Hay una preocupación creciente por el borrador de decreto del Ministerio de Hacienda, que modificaría las reglas del deslizamiento del salario mínimo para pensionarse en el Régimen de Ahorro Individual (RAIS), lo cual sería más difícil y más costoso para la base trabajadora del país. Dicha alerta la encendió Asofondos. De acuerdo con Andrés Velasco, presidente de la mencionada agremiación, en conversación con Mañanas Blu, con ese decreto “una persona ya no necesitaría ahorrar $350 millones para financiar una renta vitalicia equivalente a un salario mínimo, sino alrededor de $450 millones”.
En la práctica, de acuerdo con el conglomerado gremial, “esto implicaría cotizar hasta diez años adicionales”. Además, argumentó: “Habría menos pensionados y se pondría en riesgo el aseguramiento previsional, que cubre invalidez, incapacidad y sobrevivencia”.
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¿Qué es el deslizamiento y por qué está en el centro del debate?
El deslizamiento es el aumento adicional que recibe el salario mínimo cada año por encima de la inflación y la productividad. Y ocurre prácticamente siempre. En los últimos 25 años, el salario mínimo siempre ha crecido por encima de esos indicadores. Esto ha generarado impactos directos en el sistema pensional, tales como que las pensiones de un salario mínimo deban ajustarse exactamente al mismo ritmo que sube ese salario, pero aquellas por encima de este solo suben con el IPC.
Además, cuando el salario mínimo crece por encima de la inflación, aparece una brecha que el Gobierno debe cubrir para que las aseguradoras puedan pagar las rentas vitalicias. Ese costo está disparado: solo en 2025 asciende a $2 billones.
¿Qué propone el Gobierno con el decreto?
El borrador de Hacienda busca reducir ese costo fiscal modificando el parámetro con el que se calcula la cobertura del deslizamiento. Esto incluye:
- Quitar el pago de intereses sobre esa cobertura.
- Limitar quiénes pueden acceder al beneficio.
- Dejar parte del ajuste anual del salario mínimo a cargo de los futuros pensionados.
El Gobierno argumenta que el modelo actual se desvió debido a que el salario mínimo creció sistemáticamente más que la inflación, obligando a cubrir una brecha que se volvió impredecible y demasiado costosa.
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La advertencia de Asofondos: “habría menos pensionados”
Para Andrés Velasco, presidente de Asofondos, el decreto puede romper las promesas de pago de rentas vitalicias y afectar directamente a 18 a 20 millones de afiliados.
Sus cálculos son contundentes, pues hoy se necesitarían $350 millones para una renta vitalicia de un salario mínimo, pero con el decreto, se necesitarían $450 millones. Esto implica $100 millones adicionales, equivalentes a 10 años más de cotización.
Y va más allá, pues quienes aspiren a una pensión superior a un salario mínimo tendrían mesadas hasta 20% más bajas. La prima del seguro previsional, que cubre invalidez, incapacidad y sobrevivencia, se volvería tan costosa que superaría el tope legal y dejaría de ser viable.
El Gobierno tendría que asumir esas coberturas, con un costo estimado de $2 billones anuales durante una década.
Velasco también recalcó que, de haberse aplicado este modelo, de los 141.000 colombianos que se pensionaron en los últimos años en fondos privados, solo 6.000 habrían logrado hacerlo.
Impacto indirecto en Colpensiones
Aunque el decreto no afecta directamente a los afiliados del régimen público, el aumento discrecional del salario mínimo sí afecta el pasivo pensional de Colpensiones, cercano al 100% del PIB.
Por ende, cada vez que el salario mínimo sube más que la inflación, ese pasivo crece. Eso significa que, incluso si los afiliados no se ven impactados, los contribuyentes sí lo estarán en el futuro.
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Un debate que apenas empieza
Mientras el Gobierno busca frenar un costo fiscal que no deja de crecer, los fondos privados y aseguradoras advierten que la medida encarecería las pensiones, reduciría el número de pensionados y pondría en riesgo coberturas vitales como invalidez o sobrevivencia.
Asofondos y Fasecolda solicitaron instalar mesas técnicas para revisar el impacto real de la propuesta y evitar que millones de colombianos pierdan protección pensional.
El choque entre la estabilidad fiscal y la garantía de ingresos en la vejez está abierto, y la decisión final tendrá efectos profundos en el futuro pensional del país.
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