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En América Latina y en Colombia, ser mujer sigue siendo una condición de riesgo. Cada 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se renuevan los discursos y las campañas, pero la crítica realidad no parece ceder: cuerpos y vidas continúan siendo blanco de una violencia estructural, cotidiana y extendida que deja cicatrices físicas, psicológicas y sociales profundas. La región, y Colombia en particular, se encuentra atrapada en una guerra sin tregua contra las mujeres, que se recrudece ante la apatía o complicidad de las instituciones.
Las cifras oficiales lo insinúan, pero el verdadero drama se esconde detrás del silencio. En el último año, se registraron más de 60.000 denuncias por violencia intrafamiliar. A simple vista, parecería una proporción baja en un país con 18,5 millones de hogares. Apenas el 0,32 %. Pero esta lectura esconde una verdad mucho más dolorosa: en Colombia, la violencia dentro del hogar está profundamente subregistrada. Según estimaciones de ONU Mujeres y Medicina Legal, solo entre el 10 % y el 20 % de los casos llegan a las autoridades. Si estos porcentajes se aplican, hablamos en realidad de entre 300.000 y 600.000 hogares —hasta el 3,2 % del total— donde impera el miedo en lugar del amor. Un infierno privado en el que muchas colombianas están atrapadas.
No se trata únicamente de agresiones físicas. La violencia contra las mujeres ha mutado. Hoy encuentra un nuevo campo de batalla en el universo digital, donde se reproduce con brutal eficacia, amparada por el anonimato, la viralidad y la impunidad. Plataformas que prometieron democratizar la voz, empoderar a las ciudadanías y conectar al mundo, se han convertido en nuevos espacios de acoso. La violencia no solo se traslada a lo virtual: desde allí regresa a la vida real amplificada y letal.
Lo que comienza como un mensaje agresivo o una foto compartida sin permiso coge carrera y se convierte en amenazas y violencia en la vida real. A diario leemos sobre fotos privadas que se difunden sin consentimiento, mentiras que se distribuyen por las redes en cuestión de segundos, ubicaciones que se rastrean y fakes creados con inteligencia artificial que avergüenzan y silencian a las mujeres.
En el ámbito digital ha aparecido esa nueva forma de abuso conocida como pornovenganza junto a grupos masivos que comparten imágenes robadas. Y no se trata de fenómenos marginales, sino de decenas de miles de miembros que participan en esa llamada “machoesfera” que agrupa a diversas comunidades misóginas como los incels (célibes involuntarios), los movimientos Hombres que siguen su propio camino (MGTOW), los llamados activistas por los derechos de los hombres o los seguidores del arte de la seducción. Se calcula que el 70% de los jóvenes han indagado o han estado expuestos a ellas.
Denunciar es difícil. En muchos casos, las mujeres abandonan el proceso por miedo al agresor, por vergüenza o por dependencia económica y emocional. Sin embargo, hay un vaso medio lleno que no debemos ignorar. Más mujeres se atreven hoy a denunciar. El silencio ya no es la norma absoluta. La sanción social contra los agresores es más fuerte que hace una década.
No obstante, ese avance no puede ocultar una paradoja dolorosa: desde el mismo Gobierno Nacional se han enviado señales ambiguas —cuando no peligrosas— sobre la protección a las mujeres. Varios miembros destacados del gabinete y de la coalición política del presidente han sido acusados públicamente de violencia contra mujeres, acoso o abuso, sin que la Casa de Nariño haya asumido un liderazgo ejemplarizante ni haya marcado un límite claro.
¿Cómo exigir valentía a las víctimas si desde el poder se normaliza lo intolerable? No basta con “empoderar” a las mujeres si no se exige con igual fuerza una corresponsabilidad ética a los hombres. La violencia no es un problema de las mujeres, es un problema de los hombres que la ejercen y de las sociedades que la toleran. Las instituciones del Estado tienen una deuda inmensa: deben garantizar rutas eficaces de denuncia, protección real a las víctimas y sanción ejemplar a los agresores. Pero, sobre todo, deben asumir que permitir que esta violencia continúe equivale a una forma de complicidad.
Ya no basta con conmemorar fechas. La urgencia está en cambiar estructuras. Mientras una sola mujer viva con miedo, la democracia estará incompleta y la justicia, ausente.