Por “intervenir en la celebración de un contrato con una persona que se encontraba inhabilitad”, la Procuraduría suspendió durante tres meses al alcalde de Concepción, Henry Alberto Puerta Franco. Además, en primera instancia, destituyó e inhabilitó por 12 años a la secretaria de gobierno, Silvia Nury González Gil, porque al parecer actuó dentro de un proceso de contratación en el cual tenía interés su hija y, de esa forma, violó el régimen de inhabilidades.
Según el Ministerio Público, Puerta Franco suscribió el contrato No. 048 de 2018, con Katherine González Gil —hija de la secretaria—, cuyo objeto fue la prestación de servicios como monitora deportiva para el fortalecimiento de actividades recreativas, lúdicas y de actividad física en el municipio por un valor de $3’150.000. El contrato debía ejecutarse en un plazo de dos meses y 15 días.
Para la Procuraduría, la conducta del mandatario es una falta grave, a título de culpa grave, pues no consultó si había lugar a inhabilidades, según el artículo 8 de la Ley 80. La conducta de la Secretaria de Gobierno fue calidicada como gravísima porque violó los artículos 40 de la Ley 734 de 2002 y 11 de la Ley 1437 de 2011, sobre conflicto de intereses y causales de impedimento.
La defensa del mandatario no apeló la decisión, por lo que quedó en firme la sanción. González, en cambio, presentó recursos que deberán ser resueltos por la Procuraduría Regional de Antioquia.
EL COLOMBIANO intentó comunicarse con Puerta, pero aún no ha recibido respuesrta
