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Hay puestos y entidades que se han vuelto un quemadero. Es el caso de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, que completa cuatro directores en tres años. Todos han salido por la misma razón: no han cumplido las metas de recaudo de impuestos.
Los funcionarios no pueden cumplir porque el Ministerio de Hacienda no hace bien las cuentas e infla los recaudos esperados. Se hacen cuentas de la lechera. No es de extrañar que el gobierno tenga que anunciar cada cierto tiempo la presentación de reformas tributarias para cubrir los faltantes.
Con una economía que crece por debajo de lo esperado, con un gobierno que golpea al sector privado con nuevos impuestos, con desestímulos a la inversión y golpes a sectores generadores de ingresos como hidrocarburos y minería, es un contrasentido esperar que las empresas paguen más impuestos y aumenten las arcas del Estado. Pero eso no lo entiende el presidente Petro, que prefiere culpar a los directores de la Dian de los bajos resultados. Hay que reconocer que ellos son responsables por avalar cifras que les quedan grandes. El gobierno ha recurrido a romper la regla fiscal y elevar la deuda pública para tapar huecos. Pero esta política tiene límites.
Por la entidad han pasado Luis Carlos Reyes, Orlando Villabona y Luis Eduardo Llinás. Y ahora ingresará Carlos Emilio Betancourt. A todos les han exigido aumentar el recaudo. El caso más sonado es el de Reyes, conocido como Mr. Taxes, quien se enfrentó con el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y que pasó de ser uno de los funcionarios consentidos de Petro a uno de sus principales contradictores.
Si bien, en 2023 el recaudo de impuestos llegó a una cifra récord de 279 billones de pesos, con crecimiento del 22% frente al 2022, este buen desempeño obedeció en gran parte a la ambiciosa reforma tributaria aprobada por el Congreso y a las mayores retenciones en la fuente. Pero en 2024 el recaudo no mostró el mismo dinamismo y el año terminó con una caída de 4,4% con un total de 267 billones. Reyes quedó en la cuerda floja por los enfrentamientos con Bonilla. El funcionario dijo que las metas propuestas por el Ministerio de Hacienda estaban infladas y no reflejaban la realidad económica del país.
En las cuentas alegres para el 2024 se incluyeron recursos extra por cerca de $20 billones correspondientes a resolución de litigios y mayor eficiencia de la Dian. No se dio ni lo uno ni lo otro. El gobierno le dijo al Congreso que esperaba ingresos tributarios ese año por 312 billones, pero solo recaudó 267 billones, es decir 45 billones menos, lo que llevó a Bonilla a anunciar un recorte en los gastos de $28 billones y a cuestionar a Reyes por falta de gestión fiscal.
Los enfrentamientos llevaron a la salida de Reyes de la Dian, quien cayó parado porque fue designado ministro de Comercio. La dicha no le duró mucho. Salió del cargo a los 10 meses y prendió el ventilador con denuncias sobre presiones para nombrar recomendados de congresistas en la Dian, especialmente en las aduanas de Barranquilla y Buenaventura, por donde entra el mayor volumen de mercancías al país, pero también el contrabando. Entre quienes ejercieron presión denunció a Roy Barreras y a Armando Benedetti.
Reyes fue reemplazado por Jaime Orlando Villabona, profesor de la Universidad Nacional. Pero a los seis meses Petro le pidió la renuncia por el bajo recaudo y porque no expidió un decreto para cobrarle el IVA a los juegos de suerte y azar en línea. En su reemplazo fue designado Luis Eduardo Llinás, quien en una situación que no se ha explicado estaba también al frente de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF. Llinás acaba de salir en medio de la inconformidad del presidente por el comportamiento de los ingresos tributarios. Al menos en teoría.
Más allá de explicaciones oficiales —o la falta de ellas—, su retiro se produce en medio de un preocupante coctel de ineficiencia en la gestión tributaria, escándalos por presunto tráfico de influencias y tensiones diplomáticas ligadas a organismos de inteligencia financiera internacionales: la UIAF fue suspendida del Grupo Egmont, un revés que mina la credibilidad de Colombia en la lucha global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
En paralelo, Llinás enfrenta una investigación disciplinaria por posibles vínculos con el escándalo de corrupción en la UNGRD, en el que se le señala por recomendar contratistas cercanos, incluido su hermano. Estos hechos dejan un sabor amargo en la opinión pública y exigen respuestas claras de los organismos de control.
El gobierno no aprende la lección y sigue inflando cifras. Para este año se tenían previstos ingresos por cerca de $300 billones, cifra que posteriormente se bajó a 280 billones y que a decir de expertos tampoco se cumplirá. Para 2026, el recaudo incluye una reforma tributaria por $16 billones, cuya discusión no ha iniciado en el Congreso, donde no hay ambiente para aprobarla.
En reemplazo de Llinás asumiría como director encargado el actual viceministro de Hacienda, Carlos Emilio Betancourt. Como sus antecesores, el reto será aumentar ingresos tributarios. Pero el funcionario entra en medio de una caída del 4,9% frente a las metas previstas.
Por más que se quieran estirar las cifras la realidad es tozuda. Mientras se le dé garrote al sector privado no se puede esperar que pague más impuestos. Mientras se desincentive la inversión no se puede esperar que lleguen recursos frescos a Colombia. Con cambiar cuatro veces al director de la DIAN no se logra cambiar esa realidad.