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Los últimos vestigios de democracia que aún se podían intuir en la Constitución de Nicaragua acaban de desaparecer para siempre. En un trámite exprés y sin un solo debate de por medio, el Parlamento de Nicaragua aprobó un paquete de reformas que blindan en el poder a Daniel Ortega y su familia, hace prácticamente hereditaria la Presidencia y convierte a los Ortega Murillo en una dinastía tan decadente como en su momento lo fue la de los Somoza.
La Carta Magna nicaragüense se ha reformado 12 veces desde el 2007, pero a lo que se ha llegado esta vez es inaudito. Daniel Ortega había dicho que iba a introducir unos cambios ligeros y lo que en verdad ocurrió es que de 198 artículos de la Constitución cambiaron 148 y eliminaron 37, alterando casi las tres cuartas partes de la Ley Fundamental y desapareciendo en muchos casos preceptos de fondo.
Entre los cambios más llamativos se destacan la ampliación del mandato presidencial de 5 a 6 años, la transformación de la vicepresidencia en una “copresidencia”, y ya no se prohíbe censurar a la prensa. Asimismo, quedó establecido que todos los derechos fundamentales pueden ser suspendidos durante un estado de emergencia y se rebajó el umbral que permite la intervención del ejército en la acción policial interna, que ahora puede ser solicitada por el gobierno, siempre que lo exija la “estabilidad” del Estado.
Ese párrafo amerita leerlo una vez más para entender cómo Daniel Ortega ha montado la dictadura más burda y vulgar. El delirio de poder es tan claro que reforma la Carta Política para que su esposa, que hoy es vicepresidente, sea al mismo tiempo Presidente, como él lo es.
Tal vez lo más grave de todo es que la separación de poderes quedó oficialmente abolida con el artículo 132, que establece: “La Presidencia de la República dirige al Gobierno y como Jefatura de Estado coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales, municipales, en cumplimiento de los intereses supremos del pueblo nicaragüense y de lo establecido en la presente Constitución”.
Lo que ha conseguido Ortega es un poder prácticamente ilimitado sobre la población de su país. Si ya era inquietante que su propia mujer, Rosario Murillo, fuera la vicepresidenta, ahora resulta que esta podrá reemplazarlo en caso de que él fallezca y sin que medien elecciones. Y como es discreción del presidente nombrar a su vicepresidente, esta podría nombrar a cualquiera de sus hijos o familiares y seguir así sucesivamente como si fuera el reino de los Ortega. Muchos son los que afirman que esta reforma le ha allanado el camino a Laureano Ortega Murillo, delfín activo de la pareja.
Así se le ha dado rango constitucional a todo lo que la dictadura había venido haciendo en la práctica. No olvidemos que bajo el régimen de Ortega se ha suprimido el pluralismo político y se ha perseguido a la oposición con sevicia, al punto de que se ha encarcelado, expulsado y retirado la nacionalidad a quienes se han atrevido a disentir en voz alta. En Nicaragua no hay desde hace mucho ni libertad de expresión ni libertad de organización y se han eliminado todos los medios de comunicación que cuestionaban o disentían.
Si en el siglo pasado Nicaragua sufrió bajo el yugo de la dinastía de los Somoza, este siglo va a perpetuar a la dinastía de los Ortega. Ya son cuatro mandatos seguidos desde las elecciones de 2006 y todo ha ido a peor. Y tras la última reelección en el 2021, que bien podría llamarse autoelección, lo único que ha hecho Daniel Ortega es consolidar posiciones y dejar todo bien amarrado para un régimen autocrático totalitario. Sabe que tiene 79 años y que el tiempo que le queda se reduce, de manera que tanto él como su mujer hacen cuanto pueden para no soltar las riendas del poder.
Una de las últimas jugadas ha sido la aprobación de una ley que protegerá a los “nicaragüenses afectados por sanciones extranjeras”, es decir, a cientos de funcionarios del gobierno y familiares de Ortega. Entre ellos la propia Rosario Murillo y tres de sus hijos, así como los jefes de la policía y el ejército sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, que los consideran autores “de crímenes de lesa humanidad”. Lo que se busca es obligar a los bancos locales y otras instituciones a desconocer las sanciones mediante la amenaza de multas, cierres y cárcel por “traición a la patria”.
A pesar de todo el repudio manifestado por líderes políticos e instituciones internacionales, el clan Ortega se mantendrá al mando de Nicaragua a través de toda esa red que ha tejido. El mensaje del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua (GHREN) afirma que la reforma constitucional aprobada “elimina el respeto a la dignidad de la persona”. No podríamos estar más de acuerdo.
Si hay un ser decadente y enfermo es aquel que como Ortega se aferra groseramente al poder, destruye la libertad de la gente y deja al descubierto todo el vacío y la podredumbre que tiene por dentro.