¿Cómo financiar la ampliación de cobertura universitaria?

Colombia cuenta con un Sistema de Educación Superior en el que conviven instituciones públicas y privadas, pero sus mecanismos de financiación son profundamente diferenciados. En este contexto, la educación en Colombia enfrenta dos retos significativos: la ampliación de cobertura y el fortalecimiento de su calidad. Ambos retos comparten un denominador común: se requieren altas inversiones.

La educación es un servicio público ofertado por IES públicas y privadas.

El Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia señala que “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social.” Dicha función la presta el Estado a través de instituciones financiadas con recursos públicos (universidades públicas) y de otras que deben tener la capacidad de autofinanciación (privadas).

A pesar de que se entiende que son dos tipos diferentes de instituciones, lo más relevante es que ambas deben cumplir la misma función social: ofrecer una educación pertinente y de calidad. La existencia de IES públicas y privadas es el camino elegido para alcanzar la cobertura requerida.

Sin embargo, las autoridades gubernamentales no manejan el mismo tipo de relaciones con las IES públicas que con las privadas. En materia de financiación, sólo las IES públicas reciben recursos del Estado, en cambio las privadas deben autofinanciarse. Esta distribución de recursos se fundamenta en la tesis de que el sistema es mixto y que las entidades privadas nacen bajo la lógica de la autosuficiencia. Hasta ahí tenemos coherencia.

enseñando en el bosque

Financiación de la Educación Superior.

Sin embargo, la ampliación de cobertura (hoy la mayoría de los adultos no tiene un título de educación superior) y los retos de elevar la calidad (más investigación, más publicaciones, más PhD, más proyectos sociales, etc.) exigen inversiones importantes y crecientes.

Tal vez algunos piensan que los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 van a la universidad pública, mientras los estratos altos estudian en la privada. Pero la realidad no es tan lineal. A lo largo de las últimas décadas las IES públicas y privadas se reparten casi por mitades la población de estudiantes. En la década de 1990, las privadas educaban al 55% de los estudiantes y las públicas al 45%. En la actualidad estos datos están invertidos.

Sin embargo, la población colombiana, estratificada en seis grupos -del estrato 1 al estrato 6- no se distribuye de manera homogenea en los seis segmentos. Así, por ejemplo, en Bogotá, 50% de los habitantes se clasifican en los estratos 1 y 2; y si agregamos el estrato 3, entonces encontramos que el 85% de los bogotanos se hallan en los tres estratos más bajos. Con datos del DANE se puede indicar que a nivel nacional, los estratos 4, 5 y 6 no representan siquiera el 10% de la población.

En consecuencia, es claro que la Universidad Pública, la cual puede ofrecer educación gratuita -subsidiada con recursos del Estado- sólo alberga a la mitad de la población; pero, en principio, dicho servicio es requerido por casi el 90% de los colombianos. En consecuencia, un porcentaje importante de jóvenes de estratos 2 y 3 no estudian en las IES públicas, sino en las privadas.

Por lo tanto, las IES privadas no se pueden analizar como un grupo monolítico de cláustros educativos de élite, ya que, es evidente que un grupo importante de ellas ofrece una educación de bajo costo, a la cual acceden colombianos de los estratos 2 y 3. De otro lado, la población del estrato 1 no tiene condiciones mínimas para llegar a la educación superior: ausencia de ingresos y no culmina la educació media.

En lo que respecta a los jóvenes de estrato 5 y 6, éstos tienen una alta cobertura educativa. Aunque la mayoría van a universidade privadas acreditadas, algunos van a la pública -por su alta calidad-. De hecho, los prospectos universitarios de estratos altos egresan de colegios con excelentes recursos para sus procesos formativos (bilingues, tecnologías, etc.), lo que les permite superar procesos exigentes de selección.

Este último dato no es de menor relevancia, ya que, muchos de los estudiantes que ingresan a la educación pública, a las privadas de mediano y bajo costo, lo mismo que a la educación técnica y tecnológica, vienen de colegios de menor calidad -menores resultados en las pruebas SABER 11, por ejemplo-, lo que incrementa el reto de las IES que los reciben para asegurar un egresado idóneo.

