Tras guiño de Petro a Trump, ¿el gasoducto Antonio Ricaurte se reactivará entre Colombia y Venezuela?
Petro abrió diálogo con Trump para flexibilizar sanciones a Venezuela, lo que reaviva el debate sobre reactivar el gasoducto Antonio Ricaurte, infraestructura binacional clave.
Comunicador social - Periodista de la UPB Bucaramanga. Magíster en Estudios Políticos de la Universidad de Caldas. Especialista en Comunicación Digital. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2023. Miembro de Consejo de Redacción.
El gobierno de Estados Unidos estaría dispuesto a revisar el régimen de sanciones contra la industria petrolera venezolana, con esto se permitiría reactivar las relaciones comerciales entre Ecopetrol y Pdvsa, así lo dio a conocer el presidente, Gustavo Petro, tras la reunión que sostuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, este 3 de febrero.
Según explicó Petro, durante el encuentro propuso un esquema de integración energética binacional apoyado en infraestructura ya existente y con participación directa de Ecopetrol, la empresa venezolana Monómeros y proyectos asociados a petróleo, gas natural y energía eléctrica.
El mandatario sostuvo que Trump vio una “posibilidad inmediata” de abrir opciones para que Ecopetrol sea la empresa eje de una eventual reactivación energética del occidente de Venezuela con Colombia aportando, además, energía eléctrica limpia.
En ese escenario, Ecopetrol se perfila como la compañía articuladora del proceso, gracias a su músculo técnico, financiero y operativo, así como por su cercanía geográfica con el occidente venezolano.
Gasoducto Antonio Ricaurte: la pieza clave de la integración
La discusión vuelve a poner en el centro al gasoducto binacional Antonio Ricaurte, la principal infraestructura para exportar e importar gas entre Colombia y Venezuela.
En EL COLOMBIANO consultamos a varios expertos para entender qué implicaría, en la práctica, una flexibilización de sanciones para este activo estratégico.
Julio César Vera, presidente de la fundación Xua Energy, explica que el levantamiento parcial de las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) al petróleo venezolano abre un camino para que Ecopetrol y compañías que operan en Colombia puedan hacer negocios en Venezuela.
Sin embargo, advierte que “no se trata de un proyecto de corto plazo”.
De acuerdo con sus cálculos, reactivar el gasoducto tomaría entre 9 y 12 meses y requeriría inversiones que fácilmente superarían los 30 millones de dólares.
A su juicio, “el Gobierno debe trabajar esta opción como una alternativa adicional y complementaria a otras fuentes de importación de gas para garantizar el abastecimiento en los próximos cinco años, pero con realismo sobre los tiempos, los costos, quién asumiría la inversión y el precio final del gas”.
Vera estima que, en el mejor escenario, el país no tendría gas venezolano antes del segundo trimestre de 2027 y plantea una pregunta clave: “si este negocio debería desarrollarlo Ecopetrol o terceros, para asegurar eficiencia económica y operativa”.
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Sanciones, riesgo y geopolítica, los verdaderos cuellos de botella
Para el ingeniero Orlando Palomino, director de la Maestría en Recursos Energéticos de la Udes, es fundamental distinguir dos planos: el jurídico-financiero de las sanciones y el técnico-comercial del gasoducto.
Hoy, el mayor freno para que Ecopetrol haga negocios con Pdvsa no es técnico, sino político, por el riesgo de sanciones secundarias de Estados Unidos, que encarecen el financiamiento, la tecnología y hasta los seguros.
Según Palomino, si Washington concede una licencia clara o levanta restricciones específicas para operaciones Ecopetrol–Pdvsa, el Antonio Ricaurte dejaría de ser un “activo congelado” y pasaría a ser jurídicamente utilizable, reduciendo el riesgo para bancos, proveedores y socios.
No obstante, Palomino advierte que “eso no garantiza una operación plena”.
La crisis productiva y financiera de Pdvsa, condicionada por la geopolítica y su dependencia de alianzas externas, según el académico, genera dudas sobre su capacidad para asegurar volúmenes estables, mantenimiento y calidad del gas en el tiempo.
En ese contexto, el experto plantea tres escenarios: una reactivación parcial y progresiva para cubrir déficits puntuales de gas en Colombia; un uso táctico y de corto plazo si la flexibilización de sanciones es temporal o ambigua; o que el gasoducto siga siendo más una ficha política que energética, infrautilizada por la incertidumbre geopolítica.
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Una oportunidad que no es nueva, pero sigue lejana
Por otro lado, Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, recuerda que si Trump atiende la solicitud de Petro, se abriría para Colombia una ventana de oportunidad para reactivar el acuerdo de cooperación firmado durante los gobiernos de Hugo Chávez y Álvaro Uribe, que permitió la construcción del gasoducto Antonio Ricaurte, inactivo desde 2015.
Incluso el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo consideró que la petrolera colombiana solo podría colaborar en la medida en que no se toque ni se desvíe su presupuesto de inversiones, un plan que ya está estudiado, aprobado y comprometido.
Restrepo advirtió, además, que el debate está lejos de ser sencillo y que hay demasiados cabos sueltos. “Uno de los puntos más sensibles es la idea, planteada de manera informal, de refinar en Colombia crudo venezolano”. No es un detalle menor, ya que los crudos de Venezuela son, en su mayoría, pesados, lo que implica procesos de refinación más complejos y considerablemente más costosos.
Ahí es donde el exministro lanza la pregunta de fondo: “¿tiene Colombia capacidad de refinación sobrante para asumir crudos venezolanos, o es un mero anuncio de humo como tantos que hace este gobierno?”
La discusión sobre importar gas desde Venezuela no es nueva. Desde 2007 existe un acuerdo que autoriza a Ecopetrol y Pdvsa a comprar, vender y transportar gas a través de esta infraestructura.
Incluso, en noviembre de 2025, el gobierno de Nicolás Maduro aseguró que la primera exportación hacia Colombia “ya está lista en la frontera”. Sin embargo, en la práctica eso no se dio por los obstáculos jurídicos, económicos y operativos.
Por eso, en la reciente Cumbre de Petróleo y Gas, realizada en Cartagena, Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), descartó que esta posibilidad se materialice en el corto plazo.
Señaló que la infraestructura no está en condiciones de operar y que solo su reparación tomaría entre año y medio y dos años. Además, subrayó que cualquier avance está condicionado por las restricciones de la OFAC, que siguen vigentes. “Esa es una opción que, en el corto plazo, no se ve posible”, afirmó.
Infraestructura deteriorada y números sobre la mesa
El gasoducto Antonio Ricaurte fue construido por Pdvsa en 2007 con una inversión de 335 millones de dólares. Tiene 224 kilómetros de longitud, de los cuales 88 están en territorio colombiano, y una capacidad de transporte de 450 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. Está fuera de servicio desde 2015.
Venezuela cuenta con reservas probadas de gas cercanas a los 197 billones de pies cúbicos, lo que la ubica como la octava mayor del mundo.
Sin embargo, el prolongado abandono del ducto ha pasado factura. La infraestructura presenta un avanzado estado de deterioro, con tramos desmantelados, saqueados y fuera de servicio desde que Colombia dejó de suministrar gas a Venezuela en 2016.
Documentos de la propia Pdvsa confirman que el gasoducto permanece inactivo por “afectaciones realizadas por terceros no identificados”. Aunque técnicos de la petrolera venezolana adelantan inspecciones para determinar las inversiones necesarias, aún no hay claridad sobre las reparaciones específicas ni sobre un cronograma de ejecución.