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A cualquiera podría resultarle difícil creer que un presidente elegido con la promesa de proteger el interés general, al llegar al poder, termine debilitando la principal empresa del país. Sin embargo, eso es —en esencia— lo que muchos observadores ven hoy en la gestión de Gustavo Petro frente a Ecopetrol.
Las cifras, más allá de cualquier interpretación ideológica, lo gritan. En 2022, al cierre del gobierno de Iván Duque, la compañía registró utilidades históricas por $33,4 billones. Tres años después, bajo la administración de Gustavo Petro, las ganancias rondan los $9 billones. No es una fluctuación menor: es una caída que reduce a una cuarta parte las utilidades en apenas un trienio.
Podría pensarse que el caso de Petro es el de un mandatario peculiar, el de un rey midas al revés o de un liderazgo particularmente errático. Pero no. Hay otro caso así de raro. En Venezuela, durante el gobierno de Hugo Chávez, se desmontó la meritocracia en PDVSA, se echó a la basura la memoria técnica y la empresa dejó de ser una petrolera para convertirse en una caja política. El resultado fue una caída sostenida de la producción —de más de tres millones de barriles diarios a mínimos históricos— y un deterioro estructural que, bajo Nicolás Maduro, terminó por arrastrar toda la economía. Cuando cayó PDVSA, cayó el país.
Colombia, por supuesto, no es Venezuela. Pero ignorar los paralelos sería, cuando menos, imprudente.
Hoy, las señales inquietan. Petro cambió la junta directiva, sacó a los técnicos, y puso allí a quienes están dispuestos a hacerle caso. Cinco de los nueve miembros de la junta de Ecopetrol parecen tener como única misión mantener a Ricardo Roa al frente de la compañía, y hacerse los de la vista gorda con las investigaciones, las denuncias de corrupción y las imputaciones de la Fiscalía por tráfico de influencias.
Por segunda vez en menos de una semana, la junta se reunió y sesionó para definir la permanencia o no de Roa en el cargo. Ayer nuevamente lo ratificó. Petro ha dicho que este no es el momento de quiebres gerenciales. Cómo será de grave la razón por la cual Gustavo Petro mantiene a Ricardo Roa al frente de Ecopetrol que llegó al extremo absurdo de acusar a la USO –sindicato que lo apoyó con más de $1.000 millones en su campaña a la presidencia– de estar aliado con el uribismo.
La junta directiva, que debería actuar como garante de la transparencia y del interés de los accionistas, ha optado por ratificar a Roa sin pudor alguno. La mayoría de los miembros de junta fueron nombrados por el gobierno y respaldan a Roa. Entre ellos están Ángela María Robledo, presidente de la junta; Tatiana Roa Avendaño; Alberto Merlano Alcocer, tío de Verónica Alcocer; Hildebrando Vélez, papá de la exministra de Minas Irene Vélez, y Carolina Arias Hurtado. Pero cuatro miembros han sentado una posición crítica y han dejado constancias para blindarse en caso de investigaciones. Se trata de Luis Felipe Henao, representante de los accionistas minoritarios; Ricardo Rodríguez Yee, quien representa los intereses de los departamentos productores de hidrocarburos; Juan Gonzalo Castaño y César Loza, quien fue presidente de la USO y es uno de los más fuertes críticos del gobierno.
La USO anunció una movilización nacional en defensa de la petrolera, que cayó 15 puestos en el ranking de reputación de Merco, al pasar del segundo lugar al 17. Todo esto ha llevado a la caída de la acción, pérdidas y sanciones para la compañía listada en la bolsa de Colombia y en la de Nueva York. La USO fue más allá y les advirtió a los miembros de la junta sobre las infracciones penales y administrativas ante la SEC (la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos), si se comprueba que no adoptaron las medidas necesarias para proteger la compañía.
Roa cada vez está más enredado con la “compra” de un apartamento a precio de ganga. El expresidente de Hocol, Luis Enrique Rojas, a quien sacaron del cargo, denunció que por lo menos en 15 ocasiones se reunió con Roa y con la pareja sentimental de éste, Julián Caicedo, quienes lo presionaron para que adjudicara un negocio de 1.400 millones de dólares al “vendedor” del apartamento.
A estas denuncias se suma la violación de topes electorales en más de 5.300 millones de pesos de la campaña a la presidencia de Gustavo Petro cuando Roa era su gerente y el pago de 42 millones de dólares de Ecopetrol a dos plantas generadoras de energía, a pesar de que habían sido cedidas a la empresa por Pacific Rubiales.
Nada de esto ha sido suficiente para generar un punto de inflexión. Y ese es, quizás, el dato más inquietante: no la existencia de denuncias, sino la aparente incapacidad institucional y del Gobierno para atenderlas con rigor. Porque en últimas, el problema no es una persona. Es un sistema de controles que parece estar fallando.
Ecopetrol no es una empresa cualquiera. Es un activo estratégico. Su debilitamiento no es un asunto corporativo: es un riesgo para el país.