Informe de la MOE reveló que el departamento es epicentro de la disputa política y la violencia de cara a las presidenciales y legislativas de 2026. Hay varias subregiones en riesgo alto y extremo.
Antioquia se proyecta como un escenario crítico de disputa política y estratégica de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026; esta sería una de las conclusiones del reciente análisis de mapas y factores de riesgo electoral en el departamento para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, realizado por la Misión de Observación Electoral MOE.
Según la MOE, Antioquia se encuentra inmersa en el medio de una serie de intereses donde diversos actores buscan capturar nodos de poder político y social para ejercer control regional y nacional.
Este panorama se ve agravado por un recrudecimiento de la violencia y graves violaciones de derechos humanos, tales como el desplazamiento y la desaparición forzada, utilizados por grupos armados ilegales para consolidar su dominio territorial.
Según la MOE, la importancia económica y el peso electoral de Antioquia la convierten en un epicentro de conflictividad donde convergen la política tradicional y las dinámicas del conflicto armado.
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El riesgo electoral en el departamento se manifiesta principalmente a través de la posibilidad de fraude y la interferencia violenta en los procesos de votación.
La MOE habría identificado que el 40% de los municipios antioqueños (es decir, casi 50) presentan riesgo por fraude electoral para la Cámara de Representantes, mientras que el 30,4% (38 municipios) lo presentan para el Senado.
Del global, el 8% (casi 10) se encuentra en un nivel de riesgo extremo para ambas corporaciones.
La MOE detalló que los indicadores utilizados para medir esta vulnerabilidad incluyen niveles atípicos de participación, votos nulos, tarjetones no marcados y un dominio electoral desproporcionado por parte de ciertas colectividades políticas.
Ahora, la presencia de grupos armados organizados es un factor determinante en la configuración de estos riesgos.
Actualmente, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) mantienen presencia en 66 municipios, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 33 y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) está en al menos 19.
Para la MOE, estos grupos aprovechan la débil presencia institucional en zonas rurales para imponer restricciones a la movilidad, confinamientos y estrategias de control social que limitan la autonomía del votante.
En subregiones como el Bajo Cauca y el Norte, esta dinámica se traduce en una reducción de la competencia electoral y un aumento de la interferencia en el libre ejercicio del voto.
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Según la MOE, en el análisis subregional, el Bajo Cauca destaca por niveles críticos de vulnerabilidad, especialmente en el municipio de Tarazá, el cual registra un riesgo extremo consolidado de fraude electoral.
Este riesgo se asocia a una disminución sostenida de la participación ciudadana y al control ejercido por grupos armados sobre economías ilegales como la minería.
Por otro lado, en el Magdalena Medio, el municipio de Caracolí presenta una alerta de riesgo extremo por dominio electoral, dado que el Partido Conservador ha concentrado más del 70% de la votación en los últimos comicios, evidenciando una escasa competencia política.
A su vez, las subregiones del Nordeste y el Norte también presentan panoramas alarmantes. En el Nordeste, los municipios de Amalfi, Anorí y Remedios han sido catalogados con riesgo consolidado extremo, marcados por una tendencia a la baja participación y la presión de actores armados sobre los circuitos de extracción minera.
En la subregión Norte, la alerta de riesgo extremo se concentra en Angostura, Briceño y Toledo, mientras que Belmira presenta un riesgo alto.
Además, es particularmente preocupante la situación en Ituango y Valdivia, donde la participación electoral no ha superado el 30% en las últimas elecciones legislativas, lo que sugiere un entorno de coacción o desinterés forzado por el conflicto.
De otro lado, en el Occidente y el Suroeste, la influencia de las AGC (o EGC) es el principal factor de riesgo. En Occidente, Sabanalarga registra un riesgo extremo por dominio electoral, mientras que Frontino enfrenta un riesgo alto debido a la bajísima participación ciudadana, producto del confinamiento de comunidades rurales.
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Para la MOE, en el Suroeste, los municipios de la zona Penderisco, como Urrao, Concordia, Betulia y Salgar, presentan una alerta de nivel alto. Urrao, históricamente un corredor estratégico para actores armados, enfrenta hoy el control del bloque Edwin Román Vásquez de las AGC, que busca dominar tanto el microtráfico como la minería aurífera.
Otras zonas en alerta incluyen Urabá, donde los municipios de Turbo y Dabeiba presentan un riesgo extremo de fraude electoral para Cámara y una caída drástica en la participación.
En el Oriente, aunque es un fortín electoral de partidos tradicionales como el Centro Democrático, los municipios periféricos de Nariño, San Francisco y Abejorral muestran un riesgo de medio a alto.
En contraste, el Valle de Aburrá presenta los niveles más bajos de riesgo electoral gracias a una cultura política más robusta y a la vigilancia de testigos electorales, aunque persiste la incertidumbre por el control barrial de estructuras armadas y el vacío legal en los procesos de paz urbana.
La MOE hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para incrementar la presencia integral del Estado en municipios con riesgo extremo; garantizar canales efectivos de denuncia para la ciudadanía; articular a la Fuerza Pública, el Ministerio Público y los gobiernos locales para prevenir interferencias de grupos ilegales; fortalecer la protección a liderazgos sociales y políticos amenazados; asegurar transparencia en la financiación de campañas y fortalecer los mecanismos de vigilancia; y reforzar pedagogía electoral para evitar la manipulación, el clientelismo y la desinformación.
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