El trigésimo aniversario del holocausto del Palacio de Justicia ha servido para que el país vuelva la mirada atrás, reflexione sobre múltiples factores que han exacerbado su clima de violencia y ponga de presente ante las nuevas generaciones la permanente polarización de una sociedad que nunca se ha dado tregua a sí misma.
Aparte del hallazgo de algunos restos de dos de las personas desaparecidas durante los hechos de noviembre de 1985, pocas verdades adicionales se han conocido. Casi todas siguen pendientes. De la responsabilidad penal del M-19, no obstante, se abre una vía nueva, tal como lo ha informado el fiscal general, Eduardo Montealegre.
Ya ha habido oportunidad de recordar el nexo entre el narcotráfico (el llamado Cartel de Medellín) y los cabecillas del M-19 de esa época. Ahora de lo que se trata, según el fiscal, es de determinar la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, la responsabilidad que cabe a sus dirigentes de entonces y que aún viven, así como la revisión que ello implicaría de las amnistías concedidas por el Estado colombiano.
La complejidad de todo este proceso es evidente. De inmediato se han hecho consideraciones políticas, inevitables por demás. El M-19 llegó a acuerdos de paz con el gobierno de Virgilio Barco (1989), y hay consenso en que han cumplido sus compromisos. Algunos de sus miembros (los “intelectuales” y los armados) han ocupado y siguen ejerciendo responsabilidades de gobierno o como legisladores.
La investigación que ahora se abriría, y que corresponderá al vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, es de carácter penal. Y comprende el estudio de la normativa nacional, la internacional en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. E implica la revisión de la vigencia de esas leyes en el tiempo.
La responsabilidad penal es individual, con las especificidades que en estos movimientos armados se aplican acogiendo la teoría de los aparatos organizados de poder (autoría mediata). Quien podría haber arrojado luces acerca de la decisión criminal de tomarse el Palacio de Justicia era Carlos Pizarro Leongómez. Este año (26 de abril) se conmemoró el 25 aniversario de su asesinato, y esta ocasión sirvió para elevar su figura como adalid de la paz pero en ningún modo para hacer un ejercicio de memoria sobre su responsabilidad en aquella matanza en plena Plaza de Bolívar de la capital del país.
Hasta el Centro Democrático del expresidente y senador Álvaro Uribe ha pedido un acuerdo político para dejar incólume la amnistía a los miembros del M-19. Sin embargo, la revisión de los argumentos jurídicos del fiscal Montealegre, reforzados por otro documento igualmente sólido del procurador general Alejandro Ordóñez, dejan la duda de si primará lo jurídico o lo político, máxime en un momento en que el gobierno colombiano ha subordinado todo el ordenamiento jurídico nacional e internacional para ponerlo a disposición de un grupo que para su supervivencia necesita que no haya leyes aplicables.
Cuando las amnistías a los militares del Cono Sur fueron anuladas, hubo aplauso continental de múltiples sectores. Ahora, el listado de instrumentos internacionales que el fiscal colombiano cita para anunciar -ya veremos si para ejecutar- un plan de revisión de amnistía también para conductas que pueden ser consideradas de lesa humanidad o como crímenes de guerra, podría ser aplicable a un grupo guerrillero de izquierda. Algo impensable hasta hace apenas unas semanas.
Las condenas contra el Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso específico de la retoma del Palacio de Justicia, han sido por denegación de justicia. Se abre la posibilidad de saber si la justicia seguirá siendo selectiva, o si de la vigencia de los derechos humanos se desprenden exigencias para todos.
