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La Cancillería de Colombia es la única del mundo que hace fiesta porque logra darle un pasaporte nuevo a uno de sus más destacados deportistas. En este caso Egan Bernal.
El sistema de pasaportes colapsó y el único campeón del Tour de Francia que tiene Colombia no pudo renovar, para el momento de su cita, el documento para ir a representar al país en Italia. El ruido fue tal que, cuando finalmente el Gobierno resolvió el problema, hizo posar a Egan con su pasaporte y distribuyó la imagen por todos sus canales.
Lo que debía ser vergüenza –el fallo en el sistema–, el Gobierno intentó convertirlo en victoria.
Si algo funcionaba como un reloj suizo en Colombia era la entrega de los pasaportes. Quien quería viajar al exterior solo tenía que disponer de unas pocas horas para obtenerlo. Pero, en esa lógica tan torpe de Petro, que no soporta que algo funcione bien y menos si está a cargo de un privado, le puso palos en la rueda.
El primero de abril, cuando debía entrar en operación el nuevo modelo de pasaportes, lo que vimos fue miles de personas haciendo fila en las sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Llevaban días esperando el documento sin obtener ninguna respuesta.
Ante el caos lo único que atinó a decir la Cancillería es que habían sido objeto de un ataque cibernético. Sin embargo, detrás de semejante despelote lo que había era un contrato por 10.364 millones de pesos y el incumplimiento del contratista, a quien le habían girado 3.100 millones de pesos sin cumplir lo prometido.
Se trata de un contrato entregado a dedo a la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo), que está involucrada en varios escándalos de presunta corrupción denunciados por el propio gobierno. La adjudicación la hizo en octubre de 2024 el entonces canciller Luis Gilberto Murillo, hoy candidato presidencial. El objetivo era la actualización del software para mejorar el otorgamiento de citas para la entrega de pasaportes. Murillo no ha dado suficientes explicaciones.
Y es que a pesar de todas las denuncias, Aldesarrollo se ha ganado en los últimos años más de 500 contratos con el Estado, que superarían los 1,3 billones de pesos. Caracol Radio reveló que cinco días antes de entrar en vigor la ley de garantías, la Unidad para las Víctimas le adjudicó un contrato por 71.186 millones para suministro de alimentos. Esta entidad ha tenido contratos con Prosperidad Social, con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y con la Contraloría y ha sido objeto de denuncias por incumplimientos, subcontratación y cifras infladas.
Este episodio es uno más en la lista de irregularidades desde que Petro exigió a la Cancillería terminar el contrato de pasaportes con la firma Thomas Greg & Sons, que por 17 años los había elaborado sin tacha. El 13 de septiembre de 2023 el entonces canciller Álvaro Leyva declaró desierto el proceso, por $600.000 millones, en el que aparecía Thomas Greg & Sons como único proponente.
Procuraduría y Contraloría advirtieron. Pero el gobierno hizo caso omiso y decidió entregar el contrato a una entidad privada y extranjera, la Casa de la Moneda de Portugal. Petro intentó vender la idea de que la Casa de la Moneda de Portugal va a asesorar a la Imprenta Nacional y que por ende será el Estado colombiano el encargado de hacer los pasaportes.
Pero otra vez falta a la verdad. No solo, la Cancillería tuvo que prorrogar en varias ocasiones el contrato con Thomas Greg; sino que después de mucho alargue, a partir de este primero de abril entró a regir el contrato con Portugal y la Imprenta, pero la evidencia ha dejado en claro que esta última entidad no ha mostrado ser capaz de llevar a cabo dicha labor.
El país lleva tres años siendo testigo de un espectáculo decadente. La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años a Leyva y lo llamó a juicio por posibles irregularidades al declarar desierta la licitación para los pasaportes. Murillo lo reemplazó y firmó el cuestionado contrato con Aldesarrollo. En junio de 2025 ingresó como canciller Laura Sarabia, quien declaró la urgencia manifiesta para prorrogar por otros 11 meses el contrato con Thomas Greg. A las pocas semanas Sarabia salió del cargo por diferencias con Petro en este tema. A la nueva canciller, Rosa Villavicencio, le tocó seguir con el chicharrón.
Hasta el momento el más enredado es Leyva, quien fue imputado por la Fiscalía por el delito de prevaricato por acción. La Fiscalía radicó escrito de acusación ante la Corte Suprema que fijó una audiencia para este 23 de abril.
A ello se suma que la Procuraduría solicitó la suspensión inmediata de los contratos para la elaboración de los nuevos pasaportes por considerar que no hubo transparencia y que hay riesgos en el manejo de dineros públicos y en la viabilidad técnica y económica del contrato.
Es decir, que a esta tragicomedia todavía le faltan capítulos. Y también falta que Gustavo Petro, quien dio las órdenes que han llevado al despelote, asuma la responsabilidad.