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Hoy se instala en el Capitolio el Congreso más renovado —y más ingobernable en apariencia— de la historia reciente de Colombia. Casi dos de cada tres representantes a la Cámara pisan por primera vez el recinto; en el Senado la renovación llega al 41 por ciento. El país cambió de caras con una velocidad que ningún analista había anticipado del todo, y sin embargo el resultado no es la ruptura que muchos prometieron en campaña, sino una fragmentación tan aguda que nadie —ni siquiera el presidente electo— puede llamar suyo a este Congreso.
Conviene mirar de cerca esa renovación antes de celebrarla. Junto a relevos generacionales con recorrido real, llegaron al Capitolio nombres que nunca habían hecho política y que construyeron su campaña sobre el reconocimiento digital antes que sobre la trayectoria pública. Wálter Rodríguez, conocido como “Wally”, y Laura Daniela Beltrán, “Lalis”, desembarcan en el Congreso con el capital político acumulado en redes sociales, no en la friega política de un partido o un concejo municipal. Luis Carlos Rúa, el ingeniero que se hizo conocido tras años de denunciar obras inconclusas disfrazado de “Elefante Blanco”, da el salto de la vigilancia ciudadana a la curul que antes fiscalizaba. Y en el Pacto Histórico, la exactriz de cine para adultos Deyci Alejandra Omaña, “Amaranta Hank”, llega al Senado reivindicando esa etapa de su vida.
El fenómeno no es propiedad de un solo partido —lo hay en el Pacto, en las listas liberales, en partidos menos conocidos— y responde menos a una apertura democrática que a una lógica de mercado: ante el desgaste de las marcas tradicionales, algunos partidos, y en particular el petrismo, prefirieron alquilar seguidores de Instagram y TikTok que construir liderazgos con oficio legislativo.
El resultado es un Congreso con más rostros inéditos que trabajo político acumulado, y la pregunta que debería inquietarnos no es cuántas curules cambiaron de dueño, sino cuántos de esos nuevos dueños saben, en rigor, qué es una ponencia, un pupitrazo o una moción de censura antes de votar reformas que le costarán al país billones de pesos o años de litigio constitucional.
Una novedad importante es que el nuevo Congreso despide al partido Comunes, heredero de las extintas Farc, que pierde las diez curules —cinco en el Senado y cinco en la Cámara— que el Acuerdo de Paz le garantizó de 2018 a 2026. Ocho años de bancada garantizada no les alcanzaron para construir una base social propia. En 2018 sumaron apenas 52.332 votos, en 2022 cayeron a 31.116, y este marzo la senadora Sandra Ramírez —la otrora Griselda Lobo— no llegó ni al 1 por ciento de la votación nacional.
El Pacto Histórico, por su parte, llega como la bancada más numerosa, con unos 25 senadores y ya se declaró en oposición: 26 senadores y 43 representantes amparados en el Estatuto de la Oposición, dispuestos a convertir el recinto en trinchera contra el gobierno entrante. El Centro Democrático, que pasó de 13 a 17 curules, y logró 30 representantes a la Cámara, a pesar de haberse declarado de Gobierno, se erige como la segunda fuerza y, paradójicamente, como el actor que en las primeras de cambio parece resultar incómodo para su aliado natural.
Hasta anoche, víspera de la instalación, la presidencia del Senado se disputaba voto a voto entre Alfredo Deluque, el candidato de Abelardo de la Espriella, y Honorio Henríquez, el que impulsaba el uribismo; hoy las mesas directivas podrían resolverse con Deluque en el Senado y Nicolás Barguil en la Cámara, los dos candidatos del gobierno electo. Que ese acuerdo haya tomado hasta el último día, dice más sobre la naturaleza de la coalición que cualquier discurso.
De la Espriella hereda así un problema viejo de la democracia colombiana: gobernar sin mayoría propia. Su ministro del Interior, Rodrigo Lara, tiene la tarea de convertir en gobernabilidad lo que hoy es apenas una intención de voto favorable. La agenda no admite pausas: reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo “Patria Milagro”, la elección del nuevo Contralor General a mediados de agosto y la renovación del Consejo Nacional Electoral. Cuatro decisiones de alto voltaje institucional, todas en manos de un Congreso que todavía no termina de organizarse a sí mismo.
El mapa de la fragmentación se refleja en los proyectos que se radicarán en las primeras de cambio. El gobierno saliente radica, con mensaje de urgencia, un quinto intento de reforma tributaria por $23 billones y un proyecto para prohibir definitivamente el fracking. El Centro Democrático radica iniciativas para formalizar la pequeña minería, poner un techo a los avalúos catastrales, indexar el subsidio de Colombia Mayor al IPC y ampliar el microcrédito para pequeños empresarios. Y el Pacto Histórico, ya en la oposición, insiste en la jurisdicción agraria que se le hundió en la legislatura pasada.
Conviene no confundir fragmentación con debilidad automática del Ejecutivo. Colombia ha visto presidentes gobernar con Congresos adversos mediante la fórmula de la mermelada, la negociación de burocracia y la paciencia de las comisiones. Pero también ha visto gobiernos que se desangran en cada votación porque sobrestimaron una mayoría que solo existía en el discurso de posesión. El desenlace dependerá menos de los números —103 senadores y 183 representantes— que de la capacidad del nuevo gobierno para leer que ninguna de esas curules le pertenece de forma automática.
Gobernar este Congreso será una gran prueba de si esta nueva era rompe con el pasado o si se mantendrá la fórmula de mucha renovación en las curules, ninguna en la manera de repartir el poder.