MinHacienda confirma que Gobierno alista decreto que restringe la inversión de los fondos de pensión en el extranjero
El Gobierno alista un decreto para limitar inversiones externas de fondos pensionales, repatriar capitales y mover recursos hacia la economía colombiana local gradualmente.
Comunicador social - Periodista de la UPB Bucaramanga. Magíster en Estudios Políticos de la Universidad de Caldas. Especialista en Comunicación Digital. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2023. Miembro de Consejo de Redacción.
Esta semana será clave para el sistema pensional colombiano. El Gobierno Nacional publicará el proyecto de decreto que plantea restringir la inversión de los fondos privados de pensiones en el extranjero, con el objetivo de fomentar una mayor destinación de esos recursos a la economía local.
Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en entrevista con Caracol Radio, donde precisó que el documento se publicará para comentarios y discusión pública, antes de su eventual adopción.
La iniciativa busca poner límites a la proporción de los recursos que hoy los fondos privados pueden invertir fuera del país.
Fondos privados y capitales en el exterior: el debate de fondo
El anuncio llega en medio del debate impulsado por el presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de repatriar parte de los capitales que los fondos de pensiones mantienen en el exterior, que podrían ascender a cerca de $250 billones.
Según el mandatario, en un contexto de bajo ahorro interno, resulta clave que estos recursos contribuyan al financiamiento de la economía nacional, siempre bajo un enfoque gradual, sin frenar los flujos anuales de inversión ni generar choques abruptos en los mercados.
En ese orden, el debate vuelve a instalarse en la agenda del Gobierno, luego de que el pasado 31 de diciembre de 2025, el ministro de Hacienda anunciara la intención de repatriar cerca de $125 billones de los ahorros que hoy están invertidos por los fondos privados de pensiones en el exterior.
El proyecto de decreto, que estaría listo entre hoy y el viernes, se publicaría para comentarios del público una vez supere la revisión del Ministerio de Hacienda y de la Superintendencia Financiera.
Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. Desde comienzos de diciembre, voces técnicas del sector han advertido sobre los riesgos de una repatriación forzada de esos recursos.
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Inversión local y financiamiento interno: el objetivo del decreto
De acuerdo con el ministro Ávila, la propuesta hace parte de una estrategia más amplia del Gobierno para fortalecer la inversión local y el financiamiento interno, en momentos en los que el Estado busca más fuentes de recursos para impulsar crecimiento, empleo y proyectos productivos.
El jefe de la cartera dejó claro que el decreto no será inmediato ni cerrado, sino que abrirá un proceso de discusión técnica con los actores del sistema financiero y pensional.
No obstante, la exdirectora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), Mónica Higuera Garzón, y el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, coincidieron en que obligar a traer esas inversiones podría exponer el ahorro de los trabajadores a mayores riesgos y a una menor rentabilidad.
Velasco fue enfático en que una medida de este tipo resulta “difícil de justificar desde el punto de vista técnico”.
“No entendemos qué se pretende lograr. Esto no genera más ahorro en la economía; por el contrario, reduce la diversificación de los portafolios y expone el ahorro de los trabajadores a mayores riesgos y a una menor rentabilidad”, señaló.
Para sustentar su argumento, presentó un ejercicio contrafactual: $1 millón invertido en 2011, con diversificación internacional, hoy valdría $3,23 millones, con un retorno promedio de 8,5% y bajo riesgo.
Si ese mismo monto se hubiera invertido solo en activos locales, alcanzaría $1,67 millones, con un retorno de 3,8% y el doble de riesgo. “En la práctica, se pierde cerca de la mitad del retorno”, afirmó.
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Los recursos que administran los fondos privados de pensiones de Colombia
Actualmente, los fondos privados administran cerca de $500 billones, de los cuales alrededor de $250 billones están invertidos en el exterior.
Repatriar $125 billones implicaría traer de vuelta casi la mitad de esos recursos. Frente a versiones que hablan de cifras mayores, Velasco aclaró que esos montos siguen siendo especulativos.
Por su parte, Higuera advirtió que la medida no sería beneficiosa para el sistema pensional, al tratarse de recursos invertidos en productos de mediano y largo plazo, muchos de ellos con penalidades por retiros anticipados o que aún no alcanzan su curva de maduración.
A su juicio, el principal riesgo es la liquidez. “Es como pretender consumir de inmediato toda la cava de un restaurante. El sistema no tiene la capacidad para absorber eso sin generar distorsiones graves”, explicó.
Velasco agregó que una repatriación forzada obligaría a vender activos rentables en el exterior, en muchos casos de forma apresurada. “Cuando a uno lo obligan a vender, le toca vender barato. Luego esos dólares presionarían una revaluación del peso, y después habría que comprar activos en Colombia, que hoy son escasos y relativamente caros”, dijo.
El resultado, advirtió, sería un triple impacto negativo: pérdida de valor por ventas anticipadas, menor conversión cambiaria y pocas alternativas atractivas de inversión local.
Según Asofondos, el mercado colombiano no tiene hoy suficiente oferta de activos. “El año pasado hubo cerca de $11 billones comprometidos que no fueron llamados por los inversionistas, pese a estar aprobados. Eso muestra la fragilidad de la inversión y la falta de proyectos con una relación adecuada entre riesgo y rentabilidad”, señaló Velasco.
Las alertas jurídicas del decreto del Ministerio de Hacienda
Las alertas también llegaron desde el ámbito jurídico. La firma ISP Integral Soluciones Pensionales calificó el eventual decreto como altamente riesgoso, al advertir efectos como la desvalorización del ahorro pensional, presiones sobre el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y riesgos inflacionarios.
Según la firma, cerca del 48,9% de los activos de las AFP están invertidos en el exterior, unos $256,7 billones, y forzar el retorno de $125 billones concentraría el riesgo en el mercado local.
Esa cartera se distribuye principalmente en renta variable (28,5%), capital privado (15,2%) y renta fija (5,2%). De ese total, el Gobierno pretende que regresen al país $125 billones, una cifra que, según la firma, no es menor.
ISP sostuvo que el sustento del decreto sería más político que técnico; incluso, recordó que la intención de forzar a los fondos a traer al país una parte significativa de los activos que administran en el exterior ya le costó el cargo a Mónica Higuera, exdirectora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF).
A su juicio, la medida vulneraría principios constitucionales como el derecho a la propiedad privada, la sostenibilidad financiera del sistema, la no regresividad en derechos sociales y los límites de la potestad reglamentaria, al alterar por decreto la lógica de diversificación establecida en la Ley 100.
“El proyecto de decreto es altamente inconveniente y su sustento es principalmente político. Técnicamente nada justifica que se obligue legalmente a un gestor de portafolios a invertir en un mercado determinado”, señaló ISP.