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El presidente Gustavo Petro está utilizando las entidades públicas como si fueran de su bolsillo y las maneja como si estuviera dando órdenes en una finca. Manda a los directivos para que hagan lo que a él se le ocurre, sin consultar las consecuencias, pasando por alto a sus presidentes, a sus juntas directivas y a sus gobiernos corporativos.
Para la muestra un botón: “He decidido que el Hospital Militar de Colombia también vaya a Ucrania a intervenir a los niños y niñas que hayan sido heridos en esa guerra”, dijo el mandatario esta semana, así, sin mayores explicaciones. ¿Cómo así que él decidió eso? ¿Con quién lo consultó? ¿Quiénes van a ir? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo protegerá al personal que se desplace a la zona? Son muchos los interrogantes que surgen de una decisión que él tomó solo, a la carrera, de manera inconsulta, como la mayoría de los anuncios que hace.
O también, recientemente, el Gobierno le pidió al Fondo Nacional del Ahorro (FNA) que le girara más de 500.000 millones de pesos para “gasto social”. Esta petición es muy polémica si se tiene en cuenta que el FNA maneja las cesantías de los empleados públicos y otorga créditos con tasas favorables para la adquisición de vivienda. Es decir que si le entrega estos millonarios recursos al Gobierno estaría dejando de hacer gestiones para las cuales fue creada la entidad y podría comprometer los recursos de los empleados públicos.
El FNA históricamente ha reinvertido sus utilidades para brindar una mejor atención a los usuarios, que son los funcionarios públicos, pero el Gobierno quiere echarles mano a parte de estos recursos, en plena campaña electoral, con el argumento de que el Fondo tiene un exceso de reservas. Es decir, que, en lugar de premiar su buena gestión, la castigan. Como la junta directiva de la entidad se opuso a esta maniobra, el tema se escaló a las superintendencias Financiera y de Sociedades, que son manejadas por Petro.
En el Banco Agrario también están pasando cosas que no parecen ser del todo transparentes. En un hecho que hace recordar el escándalo del programa Agro Ingreso Seguro, que favorecía con créditos a familias pudientes; algo parecido puede estar ocurriendo en este banco estatal. Los hermanos de Verónica Alcocer, primera dama de la nación, habrían pedido préstamos por 8.000 millones de pesos para respaldar un negocio inmobiliario. Deja muchas dudas éticas y morales que los familiares de Alcocer se quieran beneficiar de créditos estatales y que al frente de la entidad esté un amigo de la ex esposa del mandatario.
Uno de los casos más dramáticos del abuso de Petro con las entidades públicas son las órdenes a los directivos de Ecopetrol a quienes les ha exigido echar para atrás millonarios negocios, mientras se hace el ciego, sordo y mudo con las denuncias de corrupción en esa entidad y con las gestiones no tan claras de su presidente, Ricardo Roa, que tiene enredos por donde se mire.
La mayor empresa el país ha sido el trompo de poner de Petro. Primero ordenó frenar los nuevos contratos de exploración de petróleo y gas, después pidió acabar con los proyectos piloto del fracking; posteriormente, en julio de 2024, echó por tierra un millonario negocio de Ecopetrol con Occidental Petroleum (Oxy), el proyecto Oslo por 3.600 millones de dólares, que le representaría a la petrolera aumentos en reservas, producción y utilidades. A pesar de que la petrolera había anunciado que firmaría ese negocio, y se lo notificó así a la Superintendencia Financiera, a los pocos días, y después de una llamada de Petro, la empresa se retractó.
Y como si fuera poco, Petro viene insistiendo en la venta de la participación de Ecopetrol en el negocio que tiene con la Oxy en la cuenca del Permian, en Estados Unidos, que le ha permitido incrementar en más de 115.000 barriles diarios su producción y subir las reservas. El mandatario no respeta la junta directiva, el máximo órgano de dirección, que está conformada en su mayoría por representantes del Gobierno. La junta le está dando largas al asunto porque sabe que puede terminar involucrada en posible detrimento patrimonial. Pero eso parece importarle poco a Petro.
Lo que está pasando se repite en muchas empresas del Estado, cuyos presidentes y gerentes escuchan todo el tiempo peticiones a veces caprichosas y otras irresponsables del mandatario o de su círculo más cercano. Las entidades públicas no pueden ser manejadas como entidades de bolsillo de un gobierno. Tienen que ser manejadas con responsabilidad y seriedad, cumpliendo altos estándares corporativos. Funcionarios que no se atrevan a decirle no al Presidente deberían renunciar para no afectar el patrimonio público. Por encima de la terquedad debe primar la sensatez.