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El escándalo que se ha destapado por las denuncias de acoso sexual contra dos reconocidos presentadores de televisión del país, Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Urrego, que ayer les costó sus puestos, pasará a la historia como el “MeToo” colombiano.
La noticia cobró fuerza no solo por la gravedad de los señalamientos —frente a los cuales les asiste la presunción de inocencia— sino porque el Canal Caracol tomó una decisión ejemplarizante al prescindir de sus servicios, mientras la Fiscalía abrió investigación.
Tiene algo de sorprendente que un fenómeno como este –tremendamente popular en 2017 en Estados Unidos– se haya demorado casi diez años en manifestarse en el país. En ese entonces, tras las acusaciones contra el poderoso Harvey Weinstein, millones de mujeres hicieron viral con la etiqueta #MeToo una realidad incómoda: el acoso no era la excepción, sino una experiencia extendida.
Aquí ocurre algo parecido. El #MeToo a la colombiana no creó el problema, lo puso bajo los reflectores. Desde el viernes pasado, cuando se conocieron estos casos, varias periodistas han comenzado a contar en redes sobre los abusos que, hasta ahora, habían callado.
No solo es inaceptable que ese tipo de comportamientos todavía se den en espacios tan privilegiados de la sociedad, como son los medios de comunicación, sino que nos confronta aún más como sociedad el hecho de que apenas ahora salgan a flote. ¿No se denunciaban antes? ¿O no se escuchaban?
Lo que empieza a revelarse no son episodios aislados ni malentendidos, sino los síntomas de una cultura laboral profundamente disfuncional: hombres que abusan de su posición y mujeres que, por tradición, miedo o presión, optaban por callar su indignación.
Y si nos apuran el problema se extiende a la sociedad colombiana toda pues pareciera que no hemos logrado entender que las bromas de mal gusto pueden ser formas de abuso, que una insinuación repetida puede ser violencia, y que el poder —cuando se ejerce sin límites— termina degradando al otro.
Ojalá este episodio que resulta altamente doloroso para todos, para las víctimas en primer lugar, y para las familias y las empresas afectadas, nos sirva a todos, como país, para algo. A veces se necesitan estos sacudones, estos escándalos cargados de símbolos, para que la sociedad corrija sus errores y pueda avanzar. Nadie puede seguir creyendo que sus actos no tienen consecuencias.
Capítulo aparte merece el jefe de gobierno, Gustavo Petro, cuyos comentarios sobre las mujeres son ya antológicos. Este lunes, mientras se desencadenaba el #MeToo criollo, se le ocurrió que la mejor idea para zafarse de la responsabilidad que le cabe al Estado por la caída del avión de la FAC era lanzar insultos degradantes contra mujeres que lo cuestionaban: “princesa de la oligarquía”, “animal de carroña” y “mujer vampira” fue el trato que les dio a tres destacadas mujeres del juego político en Colombia. Si el “líder” da ese ejemplo ¿qué puede esperar el resto del país?
Como si fuera poco, ayer también la Fiscalía ha dado un giro rotundo en el caso del gerente de RTVC Noticias, Hollman Morris, contra Lina Castillo, quien lo había denunciado por acoso sexual y luego terminó demandada por él. Este fin de semana, aprovechando la fuerza del movimiento Me Too Colombia, decenas de mujeres firmaron una carta recordando los abusos de este personaje.
Colombia cuenta hoy con protocolos alineados con estándares internacionales para enfrentar el acoso. El problema no es la norma, es su aplicación. Y, más allá de eso, la urgencia de una transformación cultural.
Porque los comportamientos abusivos no surgen de la nada: se aprenden, se toleran y se reproducen en entornos que no ponen límites. Cambiar eso no depende solo de las instituciones, sino de todos.
Este “Me Too” criollo no puede quedarse en tendencia. Tiene que ser un punto de quiebre. Uno que nos obligue, por fin, a entender que el respeto no es opcional, ni en la vida pública ni en el lugar de trabajo.