Disidencias de las Farc están presentes en 372 municipios, según informe de la Defensoría
Dicha entidad envió al presidente Abelardo De la Espriella una radiografía de cómo recibe el mandatario el país en materia de seguridad, derechos humanos, libertad de expresión y otras vulneraciones.
La Defensoría del Pueblo puso sobre la mesa del nuevo Gobierno un diagnóstico que retrata los principales problemas de derechos humanos que persisten en Colombia: violencia armada, desigualdad, crisis ambiental, brechas rurales y amenazas contra las libertades democráticas.
Se trata de la ‘Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir’, un documento elaborado por la entidad bajo la dirección de Iris Marín, y que, según conoció EL COLOMBIANO, ya fue entregado al presidente Abelardo De la Espriella.
El informe busca convertirse en un insumo para las decisiones que deberá tomar el nuevo Gobierno y el Congreso.
Para ello, reúne información de entidades oficiales y organizaciones especializadas y presenta un diagnóstico sobre las principales vulneraciones de derechos en el país.
El accionar de las disidencias de las extintas Farc se extiende por buena parte del territorio colombiano.
De acuerdo con el monitoreo presentado, durante 2026 se ha identificado una presencia permanente e intermitente de estos grupos en 372 municipios, lo que permite geolocalizar con precisión las zonas donde tienen actividad.
Entre las estructuras con mayor alcance territorial aparece el Nuevo Estado Mayor Central, liderado por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, con presencia en 239 municipios, seguido por el Estado Mayor de los Bloques y del Frente, bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, que registra actividad en 140 municipios.
La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el caso de más avances en la ‘Paz total’ del pasado gobierno, figura en 68 municipios, mientras que la denominada Segunda Marquetalia, cuyo máximo cabecilla es Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, tiene presencia en 46 municipios.
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Por su parte, el Frente 57, identificado por la Defensoría como una disidencia independiente, registra actividad en 22 municipios.
Otro dato importante es que monitoreo también identifica 24 municipios donde se ha detectado accionar de disidencias aún sin identificar, lo que evidencia que el mapa de las estructuras armadas continúa en transformación y que persisten zonas donde no ha sido posible establecer con precisión qué grupo ejerce presencia.
La Defensoría pretende que sus conclusiones sirvan como punto de partida para formular políticas públicas y medir sus resultados. Una de las primeras alertas está en la desigualdad estructural.
El panorama de expansión territorial de los grupos sucesores del paramilitarismo mantiene una amplia cobertura en el país.
Durante este año, el monitoreo de la Defensoría también ha logrado establecer que el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada mantienen de manera permanente o intermitente en 509 municipios.
En ese mapa de criminalidad, el Ejército Gaitanista de Colombia, como se autodenomina el Clan del Golfo para su conveniencia de tener estatus político, se consolida como la organización con mayor capacidad de despliegue y control.
Los registros evidencian que el Clan sostiene un accionar permanente en 383 municipios, logrando una hegemonía sostenida en extensas zonas del país.
A esta cifra se suman otros 85 municipios donde la estructura ejerce una presencia de carácter intermitente, subrayando el alcance casi nacional de sus redes de operación.
Por su parte, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) presentan una zona de influencia más concentrada, pero con un dominio territorial igualmente riguroso.
El monitoreo indica que esta estructura ejerce un accionar permanente en 29 municipios, mientras que en otros 12 registra una actividad intermitente.
Aunque su cobertura es menor en comparación con el EGC, las cifras evidencian su arraigo y capacidad para sostener el control poblacional y armado en sus áreas históricas de operación.
Otro de los apartes del documento revela que la violencia contra la población en proceso de reincorporación continúa siendo un obstáculo crítico para la implementación de los acuerdos.
De acuerdo con los registros, entre los años 2017 y 2026 se ha reportado un total de 521 homicidios de firmantes del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc, en 2016.
La persistencia de estos asesinatos, se lee en el documento, “evidencia las profundas dificultades que existen para garantizar las condiciones de seguridad necesarias que permitan consolidar la reincorporación y la construcción de paz en los territorios, tal como lo ha exigido la Sentencia SU-020 de 2022 emitida por la Corte Constitucional”.
Al analizar la evolución anual de estos crímenes, los datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, citados en el informe, exponen que los picos de mayor letalidad se concentraron entre 2019 y 2020, alcanzando en este último año la cifra más alta del periodo con 83 víctimas totales (79 hombres y 4 mujeres).
Tras ese periodo crítico, la violencia se mantuvo constante, registrando 55 casos en 2021 y estabilizándose en 50 homicidios anuales en 2022 y 2023. Aunque en 2024 hubo una disminución a 31 casos, para 2025 la cifra repuntó nuevamente a 39 asesinatos.
