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Estos tiempos que vive Colombia, de convulsión política y de incertidumbre desde la Presidencia de la República, dejarán para la historia ejemplos profundamente elocuentes de lo que funciona bien y de lo que no en el diseño del Estado.
El caso más reciente es bastante ilustrativo: la comparación entre Ecopetrol y el Banco de la República. Ambas son entidades del Estado, pero, mientras la primera tiene un recurso valioso y fácil de hacer rentable como el petróleo, ha venido perdiendo su valor; la segunda, que opera en el mundo financiero y de la macroeconomía, por el contrario, le ha dado importantes ganancias a todos los colombianos.
Conviene recordar que Ecopetrol fue durante años un referente de buen gobierno corporativo en el país, incluso reconocido en los mercados internacionales. Por eso, su deterioro reciente no es un problema estructural inevitable, sino el resultado de decisiones que han debilitado sus estándares institucionales.
En cifras: mientras Ecopetrol ha tenido una caída sostenida de utilidades, de $33,4 billones en 2022 a $9 billones en 2025 —es decir, menos de la tercera parte en tres años—, y la acción ha perdido casi la mitad de su valor en bolsa; el Banco de la República, por el contrario, le transfirió $13,9 billones de utilidades al Gobierno Nacional.
Mientras en el caso de Ecopetrol estamos ante el peor desplome de utilidades de la historia, el del Banco de la República, por el contrario, logró el nivel más alto de ganancias desde su creación.
¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo puede ser que ambas estén en el mismo contexto económico y social y sus resultados sean tan diametralmente opuestos? Ese contraste revela, sin lugar a dudas, la importancia de tener un buen gobierno corporativo y de tomar decisiones técnicas que no respondan a presiones políticas o intereses personales.
Hablar de gobierno corporativo puede sonar como un concepto aburrido y abstracto. Pero es a la empresa lo que el gobierno a un país: si no funciona bien, siguiendo los protocolos adecuados, puede llevarla a la bancarrota.
La comparación viene a lugar porque en los últimos días se conoció que siete miembros de la junta directiva de Ecopetrol se iban a reunir con el presidente Gustavo Petro para que les diera línea sobre qué hacer con Ricardo Roa, el presidente de la petrolera estatal. La noticia cayó como un balde de agua fría porque dejaba en entredicho la independencia de ese órgano, una señal que los mercados internacionales suelen castigar con rapidez cuando se trata de empresas listadas en bolsa.
Aunque la reunión fue cancelada a última hora, por temor a que tuviera efectos contraproducentes ante las autoridades económicas de Estados Unidos, Petro terminó dando instrucciones sobre cómo proceder. Finalmente, la junta aprobó una jugada controvertida: no sacó a Roa, sino que se tomará tres períodos de vacaciones pagas y una licencia hasta el 28 de junio. Una salida salomónica, al estilo de las que acostumbra Petro: premia al que tiene líos con la justicia.
Es evidente que la junta de Ecopetrol no está pensando en el bienestar de la empresa, ni mucho menos en el bien público, sino en defender a capa y espada los intereses del presidente Petro. No de otra manera se explica que le haya otorgado esos beneficios tan generosos a Roa, a pesar de que tiene dos imputaciones, con pruebas contundentes en su contra. Uno de los casos es por tráfico de influencias, relacionado con la compra de un apartamento a precio de ganga y por haber, supuestamente, privilegiado con contratos a los vendedores de dicho inmueble. El otro proceso, que se definirá esta semana, es por la violación de topes electorales en la campaña de Petro en 2022, cuando fue su gerente.
El hecho de que el Estado colombiano sea el accionista mayoritario de Ecopetrol, con el 88 % de las acciones, no quiere decir que el presidente pueda interferir en el desarrollo del gobierno corporativo, que hasta hace unos años era visto como un ejemplo en el país.
Las actuaciones de la junta de Ecopetrol contrastan con las de la junta directiva del Banco de la República, que, en buena hora, siguen siendo autónomas, independientes y que privilegian el país por encima de intereses particulares o de tratar de congraciarse con el mandatario de turno. Demostró que no es una junta de bolsillo del Gobierno cuando aumentó las tasas de interés, para llevarlas al 11,25 %, ante los riesgos de que la inflación siguiera aumentando.
Por más que la independencia del Banco incomode a Petro, ha sido un ejemplo en América Latina en la contención de la inflación. Colombia registró inflaciones del 30 % anual a comienzos de los años noventa, pero, en las últimas décadas, gracias al Banco de la República, la llevó a niveles por debajo del 3 %. Hoy está en 5,29 %.
Aunque a los gobiernos no les gusta el alza de las tasas de interés y han sido críticos del Banco, nunca, como en este —al que no le gustan las juntas independientes sino las de bolsillo—, se había llegado a ataques de tanto calibre.
Los resultados son claros sobre cuál es la fórmula que funciona y cuál no. Pero lo que está en juego no es solo el rumbo de una empresa estatal, sino la confianza en las instituciones que sostienen la estabilidad económica del país.