La Universidad Privada tiene la tarea de ofrecer un Servicio Público pero con financiación mediada por el mercado.

La decisión estatal de delegar en la Universidad Privada el cumplimiento de una función pública conlleva repensar el sistema de financiación educativa. Además de la necesidad de ampliar la cobertura, los estándares de calidad existentes establecen la necesidad de que las IES inviertan en tecnología, formación de sus docentes, publicaciones, entre otros. Si no se repiensa el sistema de financiación, una gran parte de la población no podrá estudiar, ya que, las IES privadas en la actualidad sólo pueden asegurar su sostenibilidad a través del cobro de matrículas y las públicas no tienen suficientes “sillas” para la ampliación de cobertura requerida.

En los últimos años el país implementó el programa “Ser Pilo Paga”, el cual asegura la financiación de educación de alta calidad para estudiantes de bajos recursos con excelentes resultados académicos en la educación media (colegios). Sin embargo, el alto costo de una educación de calidad en universidades privadas acreditadas hace que dicha apuesta sólo tenga un “efecto demostración”, ya que, su impacto en términos población nacional es relativamente pequeño. La consecuencia ha sido una transferencia de fondos públicos a un pequeño grupo de universidades privadas que han alcanzado la acreditación institucional. Mientras en las IES hay cerca de 2 millones de jóvenes estudiando, sólo 40 mil gozan del beneficio de Ser Pilo Paga.

El reto es otro: ¿cómo financiar la universalización de la educación superior aprovechando la capacidad instalada de todas las IES, tanto públicas como privadas.

Si bien todas las universidades buscan fuentes alternativas de financiación, como por ejemplo a través de la oferta de servicios a empresas, la realidad es que la matrícula es la principal fuente de ingresos de casi todas las IES privadas. En consecuencia, para ampliar la cobertura y garantizar la calidad educativa, el Estado tendrá que repensar su relación con las IES privadas, ya que, tal y como se ha señalado, éstas tienen la capacidad de absorver más o menos el 50% de la demanda de educación superior.

Frente a esta realidad, hay que tener en cuenta las siguientes dos premisas:

la ampliación de cobertura no podrá ser financiada con ingresos de los ciudadanos. La actual baja cobertura se explica en parte por la falta de ingresos de las familias.

si el valor de las matrículas, por ley. sólo debe crecer a un ritmo cercano al IPC, entonces, es claro que las inversiones para elevar la calidad deben financiarse con recursos diferentes.

Estas dos premisas, aunadas al hecho que las IES privadas serán actores fundamentales para la ampliación de cobertura, y que la población autosuficiente para financiar sus estudios (estratos 4, 5 y 6) sólo representa el 10% del total, indican que se hace necesario establecer un mecanismo para transferir recursos a las IES privadas.

¿Qué ideas se pueden analizar para replantear la relación entre las IES privadas y los recursos públicos para el fomento de la educación?

establecer un costo promedio de las profesiones (por regiones, por ejemplo) y sobre esa base hacer transferencia para que las IES privadas reciban estudiantes de estratos 1, 2 y 3. O sea, a diferencia de Ser Pilo Paga, en este caso no se pagará el valor pleno de las matrículas de las IES privadas más costosas, sino un valor medio. Así habrá una mayor cobertura de estudiantes beneficiados. Las IES más costosas pueden decidir si aceptan o no a los prospectos, pero eligiendo a los mejores mantendrían el beneficio de recibir a “los más pilos” lo que incide positivamente en sus resultados de las pruebas SABER PRO.

utilizar indicadores de desempeño en las pruebas SABER PRO de los estudiantes beneficiados con subsidios, y la acreditación de alta calidad de los programas, para ofrecer futuras transferencias a IES privadas. Así, la ampliación de cobertura también se mide con calidad.

ofrecer créditos blandos para que IES privadas inviertan en cualificación de docentes -maestrías y doctorados-, dotación tecnológica, desarrollo de investigaciones, entre otros. O sea, subsidiar la calidad para que más IES puedan ofrecer la educación pertinente.

cobrar un porcentaje del subsidio a los estudiantes beneficiados, pero con programas flexibles y de largo plazo, de acuerdo al desempeño laboral de aquellos cuando egresen.

 

 

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