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La fabricación de mentiras se está convirtiendo, lamentablemente, en una de las industrias más cotizadas del mundo. Es tal la sobrecarga de desinformación que la gente empieza a concluir que es imposible saber la verdad. Y, como lo advirtieron en la Conferencia sobre Manipulación Informativa e Injerencia Extranjera que acaba de tener lugar en Argentina, todo indica que el nuevo capítulo está escribiéndose en América Latina.
Wojciech Solak, especialista en “guerra de la información”, sugirió a las sociedades que pueden ir acostumbrándose porque el fenómeno de la desinformación llegó para quedarse. Y aunque suene a película de Guerra Fría, también quedó claro en la conferencia el protagonismo de los rusos: crean narrativas para fracturar alianzas, organizan redes de sitios web clonados que imitan medios legítimos y, mediante inteligencia artificial, potencian una maquinaria de propaganda capaz de producir millones de artículos sin intervención humana.
Esa teoría se hizo dramáticamente real esta semana en Colombia. El gobierno de Gustavo Petro ha convertido la desinformación en política de Estado. Este gobierno que ataca a los medios independientes, que señala conspiraciones en cada reportaje incómodo, que usa el canal público para atacar a la prensa crítica, es el mismo que el pasado lunes difundió a ocho millones de seguidores una falsa noticia fabricada con inteligencia artificial para atacar al presidente de Ecuador.
Vale la pena detenernos en los detalles del episodio porque son reveladores. Petro compartió un video que mostraba a presentadores de Noticias Telemundo informando sobre supuestos vínculos del presidente Daniel Noboa con el narcotráfico. Pero ese reporte nunca existió: el video manipulaba una transmisión auténtica del 23 de marzo. La plataforma DeepFake de la Universidad de Buffalo determinó en un 99,7% la probabilidad de que fuera generado con IA. Los errores del montaje eran burdos: la pantalla mostraba “Noticias Telefarinoo” y la presentadora mexicana hablaba con acento español. Telemundo tuvo que desmentirlo. Petro borró su trino sin disculparse, y desde la Casa de Nariño salieron con el absurdo argumento de que la cuenta es “personal” y no representa al Gobierno.
Lo cierto es que el Presidente de la República difundió una mentira fabricada, a sabiendas o sin verificar, contra un jefe de Estado extranjero. Esto no es un accidente ni un tropiezo aislado. Es el patrón de un gobierno que ha construido su relación con el periodismo sobre la sospecha, el agravio y la acusación sin evidencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo documentó con rigor en su informe anual, publicado esta semana, que dedica un capítulo durísimo a Colombia: confirma un “patrón de estigmatización” protagonizado principalmente por el presidente Petro, quien “ha calificado a ciertos medios y periodistas como ‘desinformadores’, ‘mentirosos’, ‘criminales’, ‘vagabundos’, ‘cooptados’, ‘de oposición’, ‘oligárquicos’ con el aparente propósito de desacreditar su labor y justificar represalias”. El caso de la periodista Diana Saray Giraldo, a quien Petro llamó “criminal” en julio de 2025, lo menciona la CIDH. Por esa misma época, la periodista Paola Herrera anunció su retiro tras una campaña de hostigamiento en redes detonada por señalamientos públicos del mandatario. Y la CIDH también apunta algo que ya había alertado la Unión Europea: la tóxica cercanía entre los medios públicos y el gobierno. No es un señalamiento abstracto: es exactamente lo que hemos visto desde el 19 de abril, cuando la Revista Raya —financiada por el gobierno— y Señal Colombia revelaron como si fuera un gran escándalo la existencia de una supuesta estrategia del sector privado para incidir en las elecciones.
Parafraseando la propaganda de Goebbels, no importa que el escándalo sea verdad lo que importa es hacerlo creíble. De tal manera que para darle un empaque sospechoso, lo presentaron con fotografías pegadas con pines en un tablero, conectadas por líneas rojas, como si se tratara de un organigrama criminal. Gustavo Petro, a renglón seguido, lo amplificó en sus redes como “la red empresarial/mediática de extrema derecha” que “empieza a amenazar como en los viejos tiempos”, e Iván Cepeda pidió a la Fiscalía investigar la “operación Júpiter”.
Fue suficiente para que medios independientes como La Silla Vacía quedaran contra la pared en un escándalo que es más humo que verdad. La tal estrategia consiste en talleres para trabajadores de empresas y producción de contenido político de cara a las elecciones. ¿Cuál es el delito de que los empresarios ofrezcan talleres sobre democracia? ¿Acaso Petro es el único que puede dirigirse a la nación hablando de política?
Así opera la máquina de propaganda. El mismo presidente que difundió un fake sin verificarlo, que llamó “criminal” a una periodista, que usa el canal del Estado para lanzar acusaciones sin evidencia, pide ahora que la Fiscalía investigue al periodismo.
La ironía perfecta es que todo ocurrió al mismo tiempo: el informe de la CIDH documentando el acoso oficial, el fake de Telemundo y la operación contra La Silla Vacía usando el canal público. Tres episodios, un mismo método: fabricar la realidad que conviene, desacreditar a quien la contradice, y usar los recursos del Estado para amplificarlo.
A 35 días de una elección presidencial crucial se destapa sin pudor el aparato de propaganda del gobierno. El candidato Iván Cepeda, tan veloz para pedir la cabeza de La Silla Vacía ante la Fiscalía, no dijo una sola palabra cuando el presidente difundió el fake de Telemundo, ni cuestionó el uso de Señal Colombia, ni se pronunció sobre el informe de la CIDH.
Lo primero que muere en una dictadura es la verdad.