Durante la VIII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, realizada en Cartagena, Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), advirtió que el país atraviesa un momento crítico en materia energética. Este 2025, ya se ha tenido que importar en promedio el 17% de la demanda nacional de gas, una señal de creciente dependencia.
Según el dirigente gremial, el panorama es preocupante: la producción está en descenso, la exploración continúa retrocediendo y las reservas se debilitan. Todo esto ocurre en un contexto de mayor conflictividad social y deterioro del orden público, factores que pueden afectar aún más el desarrollo del sector.
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Pearl insistió en que el gas natural debe ser un pilar de la seguridad energética nacional. “Sin gas perdemos todos. Pierden las industrias, los hogares. Sin gas perdemos competitividad, confiabilidad eléctrica y seguridad energética”, afirmó.
Reservas en caída y riesgo fiscal para el país
El déficit energético no solo amenaza el abastecimiento. También compromete las finanzas públicas. Pearl advirtió que, si no se reactiva la exploración, con las reservas actuales Colombia no podrá sostener la producción requerida por el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Esto podría traducirse en una pérdida aproximada de $40 billones entre 2027 y 2035, una cifra que impactaría directamente los ingresos del Estado.
La reposición de reservas también vive un retroceso profundo. Según el líder de la ACP, hace 15 años se reponían 13 de cada 10 pies cúbicos de gas consumidos; hoy solo 0,3.
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Además, dijo, la inversión en exploración cayó 14% en 2024 frente a 2023, no se adjudican nuevas áreas desde 2022 y, de 282 contratos firmados con la ANH, solo 91 están activos en etapa exploratoria.
Una agenda para retomar el crecimiento energético
Ante este panorama, Pearl presentó una hoja de ruta basada en tres pilares para recuperar la competitividad y asegurar el futuro energético del país:
Crecimiento energético: reactivar la exploración y retomar la asignación de áreas; impulsar el desarrollo de yacimientos no convencionales y offshore; estabilizar reglas fiscales, jurídicas y regulatorias; moderar la carga tributaria y asegurar procesos de licenciamiento ambiental ágiles y predecibles.
Crecimiento económico: usar la riqueza energética para diversificar la economía regional; fortalecer los encadenamientos productivos; relanzar fondos de innovación y competitividad, y mejorar la capacidad regional para formular proyectos de regalías.
Crecimiento social y ambiental: impulsar un ordenamiento territorial concertado; fomentar inversión social participativa y verificable; promover proyectos construidos entre empresas, comunidades y autoridades; y avanzar en una gestión ambiental rigurosa y transparente.
El rol estratégico del petróleo y gas en la economía
Pearl destacó que los hidrocarburos siguen siendo esenciales para la estabilidad económica del país.
En 2024, señaló, el sector representó 16% de la inversión extranjera directa; 30% de las exportaciones nacionales; 4% del PIB (equivalente a $70 billones); $43 billones en aportes fiscales; $8,2 billones en regalías y más de 360.000 empleos al año.
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El dirigente recordó que la transición energética no implica sustituir de inmediato petróleo y gas, sino adicionar nuevas fuentes.
Y agregó que, a nivel global, los hidrocarburos seguirán aportando más del 50% de la energía demandada hasta 2050, y el mundo necesitará más de 100.000 millones de barriles de nuevas reservas entre 2030 y 2050.
Hacia una hoja de ruta energética para 2026–2050
Finalmente, el presidente de la ACO hizo un llamado a construir una hoja de ruta energética a la colombiana, basada en evidencia técnica, visión de largo plazo y trabajo conjunto entre Gobierno, industria y comunidades.
El objetivo: garantizar el abastecimiento, impulsar el crecimiento económico y asegurar una transición energética viable para el país.
“El sector de hidrocarburos debe ser el motor de crecimiento de Colombia, porque con energía hay futuro”, concluyó.
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