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En los últimos años, cada vez que se anuncian resultados económicos del país se presenta una paradoja: aparece un crecimiento positivo, que nos alegra porque habla de cifras, si bien no descollantes, por lo menos sí alentadoras. Pero por otro lado, se registran también unos indicadores de inversión privada en sus peores niveles de las dos últimas décadas.
Una cosa no parece cuadrar con la otra. Esa contradicción nos lleva a hacer una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto parte de esa “fortaleza” de la economía del país se sostiene sobre la bonanza del oro ilegal y la cocaína? Sin duda, los buenos precios del café, el turismo y las remesas que han estado en sus máximos, ayudan bastante. Pero nos toca admitir que ambas economías criminales han alcanzado proporciones históricas.
Colombia sigue siendo el primer productor mundial de cocaína, con más de 250.000 hectáreas sembradas y, además, con una eficiencia cada vez mayor: la producción potencial de cocaína en el país aumentó un 53% entre 2022 y 2023. En paralelo, el oro extraído de manera ilegal ya representa cerca del 70% de la producción nacional y, en departamentos como Antioquia, Chocó o el sur de Bolívar, ha superado al narcotráfico como principal fuente de financiación de estructuras armadas ilegales.
No sería extraño que rubros que tienen peso en el PIB, como el consumo, estén disparados, en buena medida, gracias al dinero que circula por la bonanza de estas actividades criminales. Bien lo dijo el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo: “La plata de los delincuentes está entrando facilito a la economía legal. La autoridad aduanera, la Autoridad Tributaria y la Autoridad de Fiscalización Financiera están apagadas. Ese es el verdadero pacto de este gobierno con los delincuentes: Yo no miro, metan la plata, y esa plata de la ilegalidad entra en la economía”.
El negocio global de la cocaína está en auge como nunca: la producción, el tráfico y el consumo se dispararon en 2023, al punto de convertirlo en el mercado ilícito de más rápido crecimiento en el mundo. Y aunque la violencia y las rutas siguen concentradas en el continente americano, hoy se trata de un negocio más global: Europa ha superado a Estados Unidos como mayor consumidor, y los mercados de Asia, Australia y el Medio Oriente cobran cada vez mayor preponderancia.
En esta industria transnacional —con capacidades logísticas, financieras y militares que rivalizan con las de muchos Estados— ya no hablamos solo de unos pocos carteles con cabezas visibles, como en los años 80 y 90, sino de organizaciones diversificadas y profesionalizadas, con tentáculos en bancos, empresas fachada, rutas marítimas y redes sofisticadas de lavado de activos, lo que vuelve a esta industria más atomizada, más “formalizada” y difícil de perseguir.
Mientras el oro, con un precio que ha superado los 3.000 dólares por onza en 2025, ha provocado una auténtica fiebre en América Latina, impulsada por las mismas redes que antes sólo traficaban drogas. El oro ofrece a los criminales una ventaja clave: es más fácil de mover, legalizar y vender que la cocaína. No hay perros entrenados en los aeropuertos que detecten lingotes ni tampoco un Donald Trump pidiendo bombardear a los que trafiquen con oro. No hacen falta rutas secretas cuando el propio sistema financiero global permite su tránsito con escasa vigilancia.
La logística es compartida: las mismas avionetas clandestinas, las mismas rutas fluviales, los mismos funcionarios corruptos que permiten mover cocaína se hacen los de la vista gorda cuando exportan oro de forma ilícita. Colombia, tristemente, es el epicentro de esta convergencia criminal. Según datos recientes de la FACT Coalition, el 70% del oro extraído en el país se hace de manera ilegal. Y lo más preocupante: se estima que los ingresos generados por esta minería ya superan a los del narcotráfico en varias regiones del país. Incluso, en departamentos como Antioquia, Chocó o el sur de Bolívar, la minería ilegal ha desplazado a la coca como principal fuente de financiación de estructuras criminales como el Clan del Golfo, el Eln o las disidencias de las Farc.
El resultado es devastador, y basta pasar por el Bajo Cauca antioqueño para ver los estragos en uno de los territorios más golpeados por esta economía criminal: ríos contaminados con mercurio, comunidades desplazadas y una presencia permanente de grupos armados que controlan desde dragas hasta territorios.
Colombia se enfrenta a la “tormenta perfecta” en materia de seguridad: el Estado está perdiendo control territorial ante organizaciones con músculo financiero. Lo cual, combinado con la política de “paz total” del gobierno actual, que ha limitado la capacidad de reacción de las fuerzas armadas, es la combinación necesaria para que este “dragón de dos cabezas” se convierta en el mayor enemigo de la presencia del Estado en muchos rincones del país.