Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
Faltando poco más de cuatro meses para que acabe su mandato, el presidente Gustavo Petro ha decidido anunciar toda clase de medidas y proyectos que no puso en marcha o no pudo sacar adelante en los cuatro años en los que estuvo en la Casa de Nariño.
Más que un afán por desatrasarse de las promesas no cumplidas, ahora, con el sol a la espalda, se nota cierto interés en buscar a qué recursos echarles mano y trata de dejar un legado que le permita reelegir su proyecto político en la figura de Iván Cepeda.
El mandatario insiste en mantener mesas de diálogo con varias organizaciones armadas, a sabiendas que no van a arrojar ningún resultado. Los grupos criminales siguen creciendo al amparo de su equivocado programa de paz total, afectando a las poblaciones y poniendo en serios aprietos a la Fuerza Pública.
En su intención de poner en marcha la reforma a la salud por la puerta de atrás, le pidió al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo liquidar todas las EPS que se encuentran en quiebra, desconociendo que su gobierno fue el que las intervino y las llevó a una situación de crisis, además de no darse cuenta que puede dejar a millones de pacientes aún más a la deriva de lo que hoy se encuentran.
Por enésima vez el Gobierno anunció una posible rebaja en las tarifas de energía, que no ha logrado materializar. Esta vez, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, dijo que es necesario revisar el cargo por confiabilidad, que son los recursos que pagan los usuarios para que se garantice la prestación del servicio. Esa promesa la ha lanzado una y otra vez en su gobierno a sabiendas de que no tiene cómo hacerlo.
Petro anunció que presentará al Congreso el 20 de julio de este año una nueva reforma tributaria. Esta sería la cuarta reforma que el Gobierno llevará al Parlamento, lo que demuestra su espíritu alcabalero. Aunque solo logró que le aprobaran la reforma del 2022, varios de los impuestos que no aprobó el Congreso los ha sacado adelante mediante emergencias económicas, sin importarle si son fallidas o no.
Las “100 universidades nuevas” que prometió en campaña se han ido desinflando. Anunció que invirtió más de 700.000 millones en 41 proyectos de infraestructura universitaria, pero a la hora de ir a revisar en terreno, algunos son proyectos de dotación, otros son diseños que tal vez quedarán en el papel y solo una “nueva” es una construcción de aulas modulares.
En materia energética acaba de anunciar el programa Colombia Solar para llevar paneles solares a familias de estratos 1, 2 y 3, como si fuera algo nuevo. Cuando desde temprano en su gobierno entregó un contrato de $180 mil millones al cuestionado clan de Euclides Torres, y una revisión reciente demostró que de las seis granjas solares que el Gobierno inauguró en 2025, ninguna ha aportado el kilovatio a las comunidades vulnerables que aspira a beneficiar.
Lleva cuatro años anunciando una transición energética que no se ha visto porque los parques eólicos en los que empresarios privados invirtieron millonarios recursos siguen parados; ha atacado a las hidroeléctricas, las principales generadoras de energía y no ha desplegado mayores acciones para atender una creciente demanda, poniendo al país en riesgo de un apagón.
Mientras el sector de la construcción lanza alertas por el desestímulo en la compra de viviendas de interés social por la eliminación de subsidios y el aumento del salario mínimo, el Gobierno anuncia que está haciendo alianzas estratégicas para construir 10.000 viviendas en las zonas rurales.
Y está poniendo acelerador a las ayudas económicas para las poblaciones vulnerables. Hay que reconocer que incrementó las ayudas para los adultos mayores, pero los dejó esperando durante tres años, y solo les mejoró el subsidio que ya recibían al final de febrero, como antesala a las elecciones del 8 de marzo.
Prosperidad Social, además, iniciará el primer ciclo de transferencias monetarias de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA para los que se destinarán 323.495 millones de pesos para beneficiar a más de 760.000 hogares.
Si bien estas y muchas otras acciones son bienvenidas, lo que está en tela de juicio es por qué apenas ahora se ponen en marcha, justo en etapa electoral. Son multimillonarios los recursos que se están invirtiendo actualmente cuando el Gobierno espera que su proyecto político se reelija. Lo mismo ocurrió con el aumento del salario mínimo. Si Petro era partidario del salario mínimo vital por qué no lo puso en marcha en 2022.
Al Presidente ya se le fueron 44 meses sin cumplir la mayoría de las promesas que hizo en campaña. No consiguió la paz total ni acabó al ELN en tres meses, todo lo contrario. No mejoró el sistema de salud, no impulsó la transición energética, no frenó la corrupción.
Eso sí impuso un novedoso estilo que ha consistido en ser opositor de sectores de la sociedad y mantener distraída a la opinión pública y al país con anuncios que no se cumplen y posiciones extravagantes que crean polémica. Muchos de los más de 1.300 días en el poder se le fueron trinando o en agendas privadas o en viajes internacionales.
La ciudadanía deberá evaluar si este súbito activismo responde a una genuina intención de cumplir o a una estrategia para influir en las próximas elecciones.