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No es normal que al Presidente de la República no parezca importarle la verdad. Desde el mismo día del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, Gustavo Petro emprendió una carrera temeraria de señalamientos.
Como si hablara con regadera, ha lanzado ya al menos ocho versiones distintas –algunas parecidas también– sobre los presuntos responsables del crimen, sin que a la fecha exista una sola captura que respalde sus hipótesis. La investigación sigue huérfana de certezas sobre los autores intelectuales y boicoteada por especulaciones constantes del mandatario. Eso, en cualquier democracia seria, es inaceptable.
Este martes se cumplen cuatro meses del atentado, en el que un adolescente de 15 años se le acercó sin problema alguno al candidato presidencial del uribismo mientras daba un discurso en plena calle en un barrio de Bogotá. ¿Qué pasó con su seguridad? ¿Por qué lo mataron tan fácil? Son preguntas que aún no tienen una respuesta convincente.
Pero lo que vino después ha sido aún más preocupante: la confusión deliberada promovida desde el Palacio de Nariño. Desde el 7 de junio, cuando Petro sugirió que el crimen tenía “la marca de los asesinatos de dirigentes políticos”, hasta las más recientes alusiones al “negocio de las esmeraldas” y a una supuesta “Junta del Narcotráfico en Dubái”, el mandatario ha ido cambiando una versión por otra, y van desde la infiltración del Estado hasta una conspiración internacional. En el camino, ha señalado a las disidencias de las Farc, al ELN, a su exministro Álvaro Leyva, a alias Gancho Mosco, a alguien que vive en Madrid y otro en Dubái e incluso a empresarios y políticos de derecha. En total, más de ocho líneas de acusación distintas, todas sin aparente sustento.
No es normal que el jefe de Estado de un país donde la violencia política ha dejado heridas profundas actúe con semejante ligereza ante un asesinato que conmocionó al país.
Antes de formular hipótesis, el deber del Presidente es garantizar una investigación seria, proteger las pruebas y mantener la mayor prudencia. Petro ha hecho exactamente lo contrario: ha politizado la tragedia, contaminado la investigación y debilitado la confianza en los encargados de esclarecer los hechos. Por momentos pareciera estar afanado en repartir culpas sobre el caso.
Más grave aún, en una de sus versiones, el Presidente insinuó que el crimen podría estar relacionado con “negocios de esmeraldas” vinculados a la familia de la víctima. “El señor del DNI me tiene que buscar esa información porque nadie ha sabido qué negocios había en la familia alrededor de las esmeraldas y eso hay que decirlo”, dijo Petro sin ninguna consideración con la víctima y su familia.
Ese tipo de afirmaciones, sin evidencia, constituyen una ofensa imperdonable: no solo revictimizan a Miguel Uribe, sino que insultan a su familia, a sus electores y a todo un país que exige verdad y justicia. ¿Qué necesidad tiene de dar una orden de buscar una información ante todo el país poniendo en duda la honorabilidad de la familia del senador asesinado?
La hipótesis en la que ha insistido recientemente es la que él ha bautizado como “Junta Mundial del narcotráfico en Dubái”, que supuestamente usa para sus crímenes al Clan del Golfo y a las disidencias de las Farc. Incluso Petro ha dicho que no será posible negociar con esas estructuras si no rompen su relación con la tal Junta del Narcotráfico y desmantelan los negocios ilícitos. Sin embargo, el 18 de septiembre su gobierno viajó a Catar a negociar precisamente con el Clan del Golfo. ¿Qué explicación tiene el Gobierno? O las hipótesis del Presidente son falsas o francamente estamos en una total degradación de la ética y del respeto por la Constitución.
Un mandatario puede errar en sus apreciaciones políticas, pero no puede jugar con la verdad en casos de sangre. Cada palabra suya tiene peso institucional y consecuencias judiciales y sociales. Cuando desde la Casa de Nariño se lanzan nombres al azar y se confunden los hechos con las suposiciones, no solo se contamina la investigación, sino también surgen toda serie de suspicacias sobre las razones que llevan al mandatario a proceder de esta manera.
El país aún no sabe quién ordenó matar a Miguel Uribe Turbay. Pero empieza a tener claro quién ha contribuido a enturbiar la búsqueda de la verdad. O al menos, si es verdad lo que él dice, pone permanente al tanto a los criminales sobre los avances de la investigación. No es normal que el Presidente actúe como si todo valiera, como si el dolor de una familia y la dignidad de la justicia fueran simples piezas de un discurso político.
En un país donde los líderes han muerto por decir la verdad, no puede ser el propio Presidente la banalice.