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¿De cuál Antioquia estamos hablando? Es la pregunta que deberíamos hacernos cada vez que alguien se refiera al departamento, luego de conocer los detalles del informe que hace poco publicó Antioquia Cómo Vamos.
Este programa, Antioquia Cómo Vamos, nació el año pasado por iniciativa de universidades, tanques de pensamiento y fundaciones, con el propósito de hacer un monitoreo con datos de cómo va la calidad de vida en la región. En su primer informe hizo una radiografía reveladora que da lugar a hablar de la existencia de dos Antioquias separadas por una enorme brecha en términos de calidad de vida. Una Antioquia, urbana, concentrada en los potentes valles de Aburrá y de San Nicolás; y la otra, la Antioquia rural, en la que viven más de 2 millones de personas en las regiones con mayores desafíos, como Urabá, el Bajo Cauca y el Magdalena Medio.
Veamos: mientras que el Índice de Pobreza Multidimensional de la Antioquia urbana es de 5,9%; ese mismo indicador de pobreza en la población rural es del 24,2%, casi cinco veces más. Y si se examina ese indicador por regiones: mientras en Urabá, Magdalena Medio, el Bajo Cauca, el Nordeste y el Norte de Antioquia estuvo por encima del 15% en 2023, el del Valle de Aburrá fue del 5,8%.
El patrón se repite a lo largo del informe. Mientras el desempleo en Oriente fue del 3,7% el año pasado, en Urabá superó el 12%. La pobreza monetaria, que son las personas que viven con menos de 415.000 pesos al mes, fue del 23% en el Valle de Aburrá y el Suroeste, pero alcanzó el 36% en el Magdalena Medio y el 40% en Urabá. El déficit de vivienda es del 1,4% en el Valle de Aburrá, mientras que en Urabá y el Bajo Cauca supera el 20%. En cuanto a la cobertura de cajas de compensación, en el Valle de Aburrá es superior al 40%, pero en el Bajo Cauca y Occidente es inferior al 10%. La informalidad laboral en Medellín y el área metropolitana fue del 38,7%, en contraste con el 64,4% en el resto del departamento.
Con estas cifras tan dispares cobra mayor sentido el empeño del gobernador de Antioquia en intentar lograr, a través de un referendo o de cualquier otro mecanismo, una mayor autonomía fiscal para los departamentos. Es toda una paradoja que Antioquia, como dice el gobernador Andrés Julián Rendón, manda 30 billones de pesos a Bogotá –entendido este como la Nación– y Bogotá solo le devuelve 5 billones de pesos.
El argumento es que se debe repartir en las regiones que más lo necesitan ¿y qué hacer si Antioquia, por mandarlos a Bogotá, se queda sin recursos para atender las cada vez más agudas necesidades de sus regiones?
Si se mira Antioquia, como un todo, con sus 7 millones de habitantes, sabemos bien que es uno de los motores clave para la economía del país. Descontando a Bogotá, Antioquia lidera el Índice Departamental de Competitividad, gracias a que aporta el 15% del Producto Interno Bruto nacional, un 5% más que el Valle del Cauca, el que le sigue en la lista. Hasta ahí todo normal.
Pero comienza a preocupar el ver que en los últimos dos años Antioquia ha crecido un poco menos que el país. Todavía no parece ser grave, en la medida en que el buen arrastre de años anteriores pone al departamento con un crecimiento promedio del 3,3% desde 2015, por encima del promedio nacional.
También preocupa el hecho de que a pesar de que la pobreza multidimensional cayó del 15,3% al 9,5% entre 2018 y 2023, Antioquia se ha rezagado frente a regiones como Valle del Cauca, Cundinamarca, Caldas y Quindío, a pesar de que estas últimas tienen un menor PIB per cápita que nuestro departamento.
Y sin duda el mayor llamado de atención del informe es que, fuera del Valle de Aburrá, el 78% de los planteles educativos están entre los de desempeño más bajo, 23 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. Además, Antioquia es uno de los departamentos con mayor presencia de grupos armados ilegales, lo que agrava la situación en las zonas con peores indicadores de calidad de vida. El Clan del Golfo está presente en el 53% de los municipios del departamento, especialmente en Urabá, mientras que el ELN opera en el 26%, con fuerte presencia en el Bajo Cauca.
Nos unimos a este llamado para reflexionar sobre cómo priorizar la atención a esta Antioquia rural. Confiamos en que el gobernador, con medidas como destinar la totalidad del impuesto vehicular a la lucha contra el hambre, logre cerrar en algo esa brecha.
Como bien lo dice Antioquia Cómo Vamos, el territorio de nuestro departamento es dos veces la extensión de un país como Bélgica, por lo que es “importante no solo pensar en una descentralización del orden nacional hacia los departamentos, sino también hacia lo regional y lo municipal”.
Ojalá que cuando se publique el informe del año 2027, ya no tengamos que repetir este diagnóstico, podamos ser testigos de cómo se van cerrando las brechas entre estas dos Antioquias.