La desagregación por género evidencia que la abrumadora mayoría de las víctimas han sido hombres.
A lo largo de estos casi diez años, el asesinato de mujeres firmantes de paz se documentó de manera específica en los años 2019 (2 víctimas), 2020 (4 víctimas), 2021 (4 víctimas), 2022 (1 víctima) y 2025 (1 víctima).
Para el año 2026, con un reporte parcial que tiene corte al 18 de julio, ya se contabilizan 5 homicidios, todos correspondientes a hombres.
Las masacres que no paran
A eso se suma, de acuerdo con la Defensoría, que las masacres continúan consolidándose como una de las expresiones más graves y persistentes de la violencia armada en Colombia.
De acuerdo con los datos recopilados, entre el año 2019 y el 18 de julio de 2026, el país registró un total de 651 de estos hechos violentos, los cuales dejaron un saldo acumulado de 2.380 víctimas.
Esta persistencia evidencia un escenario crítico en los territorios, donde la letalidad de los grupos armados mantiene un impacto directo sobre la población civil.
Al analizar la evolución anual de este fenómeno, se observa que el pico más alto de víctimas ocurrió en el año 2020, con 378 muertes derivadas de 91 casos, mientras que 2021 concentró la mayor cantidad de eventos (96 masacres).
Si bien entre 2024 y 2025 las cifras mostraron un ligero descenso frente a años anteriores, el panorama de 2026 genera una profunda alerta: en poco más de un semestre (con corte al 18 de julio) ya se habían documentado 71 masacres con 282 víctimas, una cifra de letalidad que supera de manera prematura los totales registrados durante todo el 2024 (267 víctimas) y el 2025 (256 víctimas).
De manera paralela, el confinamiento forzado se ha profundizado como un mecanismo de control territorial que vulnera gravemente a las comunidades.
Entre 2019 y 2025, el número de personas sometidas a esta condición aumentó a más del triple, evidenciando cómo la confrontación armada y el control de los grupos ilegales paralizan la vida en diversas zonas del país.
Las estadísticas sobre esta problemática reflejan fluctuaciones marcadas pero con una clara tendencia al alza en los momentos más críticos.
Mientras que en 2019 se contabilizaron 19.434 víctimas de confinamiento, la situación se recrudeció severamente entre 2024 y 2025, años que marcaron los picos históricos del periodo analizado con 66.730 y 65.074 víctimas, respectivamente.
Para el año 2026, el reporte parcial con corte al mes de junio registraba 1.767 víctimas de este flagelo.
Uno de los hechos recientes reportados por la Defensoría ocurrió el pasado 20 de agosto, en el sector Agualinda, de la vereda Los Galgos, en Ituango, cuando fue reportada la instalación de un artefacto explosivo y una bandera que sería alusiva a las disidencias de la línea de alias “Iván Mordisco”.
Como consecuencia de esta situación, el tránsito vehicular permaneció restringido hasta el 22 de agosto.
Durante las labores adelantadas por la Fuerza Pública para restablecer las condiciones de seguridad en la zona, uno de sus integrantes resultó herido. A esta situación se sumaron fuertes enfrentamientos, presuntamente entre las disidencias y el Clan del Golfo en la vereda La Filadelfia, del corregimiento El Aro.
Los hechos generaron temor y zozobra entre los habitantes de la zona rural, al punto de que este 23 de agosto se reportó el desplazamiento de población de esa vereda hacia el casco urbano de Ituango.
De manera preliminar, alrededor de 100 personas han solicitado apoyo para su traslado. En la cabecera municipal las autoridades ya avanzan en su caracterización, establecer el número de familias afectadas e identificar las necesidades de atención humanitaria que requieran.
El reto social para las comunidades
Aunque algunos indicadores sociales han mostrado avances, el organismo advierte que estos no se han reflejado de manera uniforme en todo el territorio ni entre los distintos grupos de población.
El acceso a servicios públicos, la seguridad alimentaria, la salud y la educación continúan marcados por profundas brechas.
El informe analiza, entre otros indicadores, las condiciones de vida de los hogares, la deserción educativa y las tutelas relacionadas con la garantía de derechos fundamentales.
El fenómeno plantea un desafío para la política de seguridad del nuevo Gobierno, que deberá responder a las particularidades de cada región sin dejar de lado la protección de la población civil y las obligaciones en materia de derechos humanos.
