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El presidente Gustavo Petro ha cruzado una línea que ningún jefe de Estado democrático debería franquear. En un acto de abierta desobediencia constitucional, firmó el decreto que convoca a una consulta popular sobre la reforma laboral, a pesar de que el Senado ya le había negado su aval el pasado 14 de mayo.
Todas las excusas jurídicas que saque Gustavo Petro para justificarse son meros artilugios de un manipulador: el texto de la Constitución Nacional es claro en decir que para convocar una consulta popular se requiere concepto previo favorable del Senado. Artículo 104: “El presidente de la República, con la firma de todos los ministros, previo concepto favorable del Senado, podrá consultar al pueblo”.
La gravedad del gesto no admite matices. El mecanismo de consulta popular, por más legítimo que sea en una democracia participativa, no puede usarse como herramienta de presión ni como atajo para imponer la voluntad del mandatario por encima del Congreso, que es el órgano representativo por excelencia en nuestra arquitectura constitucional.
Lo que el presidente ha hecho, en palabras del jurista Rodrigo Uprimny, cercano a las ideas progresistas, es “francamente inconstitucional”. Y si esto no bastara, la Comisión de Política Criminal —compuesta por juristas que incluso fueron cercanos al ideario progresista— renunció ayer en bloque como expresión de protesta por la llegada al Ministerio de Justicia, del artífice del ‘decretazo’, Eduardo Montealegre. Más de 24 ONG afines al Gobierno también alzaron la voz para pedirle que no sacara la consulta popular por decreto. Entre ellas estaban varias de las más reconocidas organizaciones de izquierda: Comisión Colombiana de Juristas, Cinep, Pares, Foro Nacional por Colombia, De Justicia. Pero nada fue suficiente. Petro ha preferido quedarse solo, muy solo.
Más alarmante aún es el tono con el que se oficializó el decreto. El presidente lo firmó sobre un escritorio y detrás suyo estaba una bandera de “guerra a muerte”. El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que la convocatoria a las urnas se mantiene salvo que el Congreso apruebe la reforma laboral tal como fue concebida por el Ejecutivo. Es decir, el decreto no solo es ilegal: es también un instrumento de chantaje. Se utiliza como garrote para obligar al Legislativo a someterse. Es un juego de poder peligroso y antidemocrático.
Peor aún, el decreto llega en el momento en que el Senado ha avanzado precisamente en el trámite de la reforma laboral. Y la amenaza del ‘decretazo’ hace que lo que se decida en el Congreso deje un cierto sabor a ilegítimo si se tiene en cuenta que obran bajo cierto tipo de presión indebida del Ejecutivo, por no decir que de amenaza.
Curiosamente no firmaron el decreto cuatro ministros sino que pusieron a delegados suyos a hacerlo. Entre ellos, la canciller, tal vez por obvias razones de su confrontación con Benedetti, y el ministro de Minas, que curiosamente había propagado la idea de que lo iba a firmar e iba a enviar foto. ¿Será que al final si se quiso proteger de ser demandado por prevaricato?
¿Por qué Petro insiste de esa manera en la consulta popular? La respuesta es inquietante: el Gobierno busca polarizar, movilizar emocionalmente a sus bases, y alimentar una narrativa que convierte toda oposición en traición al pueblo. La plataforma perfecta para una campaña electoral. A Petro no entiende, por supuesto, que el Congreso es el pueblo, representado en su pluralidad.
Anoche, en el discurso que hizo en una plazoleta en Cali, para el cual se tomó de nuevo por asalto los canales privados, volvió a hacerles todo tipo de promesas a los asistentes. Por ejemplo, pensiones para los “viejos y viejas”, a quienes se las viene prometiendo desde hace cuatro años cuando estaba en campaña y no les ha cumplido con lo que les prometió. Más bien se ha gastado los recursos en contratos por prestación de servicios y en propaganda.
También les habló de unos empleos de buenos salarios y menores horarios, que tal vez solo existen en su imaginación, porque tanto los estudios como empresarios han dicho que con las nuevas exigencias de la reforma, más las otras cargas que Petro les ha puesto sobre los hombros a las empresas, serán más los que pierdan empleo que quienes lo consigan.
Un gobernante que pretende torcer las reglas cuando no le convienen no actúa como estadista, sino como caudillo. Las consecuencias de este precedente serían devastadoras: ¿para qué sirve el Congreso si puede ser ignorado? ¿Para qué existe la separación de poderes si el Ejecutivo puede atribuirse competencias judiciales y legislativas?
Lo que está en juego no es solo la reforma laboral ni la legitimidad de una consulta. Lo que está en riesgo es el Estado de Derecho, ese frágil equilibrio institucional que ha permitido a Colombia estar por fuera de la lista de los estados fallidos. Si se permite que un decreto como este avance sin control, nada impedirá que mañana se pretenda imponer por decreto una constituyente, una reelección o la censura de prensa.
El país está a tiempo de frenar este desvarío. La Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Registraduría y, sobre todo, la ciudadanía deben defender las reglas de juego que garantizan la convivencia democrática. Y al presidente decirle que será recordado no como el reformador que prometió cambiar el país desde adentro del sistema, sino como quien intentó dinamitarlo desde el poder..