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Lejos de condenar a encapuchados o la coacción a ciudadanos, el presidente de la CUT no solo los defendió: los enmarcó como ejercicio de un derecho. Eso denota abuso a millones de colombianos.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que durante décadas fue reconocida por su lucha por la dignidad laboral y los derechos fundamentales, atraviesa hoy una preocupante deriva que la aleja de su misión histórica. La huelga nacional, que convocó recientemente, más que un acto reivindicativo, se convirtió en un intento de demostración de fuerza al servicio del Gobierno y no de los trabajadores, lo que ha terminado por minar la legitimidad de su dirigencia ante la ciudadanía.
Lo ocurrido los días 28 y 29 de mayo en varias ciudades del país, especialmente en Bogotá, reveló una estrategia desconectada de la realidad de los trabajadores a quienes supuestamente la CUT representa. Cientos de miles de personas, muchas de ellas de sectores populares, vieron interrumpida su rutina laboral debido al bloqueo de Transmilenio. ¿Cómo puede una organización obrera justificar que en nombre de los trabajadores se les someta a ellos mismos a tener que caminar jornadas extremas?
Lejos de condenar el uso de encapuchados o los actos de coacción a ciudadanos que querían ejercer su derecho al trabajo, el presidente de la CUT, Fabio Arias, no solo los defendió, sino que los enmarcó como parte del ejercicio de un derecho fundamental. Esa postura, más que una defensa del derecho a la protesta, denota una preocupante trivialización del abuso y del atropello a millones de colombianos.
En una democracia, el derecho a la protesta social es inalienable, pero no puede convertirse en patente para vulnerar otros derechos igual de fundamentales. Cuando una manifestación impide el transporte público, afecta servicios esenciales o pone en riesgo la integridad de las personas, no es protesta: es sabotaje. Arias parece ignorar que en esos bloqueos también se afectan pacientes, estudiantes, trabajadores informales y madres cabeza de hogar, que no tienen la opción de detener sus actividades.
A este desacierto se suma una paradoja aún más desconcertante: la CUT se ha opuesto a las propuestas contenidas en la reforma laboral que sin duda benefician a los trabajadores. Medidas como el pago del 100% de recargos dominicales y festivos, la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales o la posibilidad de trabajar cuatro días y descansar tres, difícilmente pueden ser calificadas como regresivas. Que la principal central sindical del país rechace esas iniciativas sin presentar propuestas, solo por ponerse del lado del Presidente de la República, agrava su distanciamiento de los intereses reales de los trabajadores.
La CUT fue durante décadas un actor clave en la construcción de derechos laborales en Colombia. Hoy, no parece ser ni la pálida imagen de lo que fue. Corre el riesgo de ser percibida como un brazo político del gobierno Petro, más interesado en sostener movilizaciones simbólicas que en construir soluciones. Movilizaciones, en las que se usan a los trabajadores con propósitos electorales: el poder por el poder. En una coyuntura en la que Colombia necesita acuerdos y consensos, es lamentable que una organización sindical histórica se entregue al activismo estéril.
El anuncio de un nuevo paro para el 11 de junio confirma esta tendencia. Pero si algo ha quedado claro tras la baja asistencia a la jornada anterior, es que la ciudadanía no está dispuesta a seguir en esa lógica de confrontación perpetua. La mayoría quiere trabajar, progresar, encontrar estabilidad. Los trabajadores no necesitan arengas ideológicas ni bloqueos que les impidan llegar a sus empleos; necesitan una dirigencia que los escuche, los represente y actúe con sensatez.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha señalado con razón que no es admisible alterar un servicio público esencial como el transporte, y ha anunciado acciones legales contra quienes lo promuevan. En lugar de desmarcarse de ese tipo de prácticas, Arias se ha reafirmado en ellas, lo cual agrava aún más el descrédito que pesa hoy sobre la CUT.
Colombia necesita sindicatos fuertes, sí, pero también responsables y legítimos. Sindicatos que defiendan al trabajador sin ponerlo en medio del fuego cruzado de intereses electoreros. La CUT está a tiempo de corregir su rumbo, pero para ello deberá escoger entre seguir siendo un actor relevante en la construcción del país o convertirse en una sombra de lo que alguna vez representó.
Porque tanto va el cántaro al agua que termina por romperse.