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Para elaborar esta radiografía, la entidad cruzó información del Sistema de Alertas Tempranas, el Registro Único de Víctimas, Medicina Legal, el ICBF y registros sobre masacres, asesinatos de firmantes del acuerdo de paz y afectaciones por minas antipersonal.
”La consolidación de la paz debe ser una prioridad inaplazable para la garantía de los derechos humanos”, se lee en el reporte de la Defensoría del Pueblo.
Una de las conclusiones del informe muestra que la consolidación de la paz y la protección de las comunidades siguen siendo asuntos prioritarios, especialmente en las zonas donde los grupos armados mantienen capacidad de intimidación y control.
El cambio climático también desplaza
La segunda gran alerta que atraviesa el informe está relacionada con la crisis ambiental.
Para la Defensoría, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y los efectos del cambio climático dejaron de ser únicamente problemas ecológicos y se convirtieron también en asuntos de derechos humanos.
El desplazamiento provocado por desastres y fenómenos ambientales aparece como una de las consecuencias más preocupantes.
Las comunidades más vulnerables pueden perder viviendas, territorios y medios de subsistencia, profundizando condiciones de exclusión que ya existen.
Por eso, el organismo plantea que las decisiones de desarrollo económico deben considerar la protección de los ecosistemas y los derechos territoriales de las comunidades.
La reforma rural integral constituye otro de los ejes del diagnóstico. La Defensoría considera que las desigualdades históricas entre el campo y la ciudad no podrán superarse sin resolver asuntos relacionados con el acceso a la tierra, la distribución de la propiedad y el desarrollo de los territorios rurales.
El informe también pone especial atención en los derechos del campesinado, los pueblos étnicos y las mujeres rurales, así como en la organización de la frontera agrícola.
Los datos utilizados provienen, entre otras entidades, del IGAC, la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria.
Libertad de expresión, protesta y participación
El último gran eje del informe conocido por EL COLOMBIANO es el espacio cívico y las libertades democráticas.
Para la Defensoría, la libertad de expresión, la reunión y la manifestación pública son condiciones esenciales para que los ciudadanos puedan reclamar sus derechos y ejercer control sobre el poder.
El diagnóstico incluye además la situación de periodistas, líderes sociales y defensores de la tierra y el medioambiente, con información de la Defensoría, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Global Witness.
En julio pasado, Marín ya había solicitado al equipo de empalme del entonces presidente electo una reunión para presentar las prioridades de derechos humanos del próximo Gobierno.
En ese momento, la Defensoría planteó como ejes la desigualdad, la violencia armada, la crisis ambiental y la reforma rural.
Ahora, con el documento en manos del nuevo Gobierno, el reto será convertir el diagnóstico en decisiones.
La radiografía de la Defensoría plantea que los problemas de derechos humanos no pueden ser atendidos de manera aislada: la violencia, la pobreza, la exclusión territorial, la crisis climática y las restricciones al espacio democrático hacen parte de un mismo mapa de vulnerabilidades que el Estado tendrá que enfrentar.
Preguntas y respuestas
- ¿Qué es la ‘Radiografía de los derechos humanos en Colombia’ de la Defensoría del Pueblo?
- Es un diagnóstico elaborado por la Defensoría del Pueblo que reúne cifras sobre las principales problemáticas de derechos humanos en Colombia, entre ellas la violencia armada, la desigualdad, las brechas rurales, la crisis ambiental y las amenazas contra las libertades democráticas. El documento fue entregado al nuevo Gobierno como insumo para la toma de decisiones.
- El monitoreo de 2026 identifica presencia permanente o intermitente de diferentes estructuras disidentes en 372 municipios. El Nuevo Estado Mayor Central, liderado por alias Iván Mordisco, registra actividad en 239 municipios, mientras que el Estado Mayor de los Bloques y del Frente, bajo alias Calarcá, aparece en 140.
- ¿Qué grupos sucesores del paramilitarismo tienen mayor presencia territorial?
- La Defensoría identifica principalmente al Clan del Golfo y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). En conjunto, estas estructuras registran presencia permanente o intermitente en 509 municipios durante 2026. El Clan del Golfo es el grupo con mayor alcance, con actividad permanente en 383 municipios e intermitente en otros 85.
- ¿Qué advierte la Defensoría sobre la situación de derechos humanos en Colombia?
- El informe advierte que persisten problemas estructurales relacionados con la violencia de grupos armados, el control territorial y poblacional de organizaciones criminales, la desigualdad y las brechas entre las zonas urbanas y rurales. Además, señala que el mapa de los grupos armados continúa cambiando, incluso con municipios donde todavía no ha sido posible identificar con precisión qué estructura ejerce presencia.