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A veces, cuando las sociedades tienen problemas, la cura que se inventan para resolverlos puede ser peor que la enfermedad. Sobre todo si se equivocan a la hora de hacer el diagnóstico y no identifican la verdadera raíz del problema.
El anterior presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el argumento de que había que hacer algo contra la impunidad en su país, decidió proponer y aprobar la ley para que los jueces sean elegidos por el voto popular. Elecciones que se llevaron a cabo este domingo.
Los ciudadanos debían elegir a 2.600 jueces, entre ellos a los magistrados de la Corte Suprema, y se presentó un escandaloso abstencionismo: solo se acercó a las urnas el 13% de la población. Muchos votantes se quejaron de la falta de información. Demasiados candidatos y muy pocos perfiles conocidos puesto que solo hubo campaña durante 60 días, no se hicieron actos presenciales y todo se limitó a las redes sociales. El boicot se dejó sentir en miles de papeletas anuladas donde la gente escribió mensajes de protesta transmitiendo su inconformidad con estas elecciones.
Elegir a los jueces por voto popular no garantiza solucionar la impunidad ni la corrupción. Por el contrario, convierte al Poder Judicial en otro terreno de disputa electoral. Si los jueces deben hacer campaña y buscar el favor de los votantes —o de los partidos que los respalden— corren el riesgo de tomar decisiones no con base en la ley y la Constitución, sino en cálculos electorales o presiones políticas.
Este ambicioso experimento, que el partido de gobierno defiende como el mayor ejercicio democrático del mundo, ha despertado serias críticas de quienes sostienen que estas elecciones pueden abrir las puertas a jueces que respondan a poderes fácticos, incluido el crimen organizado y los narcos.
Estaban convocados alrededor de 100 millones de ciudadanos pero al final solo han votado 13 millones de personas. Son tan complejos estos comicios, en los que había 7.000 candidatos, que se tendrá que escrutar la honorabilidad de los antecedentes de cada uno de los elegidos, con lo cual el resultado definitivo puede llegar a demorarse hasta diez días.
Este detalle de la comprobación del pasado no es gratuito. Se sabe de por lo menos veinte candidatos más que cuestionables. Una de ellas, que aspira a ser jueza, fue asesora del famoso capo del narcotráfico Joaquín “El Chapo” Guzmán. Un candidato estuvo preso en Estados Unidos por tráfico de drogas, otro es exabogado de un sanguinario narco y hay un exfiscal señalado de amenazar a dos periodistas que luego fueron asesinados. Además están aquellos vinculados a la muy cuestionada secta La Luz del Mundo. Estos no son señalamientos menores en un país donde la guerra antidrogas lanzada en 2006 ha dejado más de 480.000 muertos y unos 120.000 desaparecidos.
A pesar de todo, el partido Morena al que pertenece la presidenta Claudia Sheinbaum, viene defendiendo la idea de que esta es la manera más democrática de reparar el grave problema de los tribunales, marcados por la corrupción y el nepotismo. Los dirigentes de Morena sostienen que al elegir a los jueces, los votantes les arrebatarán ese poder a los burócratas del Gobierno. Y también argumentan que esta es una reparación de la justicia, dominada por jueces que se han convertido en un contrapoder ejecutivo que solo sirve a las élites de México, en lugar de a los ciudadanos.
Muchos analistas consideran que el movimiento gubernamental dio uno de sus pasos más trascendentales para consolidarse en el poder al convocar estas elecciones. Dado que los jueces frustraban los planes del partido, este proceso de votación les permitirá eliminar el último control sobre el poder que han adquirido en estos últimos años. Son muchos los que creen que los candidatos alineados con el movimiento gubernamental serán los que saldrán elegidos en su mayoría para integrar los nuevos tribunales, por lo que el partido tendría el control de la tercera rama del Gobierno.
Aquí vale la pena recordar que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que llegó al mando en el 2018, solía descalificar a los jueces llamándolos corruptos. Sin embargo, durante años no cuestionó sus decisiones, hasta que en el 2023 el Tribunal Supremo bloqueó parte de sus iniciativas. De entre ellas destacaban sus esfuerzos por debilitar el organismo de control electoral o poner la Guardia Nacional bajo control militar. Esto explica en parte el hecho de que las elecciones hayan sido tan cuestionadas.
A pesar de todo, en lo que sí están de acuerdo los mexicanos es en que el sistema de justicia lleva roto ya hace mucho tiempo. Según datos de una encuesta anual, el 92% de los crímenes no se denuncian porque la impunidad es tal que mejor no acudir a la justicia. Y este porcentaje es el mismo desde hace décadas. Pero lo paradójico de estas elecciones es que si bien el 72% de los ciudadanos las consideraban necesarias, el 77% no sabía nombrar un solo candidato.
El tiempo dirá si este experimento funciona, pero de entrada, las cosas no pintan nada bien.