liberó de la camisa de fuerza de la regla fiscal –que le ponía freno al gasto descontrolado– y la hizo saltar por los aires.
A las voces de preocupación se sumó la Contraloría General, que emitió una advertencia fiscal con presunta incidencia disciplinaria contra el Ministerio de Hacienda. La Contraloría señaló que el Gobierno está contrayendo deuda con tasas cercanas al 15%, lo que confirma la profunda desconfianza de los mercados, y que de mantenerse esta tendencia el déficit fiscal superará con creces el 6,4% proyectado para 2025.
Se refirió particularmente a la emisión de Títulos de Tesorería, TES, por $6 billones de pesos. Haciendo una cuenta sencilla implica que el Gobierno tendrá que pagar cerca de $900.000 millones anuales solo en intereses. Es decir, ese único crédito exige pago de intereses que equivalen a todo el presupuesto de un año de un departamento como Caldas o Quindío —o la mitad del monto que en su momento pedían las EPS para no hundirse— destinada exclusivamente a enriquecer a los inversionistas que compraron esos títulos.
Si la alerta de la Contraloría General prospera podría derivar en sanciones para los funcionarios responsables del manejo de la deuda.
Recordamos que ese es apenas uno de los tantos créditos que Petro ha contraído a nombre del país. El de diciembre por $23 billones también levantó polémica. En los cuatro años de gobierno, la deuda pública creció más de $400 billones y supera hoy los $1.200 billones. El servicio de esa deuda consumió el año pasado $112 billones de un presupuesto de $511 billones: más del 20% del total, o cuatro de cada diez pesos recaudados en impuestos.
El presidente Petro, como es su costumbre, no asume responsabilidades y achaca al Banco de la República el pago de mayores intereses o culpa a su exministro José Antonio Ocampo por el mayor déficit fiscal y por medidas que adoptó, como si se hubieran hecho a sus espaldas y él no fuera el jefe de Estado. Es un patrón que se repite a lo largo de su mandato: cuando las cifras no cuadran, siempre hay un culpable externo. Nunca el modelo de gasto que él mismo impulsó desde el primer día.
Mientras las obras brillan por su ausencia y sectores enteros —como el eléctrico, al borde del colapso— esperan pagos que no llegan, los gastos de funcionamiento y nómina no paran de crecer. Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, la nómina estatal es hoy tres veces mayor que hace 20 años. En este gobierno, los gastos de personal crecieron 45%: de $45 a $65 billones en cuatro años, mientras el número de empleados vinculados al Estado aumentó en 130.000 personas. La DIAN, paradójicamente, es una de las entidades que más creció —más de 10.000 nuevos cargos— en medio de un recaudo tributario que no ha respondido a la altura. El resultado es un Estado más grande y más costoso, pero incapaz de garantizar luz en los hogares, obras en las regiones o pagos a tiempo a quienes prestan servicios esenciales.
Si el gobierno quiere tranquilizar a los mercados y no seguir pagando tasas tan altas, debe demostrar su compromiso con la sostenibilidad fiscal con hechos y no con palabras. Por el contrario, anuncia nuevas promesas de gasto en plena etapa electoral.
Y ahí está el punto más revelador: faltando 74 días para que termine este gobierno, se anuncia una reforma tributaria. Un gobierno que no tendrá que aplicarla le pasa la cuenta al siguiente. Lo mismo ocurre con los vencimientos de deuda concentrados en 2026, 2029 y 2030: la bomba está armada, el reloj corre, y quien llegue al Palacio de Nariño el 7 de agosto recibirá las llaves de una casa hipotecada hasta el techo.