Aunque el diálogo es la mejor herramienta para la solución de un conflicto, a veces no es suficiente; por eso se acude a instancias legales o estatales para que un tercero ayude a resolver esa diferencia. Este año se han registrado en Medellín 16.387 procesos en las 22 comisarías de familia de la ciudad, de los cuales se han resuelto 11.560.
Las comunas 4 (Aranjuez) y 13 (San Javier) son los sectores de Medellín donde se concentran la mayor parte de denuncias. La violencia intrafamiliar y los temas relacionados al derecho de familia, como alimentación, sostenimiento y horario de visita son los principales temas por los que se inician estos procesos.
Andrés Felipe Tobón, subsecretario de Gobierno de Medellín, señala que algunos asuntos se escapan de las manos de los implicados, por el nivel de cercanía o por los sentimientos de por medio, y se hace necesario que intervenga el Estado.
“En materia de familia, el nivel pasional que tienen las personas comprometen muchísimo su capacidad de respuesta racional para lograr la resolución de un conflicto de manera adecuada. Cuando se llega al punto de que un problema simplemente no se puede resolver, porque no hay voluntad o la pasión supera la razón o hay circunstancias de carácter violento, se acude a las comisarías de familia”, explica el funcionario.
Buscar el apoyo de las autoridades cuando una dificultad no puede resolverse a través del diálogo es la mejor decisión, sobre todo cuando de por medio hay violencia.
“Los comisarios están en la facultad de prestarle protección al denunciante. El proceso tiene unas medidas de carácter casi que cautelares, en el sentido que puede dictaminar una medida de protección para la víctima y dado el caso, puede vincularla en un centro de atención; también hay medidas más drásticas como una orden de desalojo al agresor”, sustenta el subsecretario.
En estos procesos se ordenan, además, una multa al victimario y sanciones. Cuando hay mérito se inicia el proceso penal, para dejar las instancias administrativas, pasar a los estrados y finalmente a la cárcel.
Ayuda legal
Las facultades de Derecho, de todas las universidades del valle de Aburrá, cuentan con consultorios jurídicos en los que asesoran y orientan a las personas de escasos recursos que necesiten ayuda profesional. Aunque no todos son de carácter gratuito, sus costos son más accesibles.
Es el caso del Centro de Atención Familiar (Caf) de la Universidad de Antioquia, donde brindan atención jurídica, orientación sicosocial, talleres de pre divorcio y de alimentos, acompañamiento a las audiencias y actividades educativas en torno a las políticas de familia.